El PSOE fuerza al PRC a no subir el sueldo a la directora del Servicio Jurídico

Es el resumen rápido de lo que ocurrió por la mañana. Porque la historia incluye un buen puñado de resquemor entre bambalinas y un más que visible tira y afloja entre socios de Gobierno –algo que la oposición no desaprovechó cargando, sobre todo, contra el partido de Revilla–.

Noelia Cobo fue al grano. En el comentario individual sobre los motivos por los que se apoya o se rechaza cada enmienda, la portavoz socialista empezó diciendo en este punto que «no se acompaña de la suficiente motivación que justifique el cambio» y que la medida «no parece necesaria». Por si quedaba alguna duda remató afirmando que «puede derivar en una desigualdad salarial con el resto de órganos directivos específicos de otras consejerías». Y pasó a otra cosa.

Más previsible –por esperada– fue la crítica de la oposición. Dura. PP y Vox hablaron de medida «vergonzosa» y desde Cs aseguraron «no entender» los motivos por lo que este tema se planteaba vía enmienda. Los populares denunciaron que el asunto se colaba «por la puerta de atrás» y «a la chita callando» y pidieron que se explicara «el verdadero motivo» para esa subida de sueldo –redondeando, de 65.000 euros a cerca de 95.000–. Y justo en responder al PP centró su intervención Pedro Hernando (PRC). Que no suponía un incremento de las gastos del Gobierno, que el trabajo de García-Barredo ha sido «fundamental» durante la pandemia, que ha «emitido informes para todas las consejerías», que es una labor «tranversal»...

El regionalista fue más lejos. Definió la postura del PP como la del «rencor». «No lo apoyan porque les encantaría que esta persona se fuera». Y justificó esto diciendo que la responsable del servicio fue la que llevó a los tribunales la reclamación contra el Gobierno de Rajoy por Valdecilla –en el PP indican que no fue García-Barredo, sino Belén Navarro (en tiempos de Rafael de la Sierra)– o la más cercana del IVA. «No les gusta que el servicio tenga a los mejores profesionales». Finalmente, su propuesta de «garantizar su independencia, profesionalidad y enorme carga de trabajo», quedó en papel mojado cuando, al rato, el presidente de la Comisión, Vidal de la Peña, anunció que la enmienda había sido retirada.

«Lo han retirado porque se quedaban solos. Las cosas se pagan y cuando medio Gobierno se manifiesta contra el otro medio pasan estas cosas», reflexionaba Isabel Urrutia (PP) con la participación de los regionalistas en la protesta ganadera del fin de semana como fondo. La popular insistió en que «nunca» se habían metido con la persona, con García-Barredo, sino que hablaban «de puestos». «Y las decisiones no se toman en Amós de Escalante –sede del PRC–». Por su parte, desde Presidencia señalaron que el Gobierno «siempre ha dicho que el prestigio del servicio jurídico está por encima de todo».

En general, no fue una gran mañana para el bipartito. De sus tres enmiendas conjuntas, dos acabaron cayéndose entre resquemores internos