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Vox, Cristóbal Palacio, lo explicó en la tribuna. La Proposición no de Ley que esta tarde llevaron al pleno de la Cámara cántabra era lo más genérica posible para conseguir el mayor apoyo posible y, a ser posible, el respaldo de todos los grupos. ... El texto pedía al Ejecutivo regional que a la vez instara al Estado a que «cumpla su deber y garantice la seguridad de las instalaciones del Puerto de Santander de manera que las empresas que utilizan dicha infraestructura no tengan como motivo para abandonar el Puerto la falta de seguridad». Objetivo cumplido, porque la iniciativa salió adelante por unanimidad, pero en el debate quedó claro que hay, al menos, dos posturas y media. A las de la oposición y la oficial del Gobierno hay que sumar la que defiende de forma particular el PSOE.
Mientras que Partido Popular, Ciudadanos y Vox acusaron a las administraciones involucradas –Delegación de Gobierno y Autoridad Portuaria de Santander– de no hacer nada para frenar el aumento de intentos de salto de la valla y sólo tomar medidas después de que la empresa Brittany Ferries confirmara la cancelación de la línea con Cork (Irlanda) para llevársela a Bilbao, los socialistas insisten en que la naviera no ha trasladado la ruta «porque el puerto sea inseguro o porque haya polizones».
Así se pronunció el diputado Javier García Oliva, quien recordó que entre los motivos que dio la compañía en la nota de prensa en la que anunciaba la noticia se hacía referencia a las «mejores conexiones» que ofrecía el País Vasco y a un previsible mayor volumen de mercancías. El parlamentario reconoció que mientras que en Bilbao los intentos de asalto están disminuyen por las medidas de choque puestas en marcha y en Cantabria están aumentando, eso no implica que aquel sea un puerto más seguro.
En cualquier caso, hizo referencia a la reunión que mantuvieron en Santander, cinco días después de que Brittany Ferries tomara la decisión, todas las partes implicadas. «El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer», afirmó antes de enumerar las medidas adoptadas dentro de la actualización del plan de seguridad:instalar cámaras de seguridad, acelerar la construcción de dos tramos de valla e incorporar 9 nuevos agentes portuarios, además de reforzar el servicio con 30 agentes de la Guardia Civil más durante los cuatro meses que tardará en implementarse todo lo anterior.
«¿Todo esto no se pudo hacer antes?», preguntaron, con las mismas palabras exactas, los portavoces de PP y Cs, Íñigo Fernández y Diego Marañón, respectivamente. Ambos observaron también «negligencia» en la inacción de las administraciones y lo relacionaron directamente con la pérdida de la ruta. «Hay que hablar de soluciones, pero también de responsabilidades. Se ha perdido porque no han atendido sus obligaciones. Se ha ido porque teníamos que haber resuelto un problema que no se ha resuelto. No tenían que haberse reunido cinco días después, sino cinco días antes o mejor 50 días antes», apuntó el popular, para quien las medidas de urgencia que se adoptaron en ese encuentro dejan clara la causa de la decisión de Brittany Ferries.
«La diferencia con el País Vasco es sangrante. Allí hubo acción-reacción ante el problema. Allí han buscando soluciones en el menor tiempo posible y aquí no hemos hecho nada», lamentó Marañón. El diputado naranja recordó el gran impacto económico que tiene la pérdida de la ruta, que dificulta aún más la llegada de nuevas inversiones, algo a lo que tampoco ayuda «un Gobierno en pleno enfrentamiento».
La propuesta de Vox al respecto consistió en un endurecimiento de las leyes para impedir que los polizones queden en libertad después de ser detenidos. Y desde el PRC, tras el roce con sus socios de Gobierno que se produjo hace menos de un mes a cuenta de este asunto, optaron por el perfil bajo y no entraron a valorar las causas que llevaron a la naviera a trasladarse a Bilbao. Sí incidieron en que, en este momento, lo importante para el puerto es que el Estado incluya en los próximos Presupuestos partidas para impulsar infraestructuras que mejorarán su competitividad como el polígono de La Pasiega. Así, el diputado regionalista Francisco Ortiz pidió a los partidos de la oposición que respalden en Madrid las futuras Cuentas si aparecen reflejados esos compromisos con Cantabria.
Los grupos regionalista y socialista han votado en contra de instar al Gobierno de Cantabria a que informe, «mes a mes» datos de las listas de espera, al entender que es «innecesario» y que hacerlo en «descoordinación» con otras comunidades autónomas sería «contraproducente».
La moción, presentada por el grupo popular y que no ha salido adelante a pesar de los votos a favor de Ciudadanos y Vox, ha abierto una sesión plenaria en la que los diputados han portado un lazo verde en apoyo al sector primario.
El diputado del PP César Pascual ha afeado al Gobierno su «miedo» a la transparencia y cree que tanto socialistas como regionalistas demuestran votando en contra de esta moción, que también buscaba que el Gobierno presentara un plan de reducción de las listas de espera desarrollado con los profesionales, que «tienen el mínimo interés por la salud de los cántabros», informa EFE
Pascual ha apostado por cambiar, «con comunicación y no con imposición», un problema que, si bien admite que «no es solucionable», cree que «es susceptible de mejora».
El portavoz de Ciudadanos, Félix Álvarez, ha advertido de que la tendencia alcista de la lista de espera va a mantenerse por el envejecimiento de la población, por lo que ha llamado a «ponerse las pilas y anticiparse», mientras que Armando Blanco (Vox) ha abogado por no politizar este asunto aportando los datos «reales» y «no información sesgada» como a su juicio hace el actual Ejecutivo.
Por parte del PRC, Ana Obregón ha reprochado a Pascual que durante la última etapa del PP en el gobierno, en la que él fue gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, tuvieron tiempo de cambiar este problema.
La socialista Paz de la Cuesta ha sostenido que lo que importa a no es el número de pacientes de la lista de espera, sino el tiempo que les separa del servicio, y ha subrayado que la publicación mensual de datos es «innecesario» y «contraproducente».
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