El Puerto reactiva el proyecto del Muelle 9 de Raos tras el conflicto con FCC

Según confirma el Puerto a este periódico, «ya está adjudicada la asistencia técnica para la redacción del proyecto que permita la finalización de tales obras, proyecto que estará preparado en unos cuatro meses y que dará lugar a la nueva licitación de las labores pendientes». Es decir, la APS ha conseguido reactivar la estratégica actuación a pesar de no haber arreglado aún la resolución contractual con FCC.

De hecho, serán los tribunales los que resuelvan el asunto. «Sobre el primer contrato tenemos un pleito pendiente, dado que FCC ha demandado a la Autoridad Portuaria solicitando la resolución del mismo por imposibilidad de ejecutar el contrato conforme al proyecto original, mientras que la APS ha declarado resuelto el encargo por culpa del contratista, lo que deberá confirmarse también por los tribunales de Justicia».

Con todo, los terrenos ocupados por las obras ya han sido entregados a la Autoridad Portuaria por parte de la constructora.

Como ya explicó este periódico en marzo, ambas partes tenían muy avanzada una salida pactada al conflicto hasta que la Abogacía del Estado se opuso a ese consenso al entender que no encajaba con la legislación vigente para este tipo de procedimientos.

La APS contaba con un informe jurídico favorable de un abogado del Estado y que avalaba esta solución de emergencia para no dejar la infraestructura empantanada 'sine die'. No obstante, una vez analizado en Madrid, la institución se opuso a la alternativa perseguida por las partes y dijo que no cabe una solución amistosa al no percibir que se preserve el interés público con este mecanismo. De hecho, según la interpretación del órgano, deben ser los tribunales los que resuelvan el litigio.

Aquel veredicto tiene consecuencias. La primera, evidente. Santander seguirá sin un equipamiento que el Puerto define como vital para el medio y largo plazo con vistas a seguir compitiendo con sus homónimos de la cornisa cantábrica. La segunda, las dudas en torno a un pleito en los juzgados y la incertidumbre sobre la sentencia, que podría derivar en indemnizaciones superiores a lo asumido por las partes y, en el caso de FCC, si la Justicia estimase que se ha producido un perjuicio a la Administración, pondría en riesgo la posibilidad de seguir concurriendo a concursos con organismos públicos.

El Puerto ha invertido ya 4,59 millones en esta actuación.