El proyecto para reflotar la Atención Primaria requiere 19 millones, con un refuerzo de más de 240 profesionales

«Este escenario ha dejado una huella en la Atención Primaria y ha sido el caldo de cultivo perfecto para poner de relieve que los centros de salud y sus profesionales deben rearmarse para afrontar un renacimiento y seguir haciendo lo que mejor saben: atender las necesidades de los pacientes». ¿Cómo conseguirlo? De entrada, las ideas deben ir de la mano de financiación, como justifica la Gerencia en cada uno de los ejes de su plan, que aspira a obtener tres millones del Ministerio.

En la actualidad, de los 1.028 millones del presupuesto sanitario de Cantabria, la Atención Primaria tiene asignados 173,1 (el 14%), un porcentaje que dista del 25% que se considera oportuno. Los cambios que se proponen van encaminados a recuperar la accesibilidad lastrada por la crisis -el aspecto más cuestionado por la población, por las dificultades para contactar con el centro y conseguir una cita más o menos rápida- y a incrementar la resolución de las consultas (esto implica más herramientas diagnósticas y menos trámites burocráticos). El objetivo es lograr que las solicitudes de atención se gestionen en las primeras 24 horas, es decir, que la ciudadanía sepa cuanto antes cuándo y cómo se le va a atender, aunque la Gerencia admite que «no conocemos exactamente la situación basal actual». Según el barómetro sanitario de 2019, antes por tanto de la irrupción del coronavirus, el 10,8% conseguía cita en el día, el 26,3% al siguiente y más de la mitad tenía que esperar más de una jornada.

El nuevo equipo de Sanidad, con Raúl Pesquera al frente, ha dado orden de recuperar la presencialidad en los centros de salud, al menos el 50% de las consultas, y ha anunciado la próxima reapertura de la cita web a través de la página del Servicio Cántabro de Salud, sistema que funcionó hasta que la presión del covid lo paralizó. No obstante, la hoja de ruta diseñada por la Gerencia descarta que la solución para ganar en accesibilidad pase por aumentar las líneas telefónicas o puntos administrativos, que «no hacen sino colapsar más las agendas de los profesionales sanitarios, no añadiendo ninguna mejora en la correcta gestión de las citación». Por eso, se aboga por implicar «a todos los profesionales de los equipos», teniendo «como base fundamental a los servicios de admisión», una medida que fue cuestionada cuando se anunció, en la que el personal administrativo ejerce de filtro, definiendo si la demanda es burocrática o asistencial, si el paciente debe acudir al centro o basta con una cita telefónica y redirigiendo al profesional más indicado.

A partir de ahí, otra de las patas por resolver es aumentar la dotación de profesionales -el mayor déficit lo arrastran los médicos de familia (este año llegan a la jubilación 55 más) y los pediatras (se retiran ocho)-, y reducir la tasa de temporalidad, que está por encima del 30%, cuando el tope se ha marcado en el 8%. De hecho, ese es el reto que tiene por delante la próxima OPE de estabilización nacional, en la que ya trabaja el SCS para identificar las plazas de interinos reconvertibles a fijos. A esa mayor estabilidad se suma, como recoge el plan, la identificación de los puestos de difícil cobertura (los destinos que nadie elige) y su compensación extra, bien en forma de incentivo económico o de méritos.

En la lista de necesidades, el plan de acción regional habla de 22 médicos de familia (doce plazas de nueva creación, más diez destinados a incrementar la atención a las residencias), 35 enfermeros, 16 auxiliares administrativos, tres celadores, tres matronas, cinco fisioterapeutas, un trabajador social y cuatro higienistas dentales para completar los equipos de Atención Primaria, un refuerzo cifrado en 6,2 millones de euros, a los que habría que añadir otros 4 millones para ampliar la «deficiente» plantilla de los Servicios de Urgencias (SUAP), con 31 médicos y 31 enfermeros más. De otro lado, puesto que la mayoría de SUAP no cuenta con personal para la recepción de pacientes, el documento plantea crear 95 plazas de celadores, una operación que supondría 1,8 millones de desembolso.

Pero no solo se persigue dotar de más recursos humanos a los centros de salud, sino también que la capacidad de resolución de sus consultas sea mayor. Para ello, se propone «homogeneizar la cartera de servicios e identificar los servicios complementarios en los diferentes ámbitos, garantizando el acceso equitativo». Es decir, que se pueda realizar la misma prueba diagnóstica independientemente del código postal, lo que implica dotar a los centros de los recursos para su implantación allí donde no estén disponibles aún.

En la actualidad, se hacen electrocardiogramas, espirometrías, audiometrías, pruebas de alergia, test de sangre oculta en heces, de embarazo, de antígeno de covid, glucemia, entre otras, a las que se propone añadir la valoración de lesiones dermatológicas (uso de dermatoscopio), incorporar la imagen electrocardiográfica a la historia clínica electrónica de Atención Primaria y reforzar el uso de ecógrafos. En este sentido, recuerda el documento que se dispone de 22 ecógrafos (por cuya compra fraccionada en 22 contratos fue condenado a inhabilitación el exsubdirector de Gestión Económica del SCS Javier González) «con un grado de actividad heterogéneo» (alguno apenas se ha estrenado).

Además, se contempla incorporar el autoanálisis como una opción en el seguimiento de la terapia anticoagulante oral (el sintrom es el más popular) para ciertos pacientes seleccionados. Otra de las cuestiones que se ha añadido al plan es la ampliación progresiva de la cartera de servicios de salud bucodental, centrado en menores de 14 años, personas con discapacidad y embarazadas.

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