El BOC publica este viernes el anteproyecto de la Ley de Ciencia para Cantabria

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica este viernes el anteproyecto de Ley de Ciencia, Investigación y Transferencia del Conocimiento de Cantabria, que será una norma que regulará las herramientas públicas que se pondrán a disposición de los investigadores y que creará un marco estable de financiación. Según ha señalado el vicepresidente y consejero de Universidades Pablo Zuloaga este martes, la intención es llevarlo a Consejo de Gobierno «antes de que finalice el año» y que esté en vigor «en enero de 2022».

La Ley, concebida como un pacto de Cantabria por la ciencia y con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, tiene tres claves fundamentales: blinda la financiacion, independientemente de los ciclos legislativos; crea la Fundación de la Ciencia, un plan de gobernanza con una estrategia para siete años y con planes de actuación; y tiene el objetivo principal de no solo atraer el talento, sino retenerlo y «hacer que todos aquellos que tuvieron que emigrar para buscar trabajo puedan regresar».

Según los datos facilitados por Zuloaga, en 2019 había en Cantabria 1.239 investigadores y el objetivo del Gobierno, dentro de los retos de estrategia futuro, es «doblar esa cifra en 6 años». ¿Cómo? Garantizando un «empleo de calidad y estable» que genere riqueza y conocimiento para la comunidad autónoma.

La ley también contempla luchar contra la brecha de género y por eso uno de sus puntos incide en que haya «una representación adecuada de mujeres» en los órganos de dirección.

Esta ley será la primera de la autonomía en materia científica. Con ella se persigue aprovechar al máximo las capacidades del sistema investigador de Cantabria a través de políticas consensuadas que sitúen y consoliden la ciencia como eje fundamental del desarrollo económico.

Numerosos retos

Con la norma, además, se tratará de resolver varios retos que los agentes de del Sistema de Investigación y Transferencia del Conocimiento de Cantabria han detectado. Entre ellos, la falta de cohesión del propio sistema, las carencias en los programas de financiación y su continuidad/estabilidad en el tiempo, la falta de conexión con el tejido empresarial, la mejora de las condiciones laborales del personal investigador, la eliminación de trabas burocráticas, y la mejora del impacto del valor de la ciencia en la sociedad.

Como objetivos fundamentales de esta ley para resolver esta situación ha incluido el establecimiento de un marco normativo referente a la financiación pública de la innovación y transferencia, así como para la gestión de los recursos humanos relacionados con la figura del investigador público de carácter regional que permita la retención del talento y su captación, siguiendo el modelo tenure-track. Este modelo consiste en un contrato temporal de cinco años con una evaluación final que, de ser superada, garantiza la estabilización del investigador.

Dentro de los objetivos también figura la creación de un órgano administrativo de gestión asociado, con carácter público, cuyo cometido principal sea gestionar los recursos financieros y humanos disponibles de forma eficaz y transparente, con un modelo de rendición de cuentas.

Con el fin de enriquecer y propiciar la participación de diferentes sectores en el texto de esta Ley, la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte celebró el pasado año el Proyecto Conciencia que contó con la participación de investigadores, agentes sociales y el ámbito científico, y cuyas conclusiones se incluirán en esta norma.

• Temas
• Gobierno de Cantabria
• Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla, Idival.