
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El Parlamento regional arrancó su nuevo curso político hace dos semanas, el día 12, celebrando una primera sesión que giró en torno a los tributos. ... Se debatió la deflactación del IRPF, que, dicho en castellano, es la adaptación de los umbrales que marcan los tipos en la renta de tal manera que el trabajador continúe pagando una cantidad parecida de impuestos y no más. Una medida que se activa como respuesta a la evolución al alza de los precios del mercado (IPC) y de la que Gobierno y oposición mostraron visiones bifrontes. PRC y PSOE se mostraron en contra de su aplicación en Cantabria «porque lejos de solucionar el problema de la inflación, lo agravaría», dijeron. PP, Vox y Ciudadanos, en cambio, se pronunciaron a favor partidarios, los tres, de «dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos en lugar de darles cheques a cargo de los impuestos que ellos pagan».
Parece que esas posiciones no quedaron entonces lo suficientemente claras porque solo siete días después, el 19, ese debate volvió a producirse. En vano. Porque ni unos ni otros variaron un ápice su opinión.
Como esperando un milagro, este lunes, en el 'día de la marmota parlamentaria', PP, Vox y Ciudadanos han vuelto a poner este asunto sobre la mesa de la Cámara. Y no en una sino en dos ocasiones, la primera mediante una moción presentada por la formación naranja y la segunda, de seguido, a través de una proposición no de ley tramitada por el grupo popular, ambas con idéntico resultado. Ninguno.
Gobierno y oposición volvieron a enzarzarse en una discusión inútil sobre la conveniencia de adoptar o no en Cantabria una medida que ya están aplicando otras comunidades autónomas –entre ellas País Vasco y Navarra, como le recordó Isabel Urrutia (PP) a Noelia Cobo (PSOE)– pero que los socios de Gobierno no contemplan porque, insisten, «no favorece en nada a los más necesitados». Para ellos, dijo Emilia Aguirre (PRC), existe una fórmula más indicada para ahorrar que rebajarles sus impuestos. «Las ayudas a autónomos y pequeños empresarios, las matrículas universitarias más baratas de España, el bono transporte, los bonos de comedor, los bancos de libros, la reducción al 5% del IVA en las facturas de la luz y del gas, el descuento de los carburantes...».
Frente a Urrutia, que calificó a regionalistas y socialistas como «ultras de la política de subidas de impuestos», Aguirre y Cobo restaron importancia al impacto que pudiera tener en los bolsillos de los contribuyentes «esta medida estrella de la derecha» y criticaron al alimón que la oposición presente este mecanismo como la «panacea» cuando tiene «un efecto muy limitado» y, además, «no sería inmediato».
En este sentido, la portavoz regionalista explicó, otra vez más, que la deflactación del impuesto «no beneficiaría a aquellas familias que tienen las rentas más bajas y que no llegan al límite establecido para tener que realizar la Declaración de la Renta», afirmación que dio pie a Félix Álvarez (Ciudadanos) a preguntar «qué pasa con quienes cobran 24.000, 25.000 o 30.000 euros, trabajadores que también lo están pasando mal y a los que sí beneficiaría la medida».
No respondieron con claridad a esa pregunta ni Aguirre ni Cobo, que insistentes por acreditar el «limitado impacto» de esa medida, explicaron que para quienes cobran unos 20.000 euros, supondría un ahorro de apenas 80 euros al año, y para quienes perciben 60.000 supondría 300.
Okupaciones
La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, ha asegurado que las okupaciones de viviendas «no son ahora mismo un problema grave en Cantabria». Ello, en respuesta a una interpelación del Grupo Popular en la que pidió al Gobierno cántabro «un mapa clarificador de la situación».
Actividad del sector público
PRC y PSOE han echado abajo una iniciativa de Ciudadanos para instar al Ejecutivo regional a poner en marcha en un mes el Consejo de seguimiento de la actividad de los entes del sector público institucional al rechazar los naranjas una enmienda que daba al Gobierno tres meses para hacerlo.
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Ana del Castillo
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