Rubén Otero

Presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia

«No puede haber cambios cada cuatro años en función del director o consejero que haya»

–Nuevo mandato. ¿Le doy la enhorabuena o sigue porque no le ha quedado más remedio?

–Sigo porque nadie más se ha presentado y porque soy un enamorado del asociacionismo. Creo en ello. Soy también vicepresidente de la nacional y estoy en la junta de la europea. También tesorero de la CEOE y vicepresidente de la Cámara de Comercio. Creo en esto y he podido hacerlo por el equipo que tengo. Entiendo a la gente que dice que 'lleva mucho trabajo' o 'no puedo marcharme tantas horas'... Les entiendo, pero no voy a estar toda la vida y alguno tiene que dar el paso. Es mi tercer mandato y tiene que ser el último.

–Uno de los objetivos es encontrar y preparar a ese alguien.

–Es el objetivo. Encontrar a alguien y que lo haga con cariño, con respeto hacia todas las empresas. He llegado a enfadarme con una directora general por algo que iba en contra de mis principios, pero que era lo que querían los asociados. Aquí hay que defender el interés del conjunto, no el personal.

–Y todo, entre apreturas. Dígame, ¿hoy mismo hay alguna plaza libre en alguna residencia?

–Si me dices que en las 5.000 plazas que hay en Cantabria puede haber diez, pues igual ahora mismo hay diez, pero eso no son plazas libres reales. No hay plazas libres ni públicas ni privadas.

–La mitad de los proyectos para nuevos centros no ha prosperado, las plazas están muy por debajo de las anunciadas y en 2026 no habrá aperturas. ¿Cómo lo ve?

–Espero convencer a los que tenemos que convencer para hacer una planificación. Buscar una solución entre todos, con una colaboración público-privada. No es que tenga que estar yo con ellos si no quieren. Pero sí que pido que participen todos los partido del Parlamento, que se pongan de acuerdo y que no tengamos que sufrir cada cuatro años cambios en función de los directores generales o consejeros que entren. Hemos llegado a sufrir cambios, incluso, sin cambiar de partido, solo de personas. No puede ser. La Ley de Dependencia no es algo en lo que alguien tenga que dejar su granito de arena y decir 'yo he hecho esto'. Hay que apostar entendiendo que es una inversión, no un gasto. Somos el único sector en España que no recibe ayudas. De aquí a 2050, el 33% de la población española va a ser mayor de 65 años. Vamos a necesitar un montón de residencias. En Cantabria calculo que en los próximos quince años, podríamos necesitar unas 3.000 plazas. Hay que prepararse, sentarse, pero para que el siguiente que venga y el siguiente respeten todo y no se cambien las cosas.

–Es que, más allá de cuentas, hacen falta ya esas plazas.

–Claro. En 2030 voy a tener 65 y de mi época hay familias de siete u ocho hijos. Fue el 'baby boom'. Yo sé que el Gobierno central le tiene miedo a esto y está con una política de desinstitucionalización. Pero no se puede. Uno está muy bien en su casa, pero estar en una residencia no quiere decir que estés peor y las residencias van a seguir haciendo falta. En Cantabria tenemos cerca de un 4% de las personas mayores en residencias y la Organización Mundial habla del 5,25. Es un porcentaje bajísimo. Claro que hay que crear un servicio para atender en condiciones en casa, pero que nadie piense que con tres horas para un grado tres en casa una persona está atendida. Y hace falta una cama adecuada, ducha... Y el cuidador tiene que estar dado de alta, cotizar y cobrar.

–¿Nadie se toma este problema en serio? ¿Falta visión política?

–Falta dinero. Se lo toman en serio, pero falta mucho dinero. La Ley de Dependencia se financia a tres partes: usuario, Gobierno central y autonómico, al 33%. El usuario no está pagando el 33% porque desde 2011 en Cantabria no se actualizan los copagos. Un usuario que empezó hace siete años pagando 500 y cobraba 600 y pico, hoy cobra 800 y mucho, y sigue pagando 500. Pero uno que ingresa hoy y cobra 800, no paga 500, paga 600 y pico. No puede ser. Hay que actualizar el precio y es un dinero que el gobierno dejaría de pagar. El segundo que no paga es el Gobierno central. Lo dicen ellos, no yo. Antes decían 'Rajoy me debe' y ahora 'Sánchez me debe'. Está pagando creo que entre un 20 y un 25%. Y si no lo paga, lo tiene que pagar el Gobierno de Cantabria. Por lo tanto, el presupuesto va aumentando y el dinero se termina. Cuando para Sanidad o Educación todos consideran que hay que meter más y sacarlo de donde sea, en servicios sociales no. Y es una inversión. Por cada euro que se invierte, los gobiernos recuperan el 65% en una residencia que lleve siete años y en una de nueva construcción, 1,15 o 1,20 euros. ¿Quién lo recupera? Gobierno central, autonómico y ayuntamientos.

–¿Hay más cosas: Exceso de burocracia, rentabilidad privada...?

