El Puerto ve «en vía de control» el problema de los polizones tras caer la mafia albanesa

Epiro es una región geográfica e histórica de los Balcanes habitada en la antigüedad por diversas tribus griegas y hoy compartida por Grecia y Albania. Así bautizó la Benemérita el operativo encaminado a poner fin al tráfico irregular de polizones orquestado por la mafia. Unas actuaciones que derivaron en la detención por parte del Grupo de Información de la Comandancia de Bizkaia, junto a la Jefatura de Información de la Guardia Civil (UCE3), el Grupo de Acción Rápida y la NCA británica, de siete personas, incluidos los dos líderes de la trama.

Estos cabecillas, que las autoridades definen como 'dinamizadores', permanecían en España no más de tres meses, para posteriormente regresar a Albania. Allí, según los agentes, hacían gala «de un ostentoso nivel de vida incompatible con su vida laboral».

De los criminales, a las víctimas. La mafia cobraba a los afectados, algunos menores de edad, entre 3.000 y 15.000 euros por enviarles como polizones a los puertos británicos. La organización había expandido su radio de actuación, que en un primer estadio se focalizaba en Santander y Bilbao y su traslado como migrantes irregulares. En una fase posterior había extendido sus actuaciones a otros países europeos a través de la denominada 'Ruta de los Balcanes'.

El entramado seleccionaba a las víctimas en su país de origen, así como en los campamentos situados en los alrededores de los recintos portuarios, facilitándoles alojamiento y manutención hasta que conseguían con éxito su ocultación como polizones y su llegada a Reino Unido. Para ello, se valían de otros ciudadanos albaneses afincados en la provincia de Vizcaya, que apoyaban a la organización en diversas labores de infraestructura, necesarias para las operativas de polizonaje. Los métodos de ocultación utilizados suponían un riesgo para la vida o integridad física del migrante. En numerosas ocasiones la mafia se quedaba con la documentación de los polizones.

Según explica la Guardia Civil, para evitar el riesgo de una nueva salida de España, las detenciones de los dos cabecillas de la organización tuvieron que precipitarse, dando lugar a un seguimiento que se inició en Vizcaya y que culminó con la detención de ambos cuando procedían a embarcar rumbo a Albania en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas.

En paralelo, en la explotación de la operación se realizaron tres registros domiciliarios, incautando numerosos dispositivos telefónicos e informáticos, tarjetas bancarias o tarjetas de remesadoras de dinero. También se intervinieron varios documentos de identidad y pasaportes de distintas nacionalidades que utilizaba el entramado para dificultar la posible trazabilidad en el envío y recepción del dinero obtenido.

Esas primeras detenciones no pusieron el punto final a la operación Epiro, puesto que las pesquisas continúan su curso y no se descartan nuevos arrestos y registros, en lo que sí que ha supuesto todo un golpe a una actividad criminal que traía de cabeza en los últimos años al Puerto de Santander y que había llevado incluso a que varias compañías y operadores amenazaran con cambiar sus rutas ante el impacto de este fenómeno en las cargas, debido especialmente al perjuicio de la entrada de los polizones en los camiones y los daños que ocasionaban.

Ahora, la situación es distinta, puesto que el problema se considera en «vías de control» y que se está resolviendo, espera la Autoridad Portuaria de Santander, de manera definitiva, aunque la entidad no tiene intención de bajar la guardia en cuanto a sus medidas disuasorias, con una inversión millonaria en vigilancia, vallas e incluso las polémicas concertinas. Como complemento, la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se da como decisiva para atajar este fenómeno, con la operación Epiro como mayor exponente.

Como referencia, sólo hay que pulsar el sentir del Consejo del Puerto exactamente un año antes, en octubre de 2021.

En aquel entonces la preocupación era máxima ante un problema que padecía de manera «permanente», con 100 expedientes sancionadores incoados cada semana.

El Puerto justo 12 meses atrás ya empezaba a notar el retorno en el incremento de medios de videovigilancia, seguridad privada y sensores, lo que derivó en una mayor eficacia en la detección de los intrusos. Sin embargo, como respuesta a esta estrategia, las mafias habían sofisticado las técnicas de distracción, con lo que se definía como una mayor capacidad de organización y coordinación entre ellos.

En ese momento, aunque no se tenía constancia de que los polizones hubieran llegado a Reino Unido, sí que se temía que en algún momento se produjera un accidente que acabara en la muerte de alguno de los migrantes. El Puerto sólo podía contener la situación, pero ni de lejos resolverla, hasta contar con una reforma normativa que endureciera este tipo de actos.

Sin embargo, el panorama ha cambiado radicalmente. Los saltos, como explicó El Diario Montañés en octubre, han caído en picado hasta pasar de veinte diarios a dos mensuales. El efecto disuasorio de las medidas de seguridad y el traslado del problema al canal de La Mancha han reducido el impacto en la región.

Como pata fundamental, la labor policial, clave en la desarticulación de la mafia albanesa y, sobre todo, de cara al futuro con unos protocolos ya instaurados para detectar y abortar este tipo de actividades. En un momento de complejidad coyuntural que evidentemente repercute en las cifras de la APS, parece que la organización puede centrarse en cuestiones exclusivamente operativas.