Promotores y constructores dudan de los planes de vivienda de Sánchez y Feijóo

Ambos bloques políticos coinciden en el punto de partida: existe un «grave problema» con la vivienda en España, pero difieren notablemente en las medidas correctoras. Mientras que Pedro Sánchez y el PSOE apuestan por la intervención del Estado, Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular lo fían todo a la liberalización. «No vamos a negar que todo paso adelante es bueno y positivo, por eso no criticamos ninguna de las actuaciones que vayan en favor de la resolución del problema», explica Máximo Sáinz Cobo, gerente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (APC). «Lo que pasa es que el problema del precio de la vivienda o de, mejor dicho, satisfacer el derecho a la vivienda de los ciudadanos, es muy complejo. No se arregla simplemente con buenas intenciones», apunta.

Sánchez aprovechó su participación en el foro 'Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar' para presentar su batería de 12 medidas con tres denominadores comunes: más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas. Lo hizo un día después de que Feijóo hubiese reunido a sus presidentes autonómicos en Asturias –Sáenz de Buruaga se encontraba de viaje institucional en México–. «Lo más interesante de todo es que por fin se ponen encima de la mesa planteamientos que hasta el momento no había. Ahora hay medidas, pero otra cosa distinta es el camino que cada uno quiere seguir», valora David San Juan, presidente del Consejo de la Juventud de Cantabria. Los jóvenes, por su perfil, ocupan uno de los focos principales del Ejecutivo y el principal partido de la oposición en materia de vivienda. «Hay un diagnóstico compartido: hace falta más vivienda pública. Pero luego se plantean dos modelos completamente diferentes: que el mercado se regule solo o que sea necesario que sea intervenido», continúa. «Nosotros apostamos por la intervención, que es muy necesaria. Cantabria necesita viviendas y que se incentive el regreso al mercado de las que actualmente se encuentran vacías», concluye.

Una opinión que comparten los municipios. «Hace falta mucha vivienda. Es una necesidad clara», afirma Javier Camino, presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC). «Ni el Gobierno central ni el anterior autonómico han hecho ninguna. Espero que esta legislatura el primero se anime y deje al segundo trabajar, que va por la buena línea. En los pueblos necesitamos viviendas para que los jóvenes tengan donde vivir y no se tengan que marchar», apunta.

Aunque las diferencias entre las propuestas de Sánchez y Feijóo son múltiples y notorias, también tiene puntos en común. Por ejemplo, están de acuerdo en que es necesario aumentar la oferta de viviendas, sobre todo la disponibilidad de pisos a precios asequibles. El Gobierno quiere lograrlo mediante la rehabilitación de inmuebles vacíos y activos de la Sareb –la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, el conocido como 'banco malo'–, mientras que el PP promueve la liberalización de más suelo público. Otro punto confluyente es el del apoyo a los jóvenes, los que más problemas tienen para acceder a la compra o alquiler de un inmueble. Sánchez y Feijóo están de acuerdo en dar prioridad a la juventud aunque con enfoques muy distintos: el PP propone rebajas fiscales específicas y el Gobierno prefiere incentivos indirectos para alquileres accesibles. La tercera vía en común es la manera en la que materializar ambos decálogos. Ambas partes apuestan por la colaboración público-privada, aunque en el caso del Ejecutivo central no lo redacta de manera tan explícita como el PP. El «blindaje» de la vivienda protegida de Sánchez favorece acuerdos con el sector privado, algo similar a la visión que tiene el PP para llevar a cabo los proyectos en suelo público.

Mientras todo se cocina, el sector inmobiliario guarda cautela. «Estamos a la expectativa, aún es pronto para valorar el alcance. Todo dependerá de cómo se aprueben las medidas anunciadas, de cómo pasen del papel a la realidad», explica Enrique Mier, vicepresidente de la Federación de Inmobiliarias de Cantabria (Ficán). «Por nuestra parte, estamos expectantes ante tanta propuesta que puede salir adelante para promover la actividad económica del alquiler y el acceso a la vivienda de los jóvenes, constituyendo así nuevas comunidades de propietarios más eficientes y sostenibles», considera Alberto Ruiz-Capillas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria.

Las divergencias entre los dos modelos propuestos son mayores que las convergencias. El Gobierno de Pedro Sánchez aboga por establecer medidas de control y blindar las viviendas protegidas, mientras que el PP de Feijóo prioriza la desregulación, simplificando trámites y liberalizando más suelo. Otro desencuentro se halla en el marco fiscal. El Ejecutivo centra los incentivos en alquileres asequibles y la regularización de las viviendas turísticas, mientras que el PP apuesta por hacer bonificaciones en los impuestos de Sucesiones y Donaciones, así como rebajas en el de Transmisiones. Las viviendas de uso turístico son otro de los grandes puntos de fricción. Pedro Sánchez quiere regularlos para tratar de equilibrar el mercado, pero Feijóo no ha hecho ninguna alusión al respecto. Lo mismo sucede, pero a la inversa, con el debate de la okupación. El PP lo pone sobre la mesa, mientras que el Gobierno central habla de ello.