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La idea de dividir el territorio en comarcas, de comarcalizar el mapa de Cantabria, lleva décadas en los discursos y en los papeles. Pero, como expresa gráficamente Pablo Diestro, presidente de la Federación de Municipios, nadie le ha puesto «el cascabel al gato». Ahora, ... la Consejería de Presidencia ha dado un primer paso. Los pilares que sostienen su propuesta son, en boca de la consejera Paula Fernández, «fortalecer el equilibrio territorial» y la prestación de unos servicios públicos «más eficientes». El primer paso en «la hoja de ruta» es un estudio y un mapa elaborado desde la Universidad con diez comarcas. En el PRC insisten en que, a partir de ahí, se trabajará de forma coordinada con los ayuntamientos para conseguir «el mayor consenso posible». Primer paso y primeras reacciones. De la ronda de impresiones que ha recogido este periódico ante la idea, se pueden sacar varias conclusiones. Que faltan por conocer muchos detalles, que la idea de comarcalizar (con excepciones) gusta, que la confección del mapa debe ser «consensuada» –lo más repetido– y que no va a ser fácil cerrar algo que contente a todos. «Imposible», se llega a comentar. De todo esto es fácil deducir que, de llevarse a la práctica finalmente, no va a ser dentro de poco.
El PRC, de entrada, ya ha convocado a los 102 alcaldes. El Diario recabó un buen puñado de opiniones entre ellos y lo más repetido fue que la idea es «interesante», pero que hay discrepancias con las comarcas previstas. «Agradecemos que fuéramos los primeros a los que se nos dio traslado de este punto de partida», apunta Diestro (alcalde del PRC) en nombre de la Federación de Municipios. Habla de «estudio muy exhaustivo» y de una tendencia «en todos los ayuntamientos de comarcalizar servicios». Le parece bien. «Pero hemos dejado claro, y es muy importante, que se trata de un punto de partida y que cada municipio debe estudiar si la comarca en la que se le ha ubicado es la más adecuada. Y en caso de que no, que se considere en la etapa que se abre de alegaciones y de estudio de la confección definitiva antes del trámite parlamentario».
Al frente de los ayuntamientos, los partidos. «Imprescindible reordenar la prestación de servicios públicos a nivel supramunicipal», pero en «un proceso dialogado», apuntan desde el socio de Gobierno, el PSOE. Para Noelia Cobo «es evidente que los territorios y los municipios que deban formar parte de cada comarca futura y que resulten de la ley deben participar del diálogo entre todas las partes implicadas para lograr una norma lo más consensuada posible desde el inicio».
Comarca de Liébana Cabezón de Liébana, Camaleño, Cillorigo de Liébana, Peñarrubia, Pesaguero, Potes, Tresviso y Vega de Liébana.
Comarca de Campoo-Los Valles Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso, Hermandad de Campoo de Suso, Las Rozas de Valdearroyo, Pesquera, Reinosa, San Miguel de Aguayo, Santiurde de Reinosa, Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible.
Marina Occidental Alfoz de Lloredo, Comillas, Ruiloba, San Vicente de la Barquera, Udías, Val de San Vicente y Valdáliga.
Comarca de Saja-Nansa Cabezón de la Sal, Cabuérniga, Herrerías, Lamasón, Los Tojos, Mazcuerras, Polaciones, Rionansa, Ruente y Tudanca.
Comarca de Iguña-Besaya Anievas, Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Cieza, Los Corrales de Buelna, Molledo y San Felices de Buelna.
Área periurbana de Torrelavega Cartes, Miengo, Polanco, Reocín, Santillana del Mar, Suances y Torrelavega.
Área metropolitana de Santander Camargo, El Astillero, Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Piélagos, Santa Cruz de Bezana, Santander y Villaescusa.
Comarca de Valles Pasiegos Castañeda, Corvera de Toranzo, Liérganes, Luena, Miera, Penagos, Puente Viesgo, San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera, Santa María de Cayón, Santiurde de Toranzo, Saro, Selaya, Vega de Pas, Villacarriedo y Villafufre.
Comarca de Trasmiera-Asón-Agüera Ampuero, Arredondo, Entrambasaguas, Guriezo, Hazas de Cesto, Ramales de la Victoria, Rasines, Ribamontán al Monte, Riotuerto, Ruesga, Soba, Solórzano, Valle de Villaverde y Voto.
