El PSOE lleva a la Fiscalía una denuncia para que investigue la gestión de las listas de espera

La denuncia la registró ante la Fiscalía este viernes Noelia Cobo, secretaria de organización del partido y secretaria general en funciones (como consecuencia del proceso electoral interno de los socialistas). A Zuloaga, en calidad de protavoz parlamentario, le tocó hacer el análisis. Aseguró que llevaban «a los hechos» lo que ya anunciaron en el Parlamento de Cantabria cuando se conocieron las declaraciones de Acón. «Que, además, vinieron precedidas –siguió Zuloaga– por el cese de la directora de admisión del Hospital, Eloísa Canga, que en El Diario Montañés también explicó que había habido injerencias políticas a la hora de tomar decisiones sobre los pacientes que aparecían en las listas de espera». El dirigente socialista hizo hincapié en que Acón o Canga eran «responsables públicos de la gestión en el ámbito sanitario en Cantabria que dependen directamente de la designación del consejero –César Pascual– y de la presidenta María José Sáenz de Buruaga».

En la denuncia, de siete páginas, se señala, precisamente, «la posible comisión de hechos delictivos por parte de los correspondientes responsables de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria en relación con las listas de espera y gestión de los servicios sanitarios que pudieran estar teniendo efectos perjudiciales y atentatorios contra la salud de las personas».

En el texto se detallan enlaces a los videos y audios del acto en el que intervino Acón, así como las noticias publicadas por este periódico con declaraciones de Canga. En base a eso, los socialistas indican a la Fiscalía que «la propia dirección del Hospital podría estar forzando a los cargos de dirección a bajar las listas de espera con criterios contrarios a las decisiones médicas y, ante su negativa y ver que no conseguían sus objetivos, decidieron cesar a una profesional con cuarenta años de trayectoria».

Indican eso y que se está «jugando con los datos», eliminando los que no interesan. Recuerdan la «desaparición de 78.000 cántabros de las listas», hablan de «nula transparencia» y destacan, por ejemplo, que «en la práctica ordinaria a los pacientes no se les asigna la primera cita disponible cuando su prioridad es 'ordinaria'», con lo que quedan «en una especie de limbo» y se facilita el «maquillaje» de datos.

Hay, argumentan, «incoherencias en los datos publicados mensualmente» y exponen cifras «imposibles de entender sin que «se haya hecho algún borrado intencionado o trasladado los pacientes a algún cajón temporal».