El proyecto de Ley de Simplificación Administrativa cuenta con dos informes jurídicos contradictorios

El pasado 15 de octubre, el jefe de la Asesoría Jurídica, Jorge Fondevila, emitió un informe, de 47 páginas, en el que consideraba que varios artículos del proyecto de ley son «inconstitucionales». En lo que centra sus discrepancias es en el ámbito competencial, ya que considera que el Gobierno de Cantabria «ha de limitarse a su propio ámbito competencial, con exclusión del ámbito local (el de los ayuntamientos)». Es decir, que aprecia que la nueva ley supone que el Gobierno regional se estaría extralimitando en sus funciones. En otras palabras, vendría a decir que el Ejecutivo cántabro no puede decirle de forma indiscriminada a los ayuntamientos que es lo que tienen que hacer y cómo, ya que esta competencia correspondería a los propios consistorios.

No obstante, el jefe de la Asesoría Jurídica entiende que en relación a la declaración responsable, que es el eje sobre el que pivota esta ley, el Ejecutivo regional tiene competencias para incorporar ciertas áreas, aunque habría que hacerlo de forma motivada y justificada.

Ocho días después de la emisión de este informe, que no es vinculante, el director general del Servicio Jurídico, Fernando José de la Fuente Ruiz, emitió su propio dictamen en el que señala que se han incorporado al texto del proyecto algunas de la objeciones puestas por el jefe de la Asesoría Jurídico.

Sin embargo, difiere de la principal discrepancia de su compañero al entender que el Gobierno de Cantabria no se extralimita en sus competencias con esta nueva ley. «La ley autonómica ha de respetar las bases recogidas en la legislación estatal, pero eso no supone que le esté vedado acometer la regulación de ámbitos materiales distintos a los recogidos en la legislación básica, sino que podrá afrontar la regulación de materias sobre las que haya asumido competencias –y el régimen local es una de ellas–, siempre con el respecto al marco común recogido en las bases estatales».

En su argumentación, el director general del Servicio Jurídico hace referencia a jurisprudencia del Constitucional que concluye que «las competencias de la entidad local serán las que decidan atribuirle el Estado y las comunidades autónomas, cada cual en el marco de sus competencias, sin perjuicio de la garantía constitucional de la autonomía local».

En definitiva, no advierte «ninguna tacha de inconstitucionalidad por desbordamiento de las competencias autonómicas para invadir la legislación básica y la autonomía local».

Apoyado en este último informe, el Consejo de Gobierno aprobó este miércoles, en sesión extraordinaria, el proyecto y, a continuación, remitió el texto al Parlamento autonómico para su tramitación.

La consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia, se refirió ayer al informe desfavorable y señaló que si «se estuvieran invadiendo competencias locales, los propios ayuntamientos habrían presentado alegaciones en este sentido, y no lo han hecho». Además, aseguró que el proyecto de ley ha pasado «por todas las consejerías del Gobierno y ninguna ha advertido que haya alguna inconstitucionalidad». Es por esto por lo que cree que «ningún partido de la oposición se agarrará al citado informe para oponerse a la nueva ley».

Esta nueva normativa nace con el objetivo de «aliviar la carga» burocrática, agilizar los trámites administrativos en todos los ámbitos y «eliminar trabas» a la ciudadanía en general y a las empresas en particular. De hecho, sectores como la construcción o la hostelería, también la CEOE, esperan la normativa con interés, cuando no con impaciencia. A modo de ejemplo, el Gobierno recuerda que «primará la declaración responsable en el régimen de licencias y autorizaciones», es decir, una declaración que permitirá al particular abrir un negocio o un establecimiento sin tener que esperar ese visto bueno.