En contra de lo que habían mantenido hasta entonces tanto el presidente Miguel Ángel Revilla como el vicepresidente Pablo Zuloaga, que dejaban la puerta abierta a ir a los tribunales si no era posible recuperar esa cantidad de forma amistosa, se mostraba contenta con la solución propuesta por la ministra María Jesús Montero. Y daba argumentos: «La liquidación del IVA de 2017 que tenía que haberse recibido en 2019 va a ser compensada con el porcentaje del déficit y con la posibilidad de acudir a una financiación extra al 0% de interés y, por esto, Cantabria sale beneficiada frente a otras comunidades autónomas que tienen superávit». Una cosa -esos 42 millones que por lo menos a día de hoy no van a llegar a Cantabria y que también exigen el resto de territorios- por la otra -el déficit para este año y el siguiente, que no será del 0% sino del 0,2% y 0,1%, respectivamente-. La palabra literal que aparecía en la nota de prensa difundida por el Gobierno de Cantabria con las declaraciones de la consejera era «compensar».
Este lunes, los socialistas no hablaron de compensación y se sumaron a la postura que defienden otros Gobiernos socialistas, que la relajación del déficit está bien, pero no puede servir para olvidar la mensualidad pendiente del IVA. Lo primero permite tener liquidez, pero a cambio de aumentar la deuda. Lo segundo es una inyección directa de un dinero que «por ley» -como se esforzaron en recordar los portavoces de PP, Cs y Vox- corresponde a las comunidades. Aragón y Castilla-La Mancha también votaron a favor de relajar el déficit, pero al contrario que Sánchez, dejaron claro que no era una compensación y que la otra reclamación seguía viva.
«No se votó ninguna cuestión relativa al IVA (en la reunión del viernes en Madrid) de 2017 porque no estaba incluido en los puntos del orden del día. Hay falta de rigor al enhebrar las dos cuestiones: IVA y la relajación del déficit. No habrá trueques», defendió en la tribuna del Parlamento la portavoz del PSOE, Noelia Cobo. O sea, que no se trata de esa compensación de la que había informado por el cauce oficial tres días atrás la Consejería de Economía. De hecho, unas horas antes, la propia María Sánchez, en una entrevista en la Cadena Ser, corregía su nota de prensa y decía que los servicios jurídicos del Gobierno cántabro están estudiando la posibilidad de reclamar en los tribunales. Nada de compensar, asumiendo la postura en la que desde hace una semana vienen insistiendo tanto Revilla como Zuloaga.
A pesar de que este lunes tanto socialistas como regionalistas hicieron un esfuerzo por mostrar unidad de discurso, durante el fin de semana este asunto generó un nuevo desencuentro entre los dos socios del bipartito. La prueba son las declaraciones del presidente el domingo, en las que dijo que no aceptaría «de ninguna manera» cambiar los 42 millones por más déficit. Ejemplo del enfado son expresiones como «La disciplina de partido del PSOE no puede estar por encima de los intereses de Cantabria; la consejera debía exigir el pago» o «El Estado sustituye una deuda por un crédito que tenemos que pagar nosotros. Es una chapuza».
Esto último se refiere al sistema que propuso el Ministerio como medida «paliativa», que consiste en que las autonomías puedan gastar más de lo que ingresan -30 millones más este año y 15 el siguiente- sin penalización y que puedan pedir que Madrid le adelante dinero a coste cero. Pero tendrán que devolverlo más adelante, al contrario que esos 42 millones que están en el aire. Este lunes, tras una reunión este fin de semana con la consejera Sánchez, Revilla subrayaba que ambas cosas (IVA y déficit) han estado desligadas desde el principio y que la postura del Gobierno de Cantabria «es la del presidente. La mía». La de explorar la vía judicial. Igual que Zuloaga, igual que Cobo e igual que la María Sánchez del lunes, no la del viernes.
Durante el pleno, PP y PSOE se echaron la culpa mutuamente de lo ocurrido con el IVA ya que, por una parte, los socialistas acusaron al exministro Cristóbal Montoro de generar el problema con la modificación que hizo en 2017 del plazo del pago de las autoliquidaciones, mientras que los populares acusaron al Gobierno de Pedro Sánchez de querer quedarse con el dinero no abonado por el IVA. «A esta gente le da igual si la culpa la tuvo Montoro o Montero. Ese dinero le corresponde a todos los cántabros. Por ley. Cuando algo es tuyo, te lo tienen que dar. Si no, hablamos de apropiación indebida», afirmó Félix Álvarez.
En esa idea insistió María José González Revuelta (PP), que apuntó que la llegada del ingreso depende «exclusivamente de la voluntad política de Pedro Sánchez, que ha dejado claro que no la tiene». Y Vox quiso poner de manifiesto las contradicciones en el bipartito: «Estamos de acuerdo con Zuloaga. Defendemos la recuperación de ese dinero donde sea».
En cualquier caso, la reclamación judicial no será necesaria si se cumple lo que dijo la portavoz socialista antes de que su homólogo en el PRC, Pedro Hernando, afirmara que «la postura del Gobierno es unánime. Si no hay acuerdo por la negociación se avanzará por la vía judicial». Cobo dio una vuelta de tuerca más en el enredo interno por el asunto del IVA. En contra de lo que ha dicho hasta ahora el Ministerio, aseguró sin dar más detalles que el dinero pendiente llegaría a Cantabria en el mes de julio. Algo totalmente sorpresivo al tratarse de una polémica nacional que tiene revueltas a todas las comunidades autónomas. Horas después, lo atribuyó a un error.
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