El Gobierno da el primer paso para crear su oficina anticorrupción

El Gobierno de Cantabria ha abierto este lunes el proceso de información pública del proyecto de decreto que regulará la futura 'oficina de buen gobierno y contra la corrupción', que se encargará de recibir, investigar y tramitar las denuncias de los ciudadanos por presuntas conductas ilícitas. Se trata de un proyecto anunciado hace ya tres años por el presidente, Miguel Ángel Revilla, como un órgano de control que el pasado mes de agosto se ha desvelado que dependerá directamente del Gobierno, lo que ha levantado airadas críticas de la oposición.

Hoy, desde el Ejecutivo cántabro defienden la «independencia» de esta futura oficina anticorrupción e indican que hasta el próximo 23 de octubre se podrán presentar sugerencias al borrador de la norma, que se puede consultar en el Portal de Participación Ciudadana (participación.cantabria.es) o en la sede del Gobierno.

En agosto ya se convocó un periodo de consulta para recabar la primera opinión de la ciudadanía, organizaciones y asociaciones, recuerda el Gobierno en una nota, que señala que ha tenido en cuenta algunas de las sugerencias presentadas, al «coincidir en lo fundamental con su concepción» sobre este órgano.

Esas sugerencias se refieren a la adscripción a la Administración Autonómica, la creación de un buzón de denuncias y el procedimiento para garantizar el anonimato y la eficacia en la tramitación de las denuncias, las obligaciones sobre el resultado de la investigación y la protección de la persona denunciante.

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha defendido la independencia de la oficina, que dependerá administrativamente del Gobierno por motivos de «eficiencia y responsabilidad presupuestaria», y dentro de los requisitos marcados por la ley reguladora del régimen jurídico del sector público, ha explicado.

Se estructurará como una dirección general, estará integrada por funcionarios y su máximo responsable deberá contar con la aprobación del Parlamento.

Además, se creará un órgano asesor e independiente, designado por el Parlamento de Cantabria, que garantiza el cumplimiento de los fines que se establecen para la oficina.

De la Sierra ha animado a estudiar al texto legal desde «una posición constructiva» y con la voluntad de crear un órgano que sea «viable», «eficaz» y que «sirva lo mejor posible a los intereses y objetivos para lo que va a ser creado».

Según recoge el proyecto de decreto, sus fines serán prevenir e investigar, en primera instancia, posibles casos de uso o destino fraudulentos de fondos públicos o cualquier aprovechamiento ilícito derivado de conductas que comporten conflicto de intereses o el uso particular de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del sector público.

Para recoger las denuncias, se habilitará un buzón electrónico de acceso público en que el que empleados públicos y la ciudadanía en general, identificándose en la plataforma y garantizando su anonimato, podrán formular quejas, denuncias o sugerencias relacionadas con actuaciones o conductas que puedan resultar contrarias al derecho, a los principios o reglas éticas y de buen gobierno y administración que determina el marco normativo vigente.

Se trata de conductas en las que puedan incurrir las autoridades, el personal y altos cargos, siempre que se refieran a asuntos sometidos a su actuación, apunta el Ejecutivo.

Su ámbito de actuación se extenderá a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella y las entidades que integran el sector público autonómico.

También, atenderá las denuncias o quejas por actuaciones de entidades concesionarias de servicios públicos autonómicos, perceptoras de subvenciones, las que tengan atribuida la gestión de servicios públicos y los contratos públicos y cualquier ente participado por fondos públicos provenientes de la Administración General de Cantabria.

Se prevé canalizar denuncias de otras administraciones e instituciones hacia los órganos competentes de las mismas.

Para redactar la norma, el Gobierno ha tenido en cuenta otras iniciativas legislativas de este tipo, autonómicas y de la Unión Europea.