El protocolo del Ministerio dice que el incumplimiento conlleva la inmediata detención

«En caso de incumplimiento doloso por el imputado de la medida de alejamiento se produce un incremento objetivo de la situación de riesgo para la víctima, por lo que se procederá a la inmediata detención del infractor», señala el documento de la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial. La literalidad del texto deja claro que no caben excepciones y siempre debe procederse al arresto. El único margen para la interpretación es que ese quebrantamiento sea involuntario. Que la persona sobre la que pesa la medida la incumpla de manera fortuita. Por ejemplo, porque coincide con la víctima sin que haya una intencionalidad.

No fue ese escenario el que se dio en el caso de Liaño. El presunto asesino de Eva Jaular incumplió hasta en dos ocasiones esta medida de protección dictada por el juzgado el día antes de que ella y su bebé, de tan sólo once meses, fueran asesinadas. Y lo hizo acudiendo al domicilio de la mujer, por lo que sí entraría dentro de esa definición de «incumplimiento doloso». Según ha trascendido, los agentes de la Guardia Civil acudieron y sacaron al hombre del domicilio, pero siguió en libertad.

Hay que detener incluso en aquellos casos en los que la propia víctima, por miedo o por otra motivación, reste importancia al quebrantamiento de la orden de alejamiento y pida que no se produzca la detención. «El quebrantamiento no es un delito contra las víctimas, es contra la Administración de Justicia por no respetar lo que ha establecido. Se trata de un delito público y tiene que perseguirse de oficio por la autoridad», apunta José Iniesta, secretario nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que trabaja en su día a día en asuntos de violencia machista. De hecho, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo señaló en 2020 en una sentencia que el consentimiento de acercamiento de una víctima de violencia machista no es atenuante para el agresor, a raíz de un caso ocurrido en 2015 en la localidad madrileña de Alcalá de Henares.

Todo ello debe figurar en el correspondiente atestado, que deberá entregarse al juez cuando el detenido por quebrantamiento sea puesto a disposición judicial «de forma urgente». Según recoge el mismo documento técnico de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, el siguiente paso será fijar una comparecencia, a la que necesariamente deben ser citados el imputado, el Ministerio Fiscal y la víctima (o un representante legal).

A partir de ahí, el juez puede llegar incluso a decretar el ingreso en prisión provisional. Si no lo considera necesario, tiene en su mano otro abanico de medidas de protección de la víctima o cautelares para el agresor, que en los casos más graves pueden afectar a la libertad de circulación del imputado.

Por la razón que explicaba anteriormente, Iniesta recuerda que también hay que proceder a la detención en los casos en los que la pareja mantiene la convivencia pese a la orden de alejamiento. Posteriormente, en la vista ante el juez, será él quien tenga la última palabra, pero los agentes no pueden obviar su deber aunque tengan constancia de que existe esa convivencia.