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El derecho al aborto se ha convertido estos días en un activo foco de debate a raíz del nuevo protocolo anunciado por la Junta de Castilla y León que, entre sus medidas, incluía ofrecer a la mujer a escuchar el latido del feto o hacer ... una radiografía en 4D en movimiento. Dos iniciativas alejadas del protocolo que se aplica en Cantabria cuando se solicita una interrupción voluntaria del embarazo (IVE). En la comunidad autónoma, es el Centro de Salud Sexual y Reproductiva (CSSR) La Cagiga, en Santander, el encargado de asumir las peticiones que se registran. Es decir, actúa como coordinador de la demanda. Ese es el primer paso: acudir al centro desde cualquier nivel asistencial o bien por decisión propia. «Puedes comunicárselo a tu médico de cabecera o venir directamente», explica Yolanda Jubete, jefa del Servicio de Ginecología del Hospital Valdecilla.
En esa primera cita los profesionales sanitarios informan a la gestante «del paquete de medidas» que el Ministerio destina a la maternidad. Como, por ejemplo, las distintas ayudas dirigidas a madres solteras, temas de vivienda, etc. Por otro lado, también se explica en qué consiste el método farmacológico que se va a practicar y, sobre todo, recuerdan «que se trata de un derecho de la mujer y que lo puede ejercer en cualquier momento antes de las catorce semanas», añade Jubete. El objetivo es que, antes de adoptar la decisión definitiva, la mujer disponga de toda la información relevante que puede influir en tal paso. A partir de ahí empieza a contar un «plazo legal» de 72 horas que se considera como un tiempo de reflexión para que la gestante estudie la información que le han entregado.
1. Consulta. La solicitud de interrupción voluntaria del embarazo puede hacerse al médico de cabecera, que le derivará al Centro de Salud Reproductiva La Cagiga, o acudiendo directamente.
2. Información. En la primera cita un profesional explica a la gestante cuál es el procedimiento así como las ayudas disponibles para la maternidad.
3. Reflexión. La mujer cuenta con 72 horas para pensar si continúa o no con la procedimiento. Pasado ese plazo vuelve a ser citada.
4. Interrupción. En la segunda consulta, el ginecólogo hace una ecografía para ver que se trata de un embarazo intrauterino, pero sin enseñar el feto ni el latido.
5. Opciones. Si la mujer elige el método farmacológico, la interupción la asume el servicio público. En caso contrario, se le deriva a una clínica concertada.
6. Revisión. A la mujer se le recetan los analgésicos y, pasadas dos o tres semanas, se cita de nuevo para comprobar que se ha expulsado el feto.
Transcurridos esos tres días, la mujer acude de nuevo al centro a una segunda cita que ya está asignada. En esa consulta, «el ginecólogo le hace una ecografía», señala la profesional. No obstante, «no se enseña el feto ni el latido», subraya Jubete. Este es, precisamente, uno de los puntos controvertidos del protocolo de Castilla y León que ha despertado la polémica. La prueba médica se realiza únicamente para comprobar «si el embarazo está dentro del útero» ya que, en caso contrario, «sería una patología diferente». Se trataría de un embarazo extrauterino y esos «todos se interrumpen», recuerda la profesional. Además, también es importante comprobar el latido del feto porque en caso contrario «vuelve a ser otra patología. Sería un aborto que se ha quedado retenido y también habría que expulsarlo».
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Durante este procedimiento los profesionales sí escuchan el latido, pero en ningún caso se obliga a la mujer a escucharlo: «Si vemos que late y que está dentro del útero, hablamos con ella y le preguntamos qué quiere hacer». En este momento surgen dos opciones. Por un lado, que la interrupción sea asumida por el servicio público y, por otro, que se derive a una clínica concertada con la que hay acuerdo (la Ginemédica de Valladolid y la Isadora de Madrid) a quienes no quieren el IVE farmacológico, el único método que se aplica. Eso sí, siempre que se trate de un aborto incluido en las catorce primeras semanas. Pasado ese plazo son asumidos por el Servicio Cántabro de Salud.
Realizado el aborto, la mujer recibe toda la información relacionada con «la analgesia que debe tomar», medicamentos prescritos con receta médica. Luego, transcurridas dos o tres semanas de la intervención, se cita de nuevo «para ver cómo ha ido el proceso» y comprobar «si han expulsado todo». En tal caso, el proceso «se da por finalizado», resume Jubete. No sin antes insistir y recordar a las pacientes la posibilidad de solicitar un método anticonceptivo de larga duración.
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