El Puerto de Santander lamenta su «completa indefensión» ante el aumento de polizones

El asunto ha sido objeto de debate y análisis en el seno de las reuniones periódicas del Consejo de Administración de la APS. En una de las últimas, de hecho, se abordó el tema en profundidad y las conclusiones fueron, como poco, preocupantes. La valoración del Puerto es clara: «Máxima preocupación y máxima trascendencia», acorde a la gravedad del problema, que se observa como muy negativo para la organización.

De hecho, la entidad no entiende que se dé distinta valoración desde la óptica de su punibilidad penal al salto de una valla en un aeropuerto que al de una delimitación portuaria, apuntando en consecuencia que debería poder tutelarse penalmente el acceso ilegal a los muelles santanderinos.

Pero hay más. El propio González recalcó en uno de estos cónclaves que quisiera actuar para atajar el problema reforzando para ello el personal de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Portuaria encargado de controlar este fenómeno. ¿La conclusión? Que no resultaba posible.

Porque los consejeros tienen claro que las intrusiones ilegales de ciudadanos extranjeros se llevan a cabo por medio de «un grupo organizado», tesis ya apuntada por la Fiscalía de Cantabria al investigar una presunta red de trata de albaneses en Santander y Bilbao. De ahí la indefensión que lamenta el Puerto, que ya ha avanzado internamente que la situación se va a agravar «cada vez más». ¿Hasta qué punto? Pues hasta el extremo de que la APS teme por la integridad física de sus agentes y cree que «algún día sucederá una desgracia», aunque ya entonces «será tarde».

Con este contexto, la organización aboga por tomar cartas en el asunto y resolver el problema ahora, reforzando para ello las funciones de control de los agentes encargadas de la seguridad del recinto portuario.

Como medida, se ha solicitado orientación jurídica a Puertos del Estado, al que se advierte que no puede quedar como «mero espectador» y, por tanto, debe implicarse en la búsqueda de una solución. El presidente ha reprochado que desde la Administración central son conscientes de la gravedad máxima de la situación, por lo que no es admisible que la respuesta sea que no se puede hacer nada.

Aún hay más. González ha dejado claro a su Consejo su sensibilidad respecto a los problemas que plantean los policías portuarios, quienes dirigieron meses atrás un escrito lamentando la «gravísima situación» en que se hallan, además de su «incapacidad» para afrontarla. No sólo los agentes manifiestan sus temores, sino que los propios sindicatos ya han hecho hincapié en esta problemática. Por ejemplo, los sectores marítimo-portuarios de UGT de Cantabria y País Vasco reclamaron a finales de agosto al delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, que mediara «en su condición de miembro del Consejo de la APS para reforzar las plazas de policía portuaria y poder atajar en mejores condiciones el intrusismo ilegal de ciudadanos albaneses que quieren embarcar en los ferris destino a Reino Unido y, en menor número, a Irlanda», aseveraron.

Tal y como informó este periódico el pasado mes, la infiltración de polizones en el Puerto de Santander se ha disparado hasta alcanzar las 700 incursiones en lo que va de año, un 78% más que el ejercicio anterior y un 123,8% por encima de los guarismos obtenidos en 2014. De enero a septiembre, los saltos los protagonizaron cerca de 400 jóvenes, la mayoría de ellos con nacionalidad albanesa, que realizan varios intentos en su empeño por poner pie en el Reino Unido.

Guardia Civil y Policía Nacional consiguen evitar el objetivo en un 95% de los casos, a pesar de las dificultades que implica vigilar la bahía casi todos los días del año. «El turno más delicado es el sábado por la noche», detalló en su momento la Benemérita. Ya sea antes de sortear la valla, en medio de la carrera hacia la hilera de vehículos o escondido en la carga de un remolque, gran parte de las veces los agentes se encuentran ante un joven varón de entre 18 y 30 años, con el mencionado origen albanés y con familia o amigos en Reino Unido. Un perfil al que el Instituto Armado insiste en denominar «víctima» antes que culpable.

Según los agentes especializados en este fenómeno, los pocos polizones que tienen éxito en su empresa no poseen nada cuando alcanzan las islas británicas. «En esos casos les dan un trabajo en la construcción y un salario de miseria».

Una cantidad que queda muy lejos del precio que los que se arriesgan tienen que pagar por viajar desde su país, desde 3.000 a 6.000 euros en una caravana. «Es muy rentable para la organización. Estamos hablando de 30.000 de euros de beneficio que luego las bandas invierten en negocios ilegales como el de la droga. Las mafias son así, se diversifican continuamente», describe el Instituto.

Este tipo de delincuentes acumula ya mucha experiencia. No en vano muchos «fueron antiguos policías o militares en su país, y conocen sumamente bien la forma de actuar». Esta circunstancia dificulta el fin de estas organizaciones y la posterior imputación de sus integrantes por «un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros», recogido en el artículo 318 del Código Penal. «Se enfrentan a penas muy pequeñas, salvo que se pueda demostrar que detrás hay una organización o que existe un peligro para la vida», concluye la Benemérita.