Comarca de Marina Oriental Argoños, Arnuero, Bárcena de Cicero, Bareyo, Castro Urdiales, Colindres, Escalante, Laredo, Liendo, Limpias, Meruelo, Noja, Ribamontán al Mar y Santoña.
Con cautelas, no difieren mucho en el mensaje PP o Cs. Ambos advierten que recibieron el extenso estudio (son más de doscientas páginas y otras cien con mapas y gráficos) hace pocos días y que deben estudiarlo a fondo. Isabel Urrutia (PP) apunta que tomarán posición una vez «compartida» la visión con su «estructura territorial, ya que son los principales afectados y destinatarios de la norma». Además, desconocen «el qué, para qué, el cómo y el cuánto de este proyecto del PRC». Y repiten: «Consenso». Félix Álvarez (Cs) está «a favor de comarcalizar», pero destaca las dificultades por la «singularidad del territorio» –orografía, dispersión y dificultad para prestar servicios– y recuerdan «que el Parlamento es el lugar donde tratar, consensuar y aprobar una cuestión clave para todos los vecinos». «Pero –dice– a día de hoy el bipartito PRC-PSOE ha hecho caso omiso».
A Vox, directamente, la idea le parece «un error». «No tiene sentido crear un nuevo cuerpo de funcionarios de comarca», añade Cristóbal Palacio, que defiende «reconfigurar los ayuntamientos para tener muchos menos basándonos en los valles históricos y las localidades con más población». Es la única opinión claramente en contra junto a la de Jesús Blanco, de la Asociación de Turismo Rural. Él cree que la propuesta «separa aún más el litoral del interior» y favorece el despoblamiento «separando aún más los servicios de donde vive la mayoría (en la costa)».
Fuera del arco parlamentario, Luis del Piñal (Podemos), Israel Ruiz Salmón (IU) y Paulu Lobete (Cantabristas) ofrecen valoraciones semejantes. Todos coinciden en valorar positivamente el objetivo –las comarcas– pero apuntan, con diferentes casos concretos, discrepancias con el primer mapa presentado. Hasta el punto de que Cantabristas, por ejemplo, presentó el viernes uno con un reparto diferente.
Lanzado el proyecto inicial y presentado a la Federación de Municipios, el siguiente paso de la Consejería de Presidencia es una convocatoria de reunión con los 102 alcaldes en el Paraninfo de Las Llamas. Sería el día 16 y la idea es «ver el grado de aceptación» y recoger las «sugerencias preliminares». Junto a la consejera, Paula Fernández, asistirá Carmen Viñas, de la UC, que hará una «explicación detallada» del estudio elaborado desde la universidad. Aunque Presidencia entiende que hay una «amplísima aceptación» aseguran que se trata de un «borrador vivo» y saben que se plantearán cambios. Esta cita, «un test para comprobar ese grado de aceptación», es «la primera de muchas reuniones».
Desde la CEOE no ponen pegas siempre que se cumplan dos condiciones. «Mantener la calidad de las prestaciones y los servicios públicos en el mundo rural y, al mismo tiempo, conseguir la racionalización de los servicios que reciben los ciudadanos a través de los ayuntamientos, evitando lagunas o duplicidades».
Quedan otras cuatro valoraciones en la ronda que ha hecho este periódico durante la semana. En todas apuntan las ventajas de una división por comarcas, pero, sobre todo, inciden en las dificultades a las que se enfrenta el proyecto con análisis muy pegados al terreno. Carlos García, de ARCA, dice que ellos hablan de comarcas «desde hace años». «Supone una optimización de recursos en ayuntamientos, más eficacia en la gestión, menos consumo de suelo (polígonos, instalaciones...) y mayor capacidad técnica para desarrollar planes urbanísticos (en unos ayuntamientos que carecen de recursos)». Pero hay «segunda parte». «Prevalece –dice– el 'qué hay de lo mío' frente al 'qué hay de lo nuestro'». Eso está «enraizado» en la cultura y «en la genética política del poder, basada en satisfacer demandas localistas en cada ayuntamiento».
