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Con la herida sangrando por la pérdida de la ruta a Irlanda en favor de Bilbao y el cisma abierto por el cruce de acusaciones posterior entre la Autoridad Portuaria y la Delegación del Gobierno tirándose los trastos a la cabeza de la responsabilidad, ambos ... organismos se sentaron hoy, por fin, a la mesa. Una semana después de que Brittany Ferries anunciara su decisión y el mismo día en que el responsable de la naviera confirmara a El Diario que el principal motivo de la marcha es el problema de los polizones. Fue una reunión casi secreta –sin convocatoria pública, aunque este periódico adelantó su celebración– y tras la que nadie quiso hacer valoraciones. Todos se remitieron a un comunicado de conclusiones que se dará hoy a conocer. Pero el encuentro sirvió «sin duda» –eso sí lo dijeron– para zanjar la tensión de las últimas horas. Un clima marcado por las demandas de soluciones y de recursos del puerto y del Ejecutivo regional para atajar el problema y por la respuesta que dio a esas alusiones directas el delegado del Gobierno. Que el presidente de la Autoridad Portuaria diera «un paso a un lado» si se sentía «incapaz» de arreglar el asunto de la seguridad.
A tanto llegó el incendio que al encuentro acudió –con el papel de llevar la manguera– el presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, acompañado por el director corporativo de este organismo, Magec Montesdeoca. Con ellos (porque llegaron juntos), el delegado del Gobierno, Eduardo Echevarría. Y, por otro lado (porque también llegaron juntos), el presidente de la Autoridad Portuaria, Jaime González, junto a la directora de la institución, Cristina López Arias, y el consejero de Industria, Francisco Martín (en su calidad también de vicepresidente del puerto). Minutos antes, a la Delegación habían llegado ya el jefe de Policía de Cantabria, Héctor Moreno, y el coronel jefe de la Guardia Civil en la región, Luis del Castillo. Fue una cita 'interna', de los de casa. De hecho, fuentes sindicales echaban ayer en falta la presencia, por ejemplo, del Ayuntamiento de Santander.
Todos ellos compartieron un encuentro que se prolongó durante dos horas. A la salida hablaron de un «ambiente cordial» y de un balance «muy satisfactorio». «Hay voluntad por todas las partes de atajar el problema a la mayor brevedad posible», se limitó a decir Francisco Martín, que aseguró que en ese tiempo se había «avanzado». «Hay un capítulo de confidencialidad por la propia seguridad que todos estamos de acuerdo en no traspasar ni siquiera mínimamente», añadió González respecto a las medidas que se han pactado y que se conocerán, en principio, hoy. Porque el compromiso entre las partes de cara a la opinión pública fue el de hablar sólo a través de una nota de prensa y con una sola voz –para evitar discrepancias–. Fue la escueta respuesta que dieron. Si acaso una contestación más. Breve, pero significativa tras lo sucedido en los últimos días.
–¿Han zanjado la tensión con la que se llegaba a este encuentro?
–Sin duda, sí.
Y hasta ahí. No fue posible, por tanto –y más allá de conocer los acuerdos alcanzados–, preguntar al delegado del Gobierno en Cantabria o al presidente de Puertos del Estado por las declaraciones de Christophe Mathieu, de Brittany Ferries. «El puerto de Santander tiene un problema con los polizones. Es un dato, no una opinión», afirmó el consejero delegado de la naviera. Eso o que «tendremos un problema grande con las rutas de Inglaterra si esto no se soluciona». Mathieu dejó claro que la decisión de trasladar la ruta a Bilbao se debe a la falta de seguridad y que en el puerto vecino han hecho «una inversión bastante grande» que ha supuesto «desplazar el problema a Santander».
Al encuentro en la Delegación de Gobierno –que no aparecía en ninguna de las agendas oficiales y que adelantó este periódico– no se permitió la entrada de fotógrafos (las imágenes corresponden a la llegada de algunos de los participantes) y, terminada la cita, ninguna de las partes dio información sobre lo tratado. Un pacto de silencio tras dos horas 'a puerta cerrada'.
«Venimos de diez años de crisis», explican desde la sección de UGT en el puerto. Ellos manejan un dato respecto a la Policía Portuaria. «Se ha pasado de más de sesenta efectivos en su momento a 35 y hay gente que lleva meses sin poder librar un fin de semana», indican los representantes del sindicato. Por otro lado, desde este cuerpo –la Policía Portuaria– indicaron ayer a este periódico que se sienten «hipotecados» con el problema de los polizones, con las «libranzas restringidas» y arrastrando «días libres». Un aspecto motivado sobre todo por las patrullas de los viernes y sábados noche. Además, este medio confirmó ayer que en la Guardia Civil se han realizado traslados puntuales desde la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Polanco y de Santoña al puerto los días de atraque del ferri y las jornadas anteriores. Unos «seis o siete» efectivos. Estas mismas fuentes explicaban que, más que un problema de «personal humano», las carencias están en la falta de medios de «seguridad electrónica».
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