–Con la rentabilidad siempre he dicho que estoy contento. El Gobierno marcaba una rentabilidad de un 5% para los promotores de las residencias. Lo que pasa es que va bajando a medida que no se actualizan los precios. Hay que actualizarlos y tenemos que seguir ahí. Es lícito ganar dinero atendiendo a personas mayores igual que en cualquier otro trabajo. El problema es que tenemos trabajadores con salario mínimo, 1.134 euros, haciendo un servicio público gestionado privadamente. Pero cuando el mismo servicio público está gestionado públicamente, cobra 1.700. Y donde yo tengo un trabajador, el Gobierno tiene cuatro. La mayoría son mujeres, que son auxiliares o limpiadoras o cocineras. Es mucho trabajo y poco personal. Y no muy cualificado, porque no es algo atractivo que la gente quiera estudiar. Mucha gente viene como recurso: trabajo un tiempo y consigo la renta social básica o el sueldo mínimo vital. Sin desmerecer esto, un trabajador que está en su casa cobra 500 o 600 euros con eso. Si tiene que ir a trabajar a Puente Arce o a Torrelavega va a cobrar 1.134, y hay que quitarle la gasolina, gastos de coche... Le quedan 1.000. Casi que así me quedo en casa y si consigo algo en 'B', pues ya está. Tenemos que dignificar al sector y tenemos que poner a los trabajadores el sueldo y el trabajo adecuados. Pero claro, eso es dinero y esto tiene que entender todo el mundo que hay que ponerlo.

–¿Tanto cuesta encontrar gente?

–Muchísimo. Ya no es solo que cueste, es que tampoco lo hay. Los números dicen que hay un montón de parados, pero tú llamas a la oficina de empleo para que te manden cinco y no hay ninguno. Pues habrá que traer gente de fuera. Hace unos dos años se me presentan tres personas extranjeras para trabajar con titulación, sacada en España, pero sin papeles. Conseguí en la oficina de empleo un documento que decía que se recomendaba la legalización. Fui a extranjería con todo. A los quince días, pregunto y me dicen que me iban a llamar porque no había pagado unas tasas. Las pagué y volví a preguntar a los quince días. '¿Sabe qué pasa? No localizamos a las chicas, y ellas tienen que pagar su tasa también'. Lo pagué yo y volví a llamar a los quince días. Lo siguiente que recibí fue un correo diciendo que no se las puede legalizar porque llevan más de noventa días fuera, están en situación irregular... 'Oiga, el proceso lleva más de noventa días porque lo ha retrasado usted, no yo. Si me lo hubiera hecho el primer día, ya estaba', les dije. Estamos intentando que nos metan en la categoría de trabajo de difícil cobertura para traer extranjeros. Pero, o porque los sindicatos no quieren, o porque un jefe no quiere, o porque el gobierno central en ese momento no le viene bien, no se puede.

–Para hacerse una idea. ¿Cuánta gente se necesitaría para cubrir los puestos que hacen falta?

–Pues enfermeras, por encima de cien. No estamos obligados a contratarlas, pero con el servicio tan deficiente que nos está prestando el Servicio Cántabro de Salud por lo mismo, porque no tienen profesionales, si me vinieran enfermeras, las contrataría. Y auxiliares, pues trescientos. Estamos todo el día llamando a la oficina de empleo porque Sanidad abre bolsas de empleo y se lleva a nuestros trabajadores, que tienen experiencia. Y las residencias públicas, lo mismo. Se llevan a los nuestros porque los suyos se jubilan o se van a Sanidad. Va rotando.

–De la burocracia no dijo nada.

–Creo que la presidenta ha sido muy valiente con la Ley de Simplificación Administrativa. Pero se nos queda corta. Es abierta y hay que seguir trabajando, pero creo que lo han hecho bien y han trabajado mucho. Desde la CEOE nos han hecho caso en muchas cosas, pero hay que solucionar el tema del silencio administrativo y más cosas. Si todo el mundo trabajara y tuviera las ideas tan claras como la presidenta nos iría mucho mejor. Pero siento decir que tenemos muchas deficiencias en la segunda línea, en la tercera, la cuarta...

–Si no son pocos problemas, dicen que el sistema de reparto de farmacia que plantea Sanidad les genera uno donde no lo había.

–Es una modificación de la ley nacional la que obliga a Cantabria. Vamos a hablar solo de las residencias de más de cien plazas. Tienen que tener un departamento de farmacia propio o suscribirse a un contrato con la administración, que lo paga todo. Te suscribirías. ¿Va a ser capaz la administración de asumir esas residencias que solamente en Santander y alrededores debe haber diez o doce y tiene que llevar la medicación que precise todos los días? Llega un médico y cambia un antibiótico y tienen que venir desde Valdecilla a hacérselo. Es inviable por mucho que digan que sí. No culpo a Sanidad, porque tiene que traspasarlo, pero tampoco tenemos que ser los primeros.

–Presentaron alegaciones al borrador. ¿En qué punto está?

–No nos contestaron pero entiendo que está ahí, en 'stand by', medio paralizado.