El proyecto de Ley de Memoria Histórica recibe 213 enmiendas

La tramitación de este texto legal se inició en enero de 2020, fecha en la que el bipartito PRC-PSOE remitió al Parlamento el proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria impulsada desde la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte que dirige el vicepresidente del Gobierno, el socialista Pablo Zuloaga. En mayo de este año, el Pleno rechazó las tres enmiendas a la totalidad de este articulado que presentaron PP, Cs y Vox para pedir su devolución al Ejecutivo. A partir de ahora, se constituirá una ponencia que emitirá un informe sobre el conjunto de las enmiendas que se debatirán y votarán posteriormente en comisión. Todo el proceso dará lugar a un dictamen que se debate en el Pleno para la aprobación definitiva de la ley.

Socialistas y regionalistas ampliaron el plazo de presentación de enmiendas en pos de la búsqueda de un consenso al que todavía no renuncian. De hecho, los socios del bipartito promoverán un gran número de cambios respecto a su propio texto. Algunos de los artículos que tocarán tienen que ver con los puntos que habían generado más rechazo entre las tres formaciones de la oposición, todas ellas situadas a la derecha del Ejecutivo. Y de paso, también para aligerar el peso de algunos asuntos que defendía el PSOE y que resultaban incómodos para el PRC.

En cualquier caso, lo que es seguro es que se modificará el marco temporal de aplicación de la norma. Según el documento inicial, es objeto de la ley el periodo comprendido entre la proclamación de la Segunda República y la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cantabria. La directora general de Patrimonio y Memoria Histórica, Zoraida Hijosa, recordaba en marzo que esta horquilla se estableció en el proceso participativo en el que intervinieron asociaciones, sindicatos y otros colectivos, aunque entendía que no sería un problema redefinir los límites. La propuesta ahora es reducirlo.

El otro punto polémico fue el anuncio de la creación de una Comisión de la Verdad, que tras pasar el anteproyecto por el tamiz, se reconvertirá en una Comisión de la Memoria que «ni juzgará ni castigará». Además, a falta de ver la redacción final de la enmienda, sus miembros no los elegirá el Gobierno, sino el Parlamento.