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La Autoridad Portuaria de Santander (APS) ha decidido suspender dos meses de empleo y sueldo a una trabajadora por una infracción «muy grave» del convenio colectivo al presentar una denuncia falsa por el presunto acoso de un compañero, unos hechos que se han demostrado ... inventados después de revisar las cámaras de seguridad de la organización.
La resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede recurrirse ahora ante los tribunales ordinarios. Además, es la segunda vez que la empleada denuncia al mismo trabajador. En la primera ocasión también fue archivada la delación, aunque el señalado fue cambiado de puesto y estuvo varios meses de baja por depresión. La empleada sancionada igualmente se encuentra en la actualidad de baja laboral, por lo que deberá cumplir con la sanción cuando se reincorpore a su puesto de trabajo.
El pasado 19 de enero, la supuesta acosada envió un correo electrónico a su superior para «dejar constancia» de que un día antes su compañero se había personado en una de las plantas del edificio donde trabajaba «a modo de provocación». Todo ello, según relató, después de que la primera denuncia, que finalizó con un informe que «constataba que no existía indicio de ningún tipo de acoso» sí que obligara al Puerto a introducir como «medida disuasoria» su traslado a otro inmueble de la APS para poner distancia entre ambos.
Según los hechos que han quedado probados como ficticios, la empleada sostuvo que «durante varios minutos ha permanecido» su presunto acosador en la planta en la que trabajaba e incluso llegó a decir «¡Vaya! No hay nadie, ni la puta», narró.
La denunciante sostenía que «espero sinceramente que no tengamos que lamentar en un futuro otro tipo de situaciones [...] por no haber tomado en consideración las debidas precauciones a tiempo».
El Puerto activó el protocolo y le pidió que se ratificara en su declaración, después de que la trabajadora declinara acudir a una reunión. El presunto acosador, finalmente la víctima de la denuncia falsa, negó haber formado parte en los hechos imputados. Incluso propuso el visionado de las cámaras de seguridad. Al examinar dichas grabaciones quedó ratificado que el hombre, líder del sindicato USO en la APS, ni siquiera había subido a la planta donde estaba su denunciante.
La empleada, que causó diversas bajas en 2023, se encuentra desde abril igualmente en situación de incapacidad temporal. Propuso presentar informes clínicos y psicológicos una vez se descubrió que había mentido.
La sanción de dos meses es la mínima para una infracción de este tipo. El instructor del expediente proponía dos años, rebajada finalmente por la aducida situación de ansiedad y las bajas posteriores a los hechos. Para la Secretaría de Igualdad de USO «estos hechos suponen un duro golpe contra los cientos de mujeres que sí son acosadas cada año». Además, los vincula con que la trabajadora no salió elegida en las elecciones sindicales y el posterior «acoso y derribo» contra el portavoz de USO.
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