El Puerto de Santander se prepara para el 'Brexit'

Para hacerse una idea, los flujos comerciales y de actividad de los muelles santanderinos con el Reino Unido significan, aproximadamente, una cuarta parte de las mercancías que se mueven por la capital, según cuantifica la propia entidad, al Autoridad Portuaria de Santander (APS). Por eso precisamente desde que los periódicos intuyeron los primeros síntomas de la renuncia por parte del Reino Unido a su condición de Estado miembro de la UE todo su engranaje administrativo se puso en marcha para afrontar un desafío sin precedentes a orillas de la bahía. La idea es seguir siendo un agente primordial en las relaciones sociales y comerciales a ambos lados del mar.

Nuevos edificios, zonas de transición para las mercancías, aduanas, señalización de flujos de salida para bienes y pasajeros... Para hacerse una idea de cuánto dinero aproximadamente ha podido costar esta transición a la APS, entidad gestora del recinto, los propios responsables estiman un presupuesto cercano al millón de euros. Ese dinero se traducirá en un acondicionamiento provisional de las dependencias portuarias primero -orientadas sobre todo a prepararse para la llegada de los primeros barcos de la era 'Brexit'-; y después a las instalaciones definitivas, que se irán levantando a lo largo del año entrante una vez que se adjudiquen los trabajos, alrededor del mes de marzo.

Los operarios ya se afanan en ultimar los preparativos de esta primera disposición de carácter eventual. La Autoridad Portuaria va a proceder a la colocación de cabinas y carpas que atenderán las necesidades de diferentes puestos, desde el incremento de puestos de Control en Frontera, nuevos puestos de Control Aduanero, la ampliación del edificio del Puesto de Control Fronterizo o la habilitación de cabinas orientadas a la estancia de personas. Prueba de esta reciente disposición de infraestructuras es el nuevo edificio de Aduanas, situado en Raos junto al Puesto de Control Fronterizo (PIF) -un punto de control que actúa como un cordón sanitario para controlar las mercancías de origen animal, tanto para consumo humano como animal en mal estado-.

«El Puerto de Santander ha hecho un grandísimo esfuerzo para preparar sus instalaciones a esta situación», valora Alberto Rodríguez, jefe del área de explotación y mantenimiento y uno de los distintos responsables que ha estado al frente de esta transformación anunciada, pero no por ello menos sobrevenida, tanto para ellos como para todos los empleados que directa o indirectamente tienen los muelles de la APS como 'oficina' habitual.

Porque hay una fecha que Rodríguez y el resto de trabajadores de la Autoridad Portuaria tienen subrayada en el calendario desde que el acuerdo entre la UE y el Reino Unido se hizo efectivo: el 6 de enero, el día en que se producirá en Santander la primera escala de una nave de Brittany Ferries -el buque Galicia- procedente de las islas tras la renuncia de éstas a formar parte de la Unión. A los pasajeros, camiones y la mercancía en general de este barco les recibirá un puerto acondicionado de forma «provisional». Y será así al menos hasta pasado el verano de 2021, como estiman los responsables del recinto portuario, que prevén ultimar la práctica totalidad de este lavado de cara «definitivo» en lo que queda del año (el proceso de licitación de alguna de estas actuaciones se llevará a cabo en marzo, si ningún imprevisto lo impide, para desarrollarse durante los próximos meses del año).

Con todos esos cambios sobre la mesa, lo que no cambiará es «la importancia de la labor sobre el terreno» que desarrollan los efectivos de la Policía Portuaria -y, con ellos, también los de la Guardia Civil y la Policía Nacional en todo tipo de cuestiones-, desde la coordinación en la llegada de pasajeros hasta el control de todos los requerimientos de documentación, permisos, etc. «Son fundamentales. Hay muchísimo trabajo que no es automático sino que lo llevan a cabo las fuerzas de seguridad», agradece Rodríguez, al tiempo que recuerda el alcance de labores como la ordenación de la salida de pasajeros «que pueden tener control de divisas, maletas y de mascotas»; o el de mercancías, «que puede tener control de aduanas y control del Puesto de Control Fronterizo».

Otra de las obras clave que también entra dentro de la hoja de ruta de la Autoridad Portuaria de Santander es la «liberación» de 2.500 metros cuadrados de espacios portuarios gracias al derribo de las naves portuarias de la calle Antonio López -junto a la propia entrada de las dependencias portuarias-, de la mano del Ayuntamiento de la capital. Con este proyecto, presupuestado en 1,9 millones de euros y un plazo de ejecución de nueve meses -la alcaldesa, Gema Igual, confía en iniciar las obras antes del verano-, la Administración municipal se propone ampliar el paseo marítimo de la ciudad.

El convenio entre ambas partes, ya definitivo, sigue al ya aprobado en 2018 con este mismo propósito -liberar esos espacios portuarios y destinarlos a un uso beneficioso para los vecinos de Santander-, un plan que ha quedado retrasado anteriormente debido a la renuncia por parte de la empresa a la que el Puerto adjudicó la obra, rescindiendo así el contrato existente y obligando a reiniciar de nuevo todo el proceso de licitación.

Integrar toda esta nueva infraestructura de cara a la realidad del 'Brexit' es un «reto clave» que el Puerto encaja con respeto pero también optimismo. Ayudan las buenas relaciones de la APS -y la Administración municipal- con la naviera Brittany Ferries y su papel como uno de los grandes dinamizadores de la economía cántabra; entorpece algo más ese camino de incertidumbre, incluso aunque el acuerdo para concretar el abandono de Reino Unido contemple el escenario más benigno de todos los posibles.

Porque una cosa parece segura: las relaciones tanto de tránsito de personas como de mercancías serán diferentes a partir de ahora. «Va a haber más obstáculos de los que había y va a haber también más costes, pero eso ha sido una decisión que ha tomado de forma soberana el pueblo británico y España no puede hacer nada», avanzaba a mediados de diciembre el el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, antes de señalar el impacto económico inevitable que dejará esta nueva situación.

Después de todo, y esta es una condición que la organización quiere seguir afianzando, sus dependencias forman una de las conexiones más importantes entre las islas británicas y la península ibérica.