El Puerto ha invertido cerca de 3 millones desde 2018 para contener a los polizones

Es un dinero dedicado a atajar un problema que causó este pasado año más de 300.000 euros en daños económicos directos, según la Autoridad Portuaria; la pérdida de contratos con proveedores y «un perjuicio muy serio a la imagen de la infraestructura como operador», remarca el presidente, el exconsejero de Industria Francisco Martín. Un asunto muy serio si se tiene en cuenta que esta infraestructura mueve en Cantabria el 12% del Producto Interior Bruto (PIB).

Las intervenciones comenzaron con la ampliación hasta los cuatro metros de la altura de la valla que protege el perímetro portuario en torno a la Estación Marítima y toda la calle Antonio López. Se levantaron también muros de hormigón en lugares estratégicos de estos enclaves que lindan con la zona más central de la capital cántabra. Para todo ello se invirtieron más de 141.630 euros en 2018. Una cuantía que casi se triplicó al año siguiente, cuando se alcanzaron los 547.830 euros tras la contratación de seguridad privada, el levantamiento de más muros de hormigón y la instalación de sensores de movimiento.

En 2020 los medios se multiplicaron. Se puso en marcha un servicio de vigilancia con drones que costó cerca de 14.000 euros; se instalaron inhibidores de frecuencia, por un precio cercano a los 15.000 euros, y se adquirió diverso material electrónico de vigilancia. Todo ello, junto a la construcción de un recinto para la custodia de los semirremolques o la mejora de los cerramientos de los espacios colindantes con los muelles de Raos, elevó el presupuesto del año en seguridad hasta los 982.976 euros. Por último, este 2021 el montante fue de 1.119.757 euros para continuar invirtiendo en la ampliación de los mismos medios, según la información hecha pública esta semana en el Congreso a petición de los diputados regionales del PP en Madrid.

Fueron todas medidas de seguridad tendentes a blindar el espacio portuario. Una vía que continúa siendo «de prioritaria importancia», tanto para la Delegación del Gobierno como para la directora genera de la Guardia Civil, María Gámez, que ha advertido en numerosas ocasiones a la Autoridad Portuaria que el Estado no puede incrementar el número de agentes - en la actualidad hay 60- y que la solución al problema pasa por potenciar toda la seguridad pasiva. Esto es, todos los medios materiales que conviertan al Puerto en una fortaleza.

El perfil del polizón es el de un hombre joven, de nacionalidad albanesa. Son el 99% de quienes intentan acceder a los barcos que van a Inglaterra. Luego hay casos, más residuales, de ciudadanos marroquíes (0,3%), argelinos (0,04%) y senegaleses (0,04%). Sobre todo en el caso de los primeros, llegan a abonar más de 16.000 euros a las mafias que los acogen en Inglaterra, donde los buscan un trabajo y un techo bajo el que dormir. El pasado año trataron de lograr esta complicada gesta unas 2.070 personas. Todas se jugaron la vida porque en estos intentos asumen riesgos que comprometen su integridad.