El protagonismo de Tragsa en los contratos públicos altera a los constructores

El enfado ha alcanzado tal nivel que, el pasado junio, la CEOE nacional denunció en la Unión Europa esas adjudicaciones a dedo a Tragsa que se producen en todo el país. Aquí, en Cantabria, el presidente de la patronal ya puso el grito en el cielo por esa «competencia desleal»: «Es inexplicable. No sé si Tragsa tenía alguna función en sus orígenes, pero que ahora se esté quedando con contratos de asistencia técnica en proyectos de construcción es vergonzoso», denunció Enrique Conde.

Integrada en la SEPI -al igual que Correos, la agencia EFE o Navantia-, Tragsa fue concebida en 1977 para dar servicios de desarrollo rural y conservación medioambiental. Trece años después se amplió con la filial Tragsatec, dedicada a actividades de ingeniería, consultoría y asistencia técnica vinculada a las nuevas tecnologías. Su función social también incluye las actuaciones en casos de emergencia para que la Administración disponga de una herramienta de acción inmediata en escenarios que requieran urgencia. Por ejemplo, durante el covid, Tragsa se encargó en Cantabria de limpiar residencias, y en otras comunidades arregló hospitales y colegios. Durante la pandemia, gracias a esas adjudicaciones directas sin pasar por concurso público, la compañía multiplicó sus ingresos hasta los 1.000 millones. Más recientemente, también fue la encargada de recoger los pellets de la costa cántabra.

Pero más allá de esas competencias, es corriente encontrarse a Tragsa como adjudicataria de proyectos y obras que poco o nada tienen que ver con su función original. Y eso es lo que ha provocado la reacción del sector privado. Ya en 2021, los constructores levantaron la voz cuando el Gobierno de Cantabria le encargó la construcción del Centro Integrado de Formación Marítimo-Pesquero de Laredo. «Vulnera la legalidad vigente. Tragsa no puede operar de facto como empresa constructora del sector público autonómico, ya que ello supondría un serio menoscabo de los principios de libre concurrencia y de acceso de las Pymes a la contratación», denunciaron entonces desde la Asociación de Constructores de Cantabria.

El panorama no ha cambiado mucho desde entonces. Este mismo año, en marzo, el Ejecutivo del PP adjudicó a Tragsa la reforma del mercado de Castro Urdiales por 1,5 millones de euros. Y también tiene previsto ponerle al frente del derribo de la Residencia Cantabria con un contrato de 17 millones de euros. Una obra para la que no cuenta con el personal ni los medios necesarios, por lo que estará obligada a subcontratar los trabajos. Esto ha vuelto a soliviantar al sector privado. «El abuso de utilización de los medios propios por parte de las administraciones supone una amenaza para la competencia empresarial», volvieron a denunciar desde la asociación.

Sin embargo, el consejero de Fomento, Roberto Media, negó tajantemente que el Gobierno del PP esté aumentando las contrataciones con Tragsa. «Más bien, todo lo contrario», subrayó. Con los datos en la mano, Media destacó que su departamento sólo ha encargado dos proyectos por valor de 1,6 millones durante este primer año de legislatura, frente a los más de 5 millones que facturó Tragsa de Obras Públicas durante los 4 años con el bipartito. Y en Desarrollo Rural se firmaron 46 contratos entre 2019 y 2023 frente a los 16 del primer año con Pablo Palencia como consejero. «La política del Gobierno es sacar todo a licitación», insistió Media.

A pesar de ello, el pasado mes de diciembre fue uno de los más lucrativos históricamente para Tragsa en Cantabria. Durante esas cuatro semanas, el Gobierno le adjudicó seis contratos por un valor cercano a los 9 millones de euros, entre ellos el programa de control de explotaciones ganaderas, la digitalización del archivo del registro civil, procesos de concentración parcelaria en varios municipios y la retirada de nieve. También estaba entre ellos uno de los que más polémica ha levantado en los últimos años: la revisión de las ayudas a la dependencia para los cuidados en el entorno familiar de 9.800 cántabros. El Gobierno justificó la adjudicación por «la falta de personal interino en las bolsas de empleo» para hacerlo, pero los sindicatos se revolvieron por permitir el acceso a una empresa externa acceder a los expedientes con información delicada personal, sanitaria y social.

Este protagonismo de Tragsa contrasta con el mensaje que lanzó su presidente, Jesús Casas, cuando llegó al cargo en 2018: «No puede ser que un medio propio pretenda jugar con dos cartas. Me tengo que olvidar del mercado, no tengo vocación de ganar dinero, tampoco debo aumentar la cartera extraordinariamente más que lo que se refiere a los encargos y tengo una actitud prudente y callada, no tengo, en definitiva, más ambición que la de hacer un servicio público».