«Todo lo que sea simplificar trámites administrativos, compartir servicios y abaratar costes resulta atractivo para cualquiera», dice de entrada Gonzalo Cayón, de la Federación de Comercio (Coercan). Pero luego sigue por una línea similar a la de García. «Va a ser francamente difícil y en algunos aspectos imposible, porque pocos ayuntamientos o funcionarios van a querer asumir o perder competencias o adquirir una mayor carga de trabajo a cambio de nada». Y va a más en dos aspectos. Que «adaptar el funcionamiento de la administración a los cambios y necesidades del momento no es nada sencillo» y que «no sería entendible que implicase nuevas contrataciones públicas y un mayor gasto económico en personal».
A Begoña Iparraguirre, de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), le parece que la idea «pretende equilibrar el territorio y generar un economía más eficiente en los ayuntamientos». Bien. Pero advierte que «es un proyecto que llevan años intentando implantar, pero que resulta complicado porque las mancomunidades actuales son muy numerosas y algunos ayuntamientos pertenecen a más de una». Por eso, pide «una ecuánime delimitación para equilibrar el territorio y favorecer la vida en la territorios y zonas despobladas».
Queda la opinión de Gaspar Anabitarte, del sindicato ganadero UGAM. Parte de una premisa. «El pueblo, para la gente, es una cosa sagrada». A partir de ahí, «si esas comarcas se hacen en base a estrictos cánones democráticos y las deciden los representantes de los pueblos, a la gente le parecerá bien». «Pero si es una decisión que viene sólo desde arriba estaría mal visto». Que pongan con unos o con otros, que den o quiten. «Eso toca cuestiones muy emocionales».
«Queremos ser cautelosos porque todavía hay mucha información que el gobierno tiene que aportar», apunta el PP. Muchas dudas por el momento y una certeza: «Este proceso solo puede abordarse desde el consenso».
«Tiene que ser –dice el PSOE– un proceso dialogado partiendo de la base de que es imprescindible reordenar la prestación de servicios públicos a nivel supramunicipal». Creen que ahora «existen duplicidades innecesarias».
Están «a favor de la comarcalización para conseguir una eficiencia en la prestación de los servicios», pero advierten de «la singularidad de la comunidad». Orografía, dispersión y dificultad en la prestación y acceso a los servicios.
Consideran «un error crear una nueva capa administrativa por encima de pedanías y ayuntamientos y por debajo de la autonomía». Su apuesta va más por «reconfigurar los ayuntamientos actuales para tener muchos menos».
La comarcalización, dicen, es una «necesidad histórica» y aplauden un proceso que ven «con ilusión». Pero creen que el mapa presentado debe incluir algunas «mejoras» tras un debate «amplio» y «consensuado».
A su juicio, «el informe encargado a la Universidad de Cantabria es un punto de partida que debe servir como apoyo a un desarrollo normativo que tenga en cuenta la realidad social de los municipios y comarcas históricas».
«Firmes defensores de la comarcalización», pero «críticos con el contenido de la propuesta». Hablan de «criterios histórico-culturales, socioeconómicos y de vertebración» y ya han presentado una propuesta de mapa.
Partidarios de la idea «desde hace años», recuerdan que «la cultura política de Cantabria es contraria a coordinarse entre ayuntamientos». «Cada territorio compite por lo suyo y esa idea está muy enraizada». Un problema.
Valoran que se quiera «poner el cascabel al gato» en este asunto y destacan el estudio. Pero apuntan que es «un punto de partida» y que «cada municipio debe estudiar si la comarca en la que se le ha ubicado es la más adecuada».
Desde Afammer creen que «es un proyecto que llevan años intentando implantar pero que resulta complicado». Muchas mancomunidades y ayuntamientos en más de una. Piden una «una ecuánime delimitación».
«El pueblo es una cosa sagrada». Punto de partida para pedir que se cuente con todas las opiniones. Desde abajo. «Toca –dicen– cuestiones muy emocionales». Y hay territorios difíciles de ubicar en una comarca o en otras.
Aseguran que la comarcalización ya está planteada desde 1999 y que «la nueva propuesta separa aún más el litoral del interior». Creen, en esa línea, que «no aporta ninguna ventaja» y puede favorecer el «despoblamiento».
«Todo lo que sea simplificar trámites administrativos, compartir servicios, y abaratar costes resulta atractivo», dicen. Pero entienden que llevarlo a cabo va a ser «francamente difícil y en algunos aspectos imposible».
«A favor de iniciativas que garanticen dos prioridades: mantener la calidad de los servicios en el mundo rural y, al tiempo, conseguir la racionalización de los servicios que reciben los ciudadanos, sin lagunas o duplicidades».
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