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El Partido Socialista de Cantabria trasladará al presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, la petición de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) para modificar la legislación estatal y solventar así el problema de los afectados por sentencias de derribo.
Los candidatos al Congreso, Luis Santos y María Jesús Calva, y la aspirante al Senado, Isabel Fernández, se han reunido con representantes del colectivo, encabezados por su presidente Antonio Vilela, quienes les han expuesto la situación que atraviesan las familias, «que son las auténticas sufridoras de este problema desde hace muchos años». La petición para la modificación se basa concretamente en la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley Hipotecaria, porque hay artículos en ellas que «dificultan muchísimo la solución del problema».
Santos ha afirmado que los afectados «tienen urgencia vital porque este problema acabe por la vía que sea», bien la legalización de los inmuebles, la indemnización o por medio de una vivienda de sustitución.
Los socialistas creen «lógico terminar con el padecimiento de estas personas», por eso se han comprometido a trasladar a Pedro Sánchez el escrito con la petición. El candidato socialista al Congreso ha recordado que cuando se ha intentado dar soluciones en el ámbito regional, a través de normativa específica y de acuerdos parlamentarios por unanimidad, los tribunales «los han echado abajo porque se entraba en competencias estatales». El socialista ha reconocido que la modificación de la legislación estatal supone «un camino complejo» pero «hay que iniciarlo, hay que dar una solución», ha defendido.
Mientras tanto, ha apostado por tratar de «ir paliando», aunque sea «parcialmente», los problemas de ayuntamientos y familias a través de modificaciones y de la actualización de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). «Tiene que ser posible porque esta situación no se puede perpetuar. No se puede condenar a unas familias a pagar errores de la administración para siempre», ha enfatizado.
En la carta, que AMA trasladará a los grupos políticos de cara a las elecciones, la asociación denuncia la «tremenda injusticia» que afecta a 300.000 familias propietarias de viviendas ilegales o alegales fuera de ordenación, cuya situación irregular «en la mayoría de los casos es responsabilidad directa de las administraciones públicas».
La asociación subraya que es «totalmente necesario dar seguridad jurídica en el ámbito del urbanismo», y apunta que, aunque las autoridades «nos piden perdón, aprueban resoluciones, proposiciones no de ley..., la realidad es que el problema sigue creciendo y cada vez son más las familias perjudicadas».
AMA defiende que es necesario legislar «para aumentar la seguridad jurídica de los ciudadanos ante ataques ilícitos» a su vivienda, y que los ciudadanos «no paguen las culpas que no les corresponden».
«Desde las asociaciones y agrupaciones de toda España... creemos fundamental la protección de estas familias, que nos les hagamos sufrir un daño tremendamente injusto, y que no tienen porqué soportar», indica la misiva.
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