PRC y PSOE rechazan extender las becas de comedor y transporte a la concertada

«Las fuerzas progresistas defendemos la concertada como complementaria a la pública, pero lo que no vamos a defender es recortar partidas a la pública para dárselas a la concertada», argumentó la diputada socialista Eva Salmón. En esa misma línea se pronunció la regionalista Teresa Noceda, quien acusó a Vox de llevar a la Cámara un debate que ya está superado en Cantabria –el de la libertad educativa– y de buscar en cada pleno un nuevo foco de conflictos: «Ya conviven pacíficamente ambas enseñanzas. Para la administración tiene que ser prioridad la pública, sin perjuicio de reconocer el papel que hacen el resto de centros para garantizar la libertad de enseñanza».

Ese derecho a la libertad de enseñanza es el que Vox pone en duda que se pueda ejercer con el actual sistema de becas y asegura que hay familias que quieren llevar a sus hijos a la concertada y no pueden hacerlo por la restricción económica que supone la ausencia de becas. «Si los padres cumplen con las mismas condiciones de ingresos y tienen las mismas necesidades, ¿por qué no tienen también las mismas ayudas?», concluyó el diputado Armando Blanco.

La encargada de responderle fue la propia Noceda, que pidió a Vox que concretara qué partida de la consejería suprimiría para asumir este gasto y subrayó que los padres que optan por la concertada saben desde el principio que Cantabria paga los costes corrientes y los sueldos de los profesores, pero no las becas de comedor y transporte, como sí ocurre en la pública en función de la renta de los progenitores. Y el PP, que no ve con malos ojos la propuesta de Vox, cree que las ayudas para esos dos servicios complementarios no son lo sustancial y sí ampliar los conciertos actuales también a las enseñanzas no obligatorias como Bachillerato.

Sí hubo acuerdo en la necesidad de que la comunidad autónoma reduzca sus tasas de morosidad y de que el pago a sus proveedores se haga en menos de 30 días, tal y como recoge la legislación estatal. Así, todos los grupos de la Cámara votaron a favor de una proposición no de ley en este sentido presentada por Ciudadanos. Según su portavoz regional, Félix Álvarez, Cantabria es uno de los territorios que acumula más retrasos –en octubre era de 82 días–, un problema que afecta especialmente a pymes y autónomos. «Están poniendo palos en la rueda de estas pequeñas empresas. Si ellos no cumplen, les sancionan sin piedad. Si los que no cumplen son ustedes, se van de rositas», echaron en cara desde la formación naranja al Gobierno.

Tanto desde el PRC como desde el PSOE reconocieron que esta situación está perjudicando a los proveedores de la administración regional, pero a la vez afirmaron que es habitual que la tasa se dispare a finales de ejercicio, y más este año por la situación de bloqueo institucional y la falta de Presupuestos en Madrid. Esto ha provocado, por ejemplo, que llegue más tarde el dinero de las entregas a cuenta del Ministerio de Hacienda. Además, recordaron que el Ejecutivo ha tenido que hacer frente a desembolsos no previstos como consecuencia, por ejemplo, de las inundaciones. Por último, insistieron en que la consejería de Economía y Hacienda está haciendo importantes esfuerzos para corregir el problema.

Y el PP desconfía de estas medidas correctoras. «No importa sólo pagar, sino hacerlo en tiempo y forma. Entiendo que no es algo que les ocupa ni les preocupan, porque si no habrían puesto los medios para hacerlo hace mucho tiempo. La mala gestión de este Gobierno se ha convertido en un distintivo», afirmó la diputada María José González Revuelta, quien aseguró que el bipartito, en vez de estimar su actividad económica, es un lastre para autónomos y pequeñas empresas. Los populares creen que, de seguir por este camino, a finales de legislatura las facturas en el cajón superarán los 326 millones, la cantidad que se encontraron pendiente de pagar cuando llegaron al poder en 2011.

Puso como ejemplo lo ocurrido los últimos cuatro años: de los 52 meses anteriores, sólo en tres ocasiones se cumplió con ese plazo máximo de 30 días. Como detallaron desde Cs, dos de ellos se dieron justo antes de las elecciones del 28 de abril. De esta forma, la oposición intuye que el bipartito sólo hace frente a sus obligaciones cuando le interesa políticamente. Mientras, Vox puso de manifiesto que, además de los trastornos que generan a los afectados, este incumplimiento del periodo máximo del pago a proveedores puede derivar en sanciones por parte del Estado, como la imposibilidad de acceder en el futuro a fondos de liquidez.