PSOE y PP llevarán a la Fiscalía el caso de las «ilegalidades» detectadas en El Astillero

Dos semanas después de que El Diario Montañés publicara los informes del funcionario en los que alertaba de las prácticas «ilegales» en el Ayuntamiento de El Astillero, los servicios jurídicos de PSOE y PP han dado luz verde para denunciarlo ante la Fiscalía debido a que «existen fundamentos suficientes para que lo investigue un juez». En el caso de los socialistas, esta decisión será tratada en la Ejecutiva de la agrupación local mañana, miércoles. En el PP, la dirección regional es «conocedora del tema» y avala la decisión, según ha confirmado su concejal en El Astillero, José Antonio García.

Socialistas y populares reclamaron al alcalde, Javier Fernández Soberón, que explicara públicamente las denuncias del secretario municipal o convocara un Pleno extraordinario para tratar el asunto. Tras dos semanas de silencio por parte del equipo de gobierno -solo rotas por un mensaje del regidor a los vecinos negando las acusaciones-, ambos partidos han decidido dar traslado a la Fiscalía para que investigue unos hechos que consideran «de extrema gravedad».

El desencadenante de esta historia, en julio de 2022, es la prestación de incapacidad permanente en el grado de total que la Seguridad Social concede al oficial de Obras y Servicios del Ayuntamiento de El Astillero. Inmediatamente, este empleado registra una petición para que le recoloquen en otro puesto de trabajo compatible con su nueva situación, pese a que el convenio laboral del Ayuntamiento no lo permite -como el mismo secretario detallaría después- y que al tratarse de una incapacidad permanente sin previsión de revisión no puede cobrar un salario público al mismo tiempo que su pensión, ya que su contrato se da por extinto.

El comité de empresa notificó por carta en tres ocasiones distintas al alcalde, en octubre de 2022 y en enero y marzo de 2023, que el trabajador seguía en su mismo puesto de oficial de Obras y Servicios, cobrando la nómina municipal al mismo tiempo que su pensión. El pasado febrero, año y medio después, la delegada sindical entró al despacho del secretario municipal para denunciar esta situación sobre la que, dicen, no habían obtenido respuesta del alcalde durante todo ese tiempo, pese a las advertencias por escrito.

El funcionario asegura que hasta ese momento no tenía ningún conocimiento de este tema pese a ostentar las funciones de Jefe de Personal. Y emitió, entonces, un informe en el que comprueba y confirma, según sus palabras, que este empleado sigue trabajando en el Ayuntamiento pese a haber recibido la invalidez permanente no revisable, por lo que «los pagos de las nóminas se realizan de manera ilegal». Una palabra, esta última, que desencadenaría el siguiente problema.

Pocos días después, la Junta de Gobierno Local de El Astillero se reúne para dar la razón al secretario y desestimar, año y medio después de su solicitud, la reasignación del puesto del trabajador con incapacidad, así como para dar por extinto el contrato laboral. Para tomar esa decisión, se basan en el informe previo del secretario, un documento que adjuntan con un pequeño cambio respecto al que había firmado el funcionario unos días antes: había desaparecido la palabra 'ilegal'.

Este grave hecho provoca la reacción inmediata del secretario municipal, que emite un duro informe. En primer lugar, insiste en que el pago de las nóminas al trabajador en situación de incapacidad permanente constituye «una grave ilegalidad, además de un fraude ante la Seguridad Social». En segundo lugar, denuncia que su primer informe, en el que advierte de esta situación, fue «manipulado» para omitir la palabra 'ilegal'. «El propósito es disimular u ocultar la advertencia de ilegalidad que la asesoría jurídica realiza en dicho informe», continúa el secretario, tachando de «capcioso» el método utilizado para hacerlo, desde el módulo de Acuerdos y Resoluciones del programa de expedientes.

Según el funcionario, el acceso a este sistema está restringido a pocas personas de la unidad de trabajo de Secretaría, y «curiosamente» a dos cargos políticos: el alcalde y su secretaria. Algo que el secretario califica de «ilegal» y, de hecho, hace pocos días el Ayuntamiento cambió el sistema de acceso denunciado por el funcionario municipal.

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