El Puerto comunica el fin de la concesión de la Ciudad del Transporte el próximo 30 de junio

Una orden ministerial de 1989, dictada por el entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, permitió la construcción de un Centro Integral de Transportes de Mercancías en terrenos del Puerto de Santander. Lo hizo, en un primer momento, por un periodo de 30 años. También autorizó a la empresa promotora a edificar en la parcela a cambio de una contrapartida en forma de canon anual. La fecha en la que terminaba el contrato, por tanto, era el 30 de junio de 2019; pero cabía la posibilidad de prórroga, que fue lo que finalmente sucedió.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria aprobó conceder otros cinco años más de permiso. Es decir, la concesión se extendería hasta el 30 de junio de 2024, que es precisamente lo que han comunicado recientemente tanto el Puerto como la Dirección General de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Cantabria -esta último, el pasado jueves-.

En la misiva del Ejecutivo cántabro, el director general del ramo, Pablo Herrán, traslada a las empresas la noticia comunicada desde el Puerto: que el derecho real sobre la superficie que ocupan «quedará extinguido a fecha de 30 de junio», y les recuerda que deberán atenerse «a las condiciones establecidas en el documento mediante el que fue otorgado».

Ahí radica el problema para las 38 compañías sitas en la Ciudad del Transporte, que además dispone de 230 aparcamientos autorizados para camiones, 250 subterráneos para vehículos y da empleo, entre directos e indirectos, a unas 200 personas. El documento que firmó la empresa promotora de la instalación en 1991, Construcciones Brues SA y Gesai SA -dos años después de la autorización para el uso y explotación durante 30 años del suelo propiedad del Puerto-, también recogía lo que sucedería una vez expirado el plazo.

Establecía, de manera literal, que «la titularidad de todo lo edificado y construido revertirá al concesionario del suelo -es decir, a la Autoridad Portuaria-, incorporándose a su patrimonio, salvo que se otorgue un nuevo derecho de superficie libre de toda carga, gravamen y arrendamiento», y que «el derecho de superficie será transmisible y susceptible de gravamen».

El problema es que una nueva prórroga no tiene un fácil encaje legal con la última modificación legislativa del Gobierno de España. Así que el Ejecutivo cántabro apuesta por encontrar una reubicación para la Ciudad del Transporte y para todas las empresas que quieran participar en la mudanza. «Somos conscientes de la situación que se va a generar con el fin de la concesión y estamos en contacto con las empresas que están ahí ubicadas. Vamos a tratar de buscar una solución que sea buena para todos», aseguró el consejero, que también recordó que «las partes» implicadas eran «conscientes» de que la concesión finalizaba el 30 de junio del presente año tras 35 años de autorización -treinta iniciales más los cinco de la prórroga-. «Desde el Gobierno, vamos de la mano con la Autoridad Portuaria para que el proceso se produzca de forma ordenada y sin que nadie salga perjudicado», también subrayó Media. Porque lo que no parece probable es que la salida de las compañías sea inmediata, ya que podría haber un periodo de transición pactado con el propio Puerto para que dispongan de tiempo.

Encontrar un nuevo emplazamiento no es una tarea fácil. El Gobierno anterior llegó incluso a barajar el polígono de La Pasiega, un destino imposible actualmente -al menos, a corto y medio plazo- dado el estado en el que se encuentra aún este proyecto. El bipartito PRC-PSOE fue el que se encontró con el problema del fin de la concesión. Aetrac y Asemtrasán, principales asociaciones del transporte pesado de mercancías por carretera de Cantabria, se reunieron hace justo ahora tres años con el entonces consejero de Industria y Transporte, Javier López Marcano, para solicitar «una alternativa» para el aparcamiento de los camiones ante el fin de la concesión de la Ciudad del Transporte de Santander.

En su opinión, el mejor lugar era justo el que ocupaban por entonces en la parcela de Actimarsa, en las inmediaciones del puerto Marina del Cantábrico, que se había habilitado de forma provisional debido a las obras de la rotonda de acceso que se estaba ejecutando a la entrada del Puerto, en la A-67, y que ocupaba parte de la Ciudad del Transporte.

El cambio de Gobierno tras las elecciones de mayo del año pasado se produjo sin que el problema del fin de la concesión se resolviese. Es, por tanto, el actual del PP el que debe resolver esta heredada 'patata caliente'.

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