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El PSOE y el PRC jugaron esta tarde en el pleno del Parlamento de Cantabria a intentar que no se noten sus diferencias en relación al modelo de desarrollo eólico. De hecho, votaron lo mismo a la hora de rechazar la propuesta de Vox ... que solicitaba crear una normativa provisional mientras que la comunidad autónoma termina de aprobar sus planes de ordenación y energético –las dos normas que están en redacción y que tienen que regular el sector– para frenar el proyecto de Garma Blanca. Lo intentaron, pero os planteamientos que expusieron sus portavoces fueron claramente distintos. No hubo contradicciones evidentes porque se esforzaron en sortearlas, pero leyendo entre líneas se apreciaron claramente las diferencias. La mejor prueba es que toda la oposición (Partido Popular, Cs y Vox), que normalmente centran su ataques en el PSOE, esta vez lanzaron sus críticas contra los de Revilla.
Tras años en el cajón, el asunto ha resurgido rodeado de polémica como consecuencia de la acumulación de noticias sobre el inicio de la tramitación administrativa de distintos proyectos eólicos en las comarcas del interior. A grandes rasgos, la idea de los que se oponen a esta escalada es que hay que avanzar en la implantación de las renovables, pero antes hay que tener claro cómo hacerlo. Con matices, PP, Vox, Cs y PSOE entienden que no todos los lugares de Cantabria son adecuados. Que hay que introducir una dosis de calma para que los tribunales no vuelvan a sacar los colores a Cantabria y a la vez trabajar para que la comunidad no se tire otras dos décadas sin levantar ni un sólo aerogenerador, el tiempo transcurrido desde que se inauguró el único parque que existe actualmente, el de Soba.
Los socialistas, que hasta este lunes se habían mantenido en un segundo plano en todo este debate, por fin se pronunciaron con rotundidad. No quieren dar nuevos pasos hasta que el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) defina en qué zonas se pueden levantar los molinos y hasta que no haya un estudio ambiental conjunto –no puntual de cada parque– sobre el impacto de la implantación de esta energía en la región. «Mientras que no ocurra eso, aprobar cualquier parque sería una temeridad», apuntó el portavoz en la materia, Javier García-Oliva. Nada que ver con lo que vienen defendiendo los alcaldes regionalista de los municipios afectados. El PRC insistió en que el Gobierno cántabro informará sobre los aspectos ambientales cuando toque –no con un estudio de todo el territorio como pide su socio–, y denostó la idea de presentar alegaciones. «Defendemos la energía eólica ya, que no haya que esperar 15 años, siempre que se respeten los criterios legales y ambientales. Si no se hace, allí estará el PRC», apuntó Pedro Hernando, quien lamentó la «demagogia» que rodea al asunto.
La postura del PSOE es muy similar a la que han defendido fuerzas extraparlamentarias como IU, Podemos o Equo. Incluso Vox, que pedía esa regulación transitoria que no salió adelante porque el resto de grupos consideran que no válida jurídicamente. «Creemos un instrumento normativo que nos permita suspender la tramitación de esos procedimientos hasta que tengamos claras las reglas del juego», pidió el líder de la formación, Cristóbal Palacio.
Desde el PP, afirman que el camino para frenar proyectos como el de Garma Blanca es otro. Forzar al Gobierno de Cantabria a que presente alegaciones contra la tramitación que está realizando a través del Ministerio la empresa Green Capital Power. Alegaciones no sólo a ese parque concreto, sino a los cuatro que quiere instalar la compañía en la comarca de Asón-Trasmiera-Valles Pasiegos, porque los populares consideran que son un todo. «Decimos sí a la energía eólica, pero no a hacerlo en cualquier sitio y de cualquier manera. No a costa de arrasar nuestro territorio», apuntó desde el PP Roberto Media, que exigió al PRC.
Cuadrículas mineras
El consejero de Industria, Javier López Marcano, confirmó en el pleno que el Gobierno regional volverá a convocar un concurso para asignar a las empresas que concurran las cuadrículas mineras que están disponibles en el proyecto de extracción de zinc del Besaya. Se trata de las zonas que dejó libres la empresa Emerita Resources. Esta compañía canadiense, que concluyó el plazo que tenía asignado para realizar sus investigaciones con sólo seis de los 125 sondeos comprometidos, fue expulsada del proyecto por Industria. La falta de avances fue lo que llevó al Ejecutivo a rechazar la prórroga que solicitó, pero según Marcano, el hecho de que pidiera continuar los trabajos prueba que las expectativas son reales y hay mineral bajo tierra.
Para el popular Roberto Media, que recordó que Revilla dijo en 2017 que los 2.000 empleos que se generarían se empezarían a ver al año siguiente, hay que tener «mucha fe» para seguir creyendo las palabras del Gobierno en este asunto después de la falta de avances cuatro años después. Marcano recordó que otras de las seis empresas que concurrieron en aquel primer concurso siguen investigando con resultados esperanzadores. Por ejemplo, en la zona de Udías.
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