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CONSUELO DE LA PEÑA
SANTANDER.
Jueves, 28 de noviembre 2019, 07:04
El Partido Socialista de Cantabria necesita deshacerse de su sede, localizada en la calle Bonifaz 18, para hacer frente a sus problemas económicos. Los socialistas son propietarios de los bajos del edificio y de las dos primeras plantas, a las que se trasladaron en ... 1997 después de vender el local de la calle Castilla 13.
La decisión está tomada, a falta de que los órganos federales de Ferraz den el visto bueno. Tal es así que ya existe un comprador, que está a la espera de que se dé luz verde a la operación para convertir el inmueble en un hostel, un nuevo modelo de alojamiento que consiste en ofrecer camas en habitaciones compartidas y en localizaciones estratégicas, con precios muy competitivos.
El negocio inmobiliario podría quedar cerrado a primeros de año, según señalan fuentes socialistas. Sobre la oferta de compra, que ha sido aceptada por la dirección del partido, se mantiene absoluto mutismo. La Ejecutiva está buscando ya una nueva sede, que quiere que sea a pie de calle y en un lugar céntrico.
La venta de Bonifaz permitirá al partido sanear sus cuentas y saldar unas deudas que desde hace años están lastrando su economía, reconocen las mismas fuentes. Las finanzas socialistas no están en número rojos todavía, pero corren serio riesgo de asfixia si no se toman medidas correctoras. El principal lastre económico viene dado por las cargas hipotecarias de cuatro de sus sedes: la casa madre de la calle Bonifaz, con una hipoteca pendiente que en la actualidad asciende a 320.000 euros; y las de Piélagos, Marina de Cudeyo y Miengo. La propiedad de Bonifaz quedó libre de cargas pero el partido la volvió a hipotecar como garantía de un nuevo préstamo. El local de Piélagos se rehipotecó en 2010 para ejecutar una obra y tiene un cañón de 60.000 euros.
Pero, además, el partido tiene que hacer frente al pago de las costas judiciales derivadas del pleito que el PSOE formuló para echar abajo el contrato de colaboración público-privada del Hospital Valdecilla. Aquel recurso le salió caro a los socialistas, porque a la derrota judicial -perdió en todas las instancias judiciales- y moral, se unió una condena en costas que ascendió a 75.000 euros. El contencioso terminó en 2014 y desde entonces los socialistas vienen pagando una cantidad por dicho concepto. Según ha sabido este periódico, todavía les falta por amortizar 25.000 euros.
Estas cargas, sumadas a los gastos corrientes propios del funcionamiento de la formación política, están estrangulando las finanzas del partido. De acuerdo con los estatutos regionales, el PSOE se financia con las aportaciones mensuales de los cargos públicos del partido, las subvenciones del Grupo Socialista en el Parlamento regional (33.400 euros el pasado mes de septiembre) y las cuotas de sus 3.200 afiliados, que pagan 72 euros al año, la mitad de las cuales se queda en Ferraz.
El importe de estas últimas, que se pagan semestralmente, varía en función de las altas y bajas y los recibos devueltos, pero en julio la Ejecutiva ingresó 15.000 euros por este concepto, según el PSOE. La actual Ejecutiva reformó el reglamento interno para que los cargos que cobren más de 1.000 euros mensuales aporten un porcentaje de su sueldo al partido, con un máximo del 10% del salario. Por este concepto, el PSOE de Cantabria ingresa 25.000 euros al mes, señalan las mismas fuentes.
Pero las deudas hipotecarias sobre esas cuatro sedes lastran de manera significativa el presupuesto de la formación, una situación que se quiere cortar de cuajo con la venta del inmueble.
El problema económico no es nuevo, fue heredado por la actual Ejecutiva regional, que preside Pablo Zuloaga. Lo primero que hizo la nueva dirección, nacida del 13 Congreso del PSOE celebrado en julio de 2017, que barrió de una tacada a todos los mandos históricos, fue revisar las cuentas, y en esa tarea encontró supuestas irregularidades.
El asunto alcanzó tal cariz que se debatió en el Comité Regional de diciembre de 2017 con gran polémica, según se ha sabido ahora. De este órgano salió el acuerdo de crear una comisión (Comisión de Revisión de Gastos, se llamó) que investigara desde dentro las cuentas del partido, una decisión que hay que enmarcar dentro del clima de enfrentamiento entre la Ejecutiva saliente, liderada por Eva Díaz Tezanos, y la entrante.
La integraron dos miembros de la Ejecutiva Regional (Eduardo Echevarría, a la sazón presidente del partido, y Zoraida Hinojosa), además de Juan José Revuelta, de la Agrupación de Laredo; Luis Concha, miembro de la Ejecutiva Municipal de Santander; Roberto Escobedo, alcalde de Val de San Vicente, y Patricia Rueda, de la Agrupación de Bárcena de Cicero.
Su responsabilidad era auditar a fondo las cuentas de los últimos años y por eso la comisión citó a declarar a la cúpula socialista desalojada de Bonifaz. José Guerrero, que ha estado en la cúpula del partido durante 23 años, lo hizo en varias ocasiones en su calidad de exsecretario de Organización y de Administración y responsable de las finanzas socialistas, porque entonces no existía el cargo de gerente. Además, se llamó a las dos últimas secretarias generales (Dolores Gorostiaga y Eva Díaz Tezanos) para pedir explicaciones, pero ambas declinaron la invitación al asegurar que el control de las cuentas del partido no entraba dentro de sus competencias como máximas dirigentes de la formación socialista. En el mismo proceso la comisión convocó a Víctor Gijón, que en la anterior legislatura estuvo al frente del área de Internacional de la empresa pública Sodercán hasta ser destituido en mayo de 2017.
La citación a Gijón tenía como misión aclarar el objeto de los 60.000 euros en total que el partido le pagó durante dos años hasta ser fichado en Sodercán. La comisión se encontró con que todos los meses durante ese periodo salía un talón bancario de Bonifaz en favor de Gijón sin que se hayan encontrado contrato alguno con el beneficiario ni tampoco facturas, según fuentes de la actual dirección. La incomparecencia del convocado no ha permitido aclarar esos pagos, que Guerrero justificó en base a trabajos de asesoría.
La comisión concluyó que existen 90.000 euros sin justificar, de los cuales 60.000 corresponden a las cantidades ingresadas en la cuenta de Gijón. A finales del año pasado, el Comité Ejecutivo Regional acordó elevar el informe completo a la Secretaría de Organización y Comité de Ética y Garantías de Ferraz, que todavía no se ha pronunciado, y tiene la última palabra.
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