El PSOE denuncia al PRC ante la Junta Electoral y suman otro desencuentro

Sin embargo, la frontera que separa un acto electoral de un proyecto de gobierno no está tan clara para el PRC. Fuentes del partido consultadas por este periódico entienden que «la línea entre lo admitido y lo no admitido es muy difusa» y también que no es una postura «lógica entre miembros de un Gobierno». Además, deslizan -no sin ironía- que, puestos a mirar, esa «línea fina» también podría quedar en entredicho en la presentación de este martes del proyecto de la bolera de Los Corrales -con el consejero socialista Fernández Mañanes- «y a nadie se le ha ocurrido denunciarlo». Entonces, ¿hay o no vulneración electoral? Y, sobre todo, ¿hasta qué punto este desencuentro es entre socios de gobierno o entre dos partidos que están de precampaña? El matiz radica en que el PSOE que gobierna no es el mismo que el PSOE que actúa de manera autónoma, con Zuloaga a la cabeza. De hecho, ayer mismo, el secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia de la Comunidad, rechazaba valorar la nueva normativa para la atención a la dependencia, aprobada por el Ejecutivo regional, a propuesta de la Consejería de Política Social, que dirige la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, compañera de siglas.

Aún así, los frentes se abren hacia ambas direcciones, ya que los desencuentros entre los socios de Gobierno se han dado por ejemplo con las licencias medioambientales que, según denunció el consejero de Industria, Francisco Martín (PRC), la Consejería de Medio Ambiente (PSOE) limitaba su capacidad de acción para poner en marcha las prospecciones de la mina en el Besaya.

La denuncia presentada ante la Junta Electoral emana de ese PSOE que ocupa el poder del partido pero no del Gobierno. Los hechos que denuncian se remontan al pasado 14 de marzo, cuando Mazón y Revilla visitaron la Cofradía de Pescadores de Comillas y adelantaron los detalles del proyecto de dragado. La institución local nombró al consejero socio de honor, y allí Mazón -Revilla no habló- anunció que el dragado de la dársena del puerto de Comillas comenzaría tras el verano para aumentar en 1,50 metros el calado máximo de la dársena y solucionar los problemas de las embarcaciones durante las bajamares.

Esa presentación es precisamente lo que denuncian desde el PSOE, y ahora la Junta, además de incoar el expediente, concede a ambos acusados un plazo de diez días para alegar, ya que presidente y consejero podrían enfrentarse a una sanción de multa de 300 a 3.000 euros. Además, la denuncia solicita que se requiera a la Consejería de Obras Públicas a retirar la publicidad institucional de este acto, con apercibimiento de ser sancionado en caso de incumplimiento.