El profesorado reclama a Lombó un gran pacto que incluya pagos atrasados y negociación salarial

González y sus compañeras -Laura Guate (UGT), Rus Trueba (Anpe), Marta Trujillano (TU), Henar Arguiñarena (CSIF), y Conchi Sánchez (CC OO)- se presentaron y pasaron de inmediato a la acción: reclaman un pacto de legislatura a la Consejería de Educación, FP y Turismo , un pacto amplio que incluya mejoras laborales para el profesorado cántabro y también mejoras estructurales en la educación pública. Es tiempo, consideran, de que el Gobierno, Lombó y el PRC demuestren que «de verdad quiere dar un nuevo impulso» a la educación pública cántabra.

Durante los próximos cuatro años, la Junta quiere tratar con la Consejería la aplicación de los incrementos salariales pendientes y la negociación de mejoras retributivas para el profesorado. Se trata, por un lado, de aplicar estas subidas, y, por otro, de negociar una nueva «adecuación salarial», al estilo de las acordadas en legislaturas pasadas, concretamente, en 1998, 2003 y 2008. Por lo pronto, y en aras de su «dignificación salarial», la Junta de Personal reclama que se aplique uno de los tramos del pacto acordado hace más de una década entre sindicatos y administración; un tramo de 30 euros. La subida retributiva, pactada en 2008, suponía un incremento, a cuatro años vista, de 170 euros en total. Los treinta correspondientes a 2011 están pendientes, luego de la congelación salarial que aplicó el Gobierno con la crisis como argumento. «La crisis ha pasado. Es momento de que el Gobierno ponga fin a los recortes y avance en la mejora de la educación», indicó Rus Trueba, de Anpe.

Las medidas retributivas son uno de los puntos que la Junta de Personal tiene sobre la mesa. Otra reivindicación de peso tiene que ver con recuperar la gestión pública de servicios complementarios con finalidad educativa ahora externalizados; son servicios con trato directo y educativo con el alumnado de Primaria y Secundaria. Hay diferentes grupos de profesionales afectados por esta forma de proceder: los técnicos superiores de Educación Infantil que trabajan en las aulas de dos años; los monitores de transporte escolar; los trabajadores del Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) y programas similares, o los auxiliares de conversación.

La situación de estos últimos, alrededor de un centenar de personas, es delicada: todavía están pendientes de ser convocados a los centros educativos. El servicio, que sirve para afianzar los programas de bilingüismo en la educación pública -inglés, francés o alemán- tendría que haber comenzado a funcionar en octubre (para terminar en mayo), pero aún no lo ha hecho. La contratación depende de una empresa externa, que además este año ha cambiado. Según se apuntó ayer desde la Junta de Personal Docente, los auxiliares de conversación podrían comenzar a trabajar en enero, pero no hay una comunicación oficial que así lo determine. Por lo tanto, se da una situación de incertidumbre para los trabajadores, los centros, el alumnado, entiende la Junta.

Si la Consejería apuesta por la educación bilingüe es preciso dotar a los centros de los medios y personal adecuados, entienden las portavoces.

La Junta tiene más propuestas para mejorar la situación de los docentes. Además de la convocatoria bienal de las Ofertas Públicas de Empleo que sean amplias y no se limiten a la «reposición de efectivos», reivindican ante la Consejería una adaptación de la jornada de los docentes mayores de 55 años. La propuesta del órgano que preside González es sustituir, parcialmente, sus horas lectivas por actividades alternativas y de peso en la vida escolar.

González y sus compañeras también aludieron a una reducción de los ratios de escolares -ahora, de hasta 18 alumnos en aulas de dos años; y de hasta 25, en Infantil y Primaria-. La idea es reorganizar las aulas aprovechando el descenso demográfico que experimenta Cantabria, empezando por el tramo de Infantil y llevando esta reorganización al resto de las etapas educativas.

Todas estas reivindicaciones se han registrado por escrito en la Consejería por lo que la Junta espera ahora respuesta de Lombó.