Puertos rechaza la petición de pactar un modificado de obra para Raos 9

Con el calendario inicial ya desfasado, un chascarrillo recorre determinados círculos del empresariado cántabro: «Es de los proyectos en que ambas partes están enfadadas». Una forma simple de resumir un problema sobre una de las infraestructuras estratégicas para el futuro de Cantabria.

¿Por qué acudió FCC a Madrid a tratar de defender sus intereses ante Puertos del Estado? Sencillamente, según confirman fuentes portuarias, porque previamente la empresa se había dirigido a las oficinas situadas en los Muelles de Maliaño con la misma pretensión. La APS, en cambio, denegó tal petición de modificado al entender que «no hay motivos justificados para ello».

Pero hay más. El contratista ha solicitado una ampliación de plazo de la obra, pero la entidad que preside Jaime González le ha demandado un plan de obra que justifique ese incremento, cosa que no ha obtenido por el momento, según la institución.

Porque lo que resulta evidente es que el proyecto ya arrancó con el pie izquierdo. Basta recordar que en julio de 2017, apenas tres meses desde la colocación de aquel simbólico noray, la constructora comunicó a la Autoridad Portuaria que le resultaba imposible asumir la obra por la cantidad que en su día ofertó: 17,2 millones de euros sobre un presupuesto de licitación de 25 millones, lo que supuso una baja de un 32%. De haberse cumplido el calendario, el muelle debiera estar operativo a final de este verano.

Las fricciones entre las partes en relación a esa pugna por el devenir de la obra siempre se han llevado con cierto hermetismo, aunque de vez en cuando han saltado a la opinión pública. Sí que han sido objeto de seguimiento constante en las reuniones periódicas que celebra el Consejo de Administración del Puerto. Sin ir más lejos, este mismo año se explicaba con naturalidad que FCC venía planteando diversas reclamaciones dirigidas a promover el ansiado modificado que, en términos coloquiales, implica más dinero del firmado.

En relación al desarrollo de los trabajos, hace unas semanas apenas se advertían incidencias de gravedad toda vez que las obras estaban centradas en el dragado, por lo que una vez se rematase esta parte se confiaba en que el ritmo del proyecto se viera incrementado.

Aquel primer parón de julio sirvió para confirmar unos malos augurios desde el principio. El concurso se convocó en 2009, las plicas con las ofertas se «aparcaron» en 2010 y finamente se abrieron en octubre de 2016. La tramitación se suspendió temporalmente en 2010 para realizar más estudios ambientales. Los mariscadores denunciaron los problemas que podría provocar al alterar la dinámica de corrientes y, por tanto, el ecosistema de la bahía. El expediente se resolvió, tras años de paralización, con la autorización condicionada por el Ministerio de Medio Ambiente a la aplicación de medidas para evitar la contaminación durante los dragados.

La adjudicación por parte del consejo de administración de la Autoridad Portuaria se produjo finalmente el 20 de diciembre de 2016 e inmediatamente después uno de los rivales de FCC en la subasta, la Unión Temporal de Empresas OHL-SATO (uno de los principales constructores de infraestructuras portuarias de España) recurrió y solicitó que se excluyera la oferta de FCC pues consideraba «que había presentado la justificación de la presunta baja temeraria fuera de plazo y que, además, esa justificación no estaba debidamente fundamentada ya que no acreditaba que la obra se pudiese ejecutar de acuerdo a su oferta».

La demanda fue rechazada en febrero de 2017 por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, por lo que se levantó inmediatamente la suspensión que pendía sobre la adjudicación. Dos meses después, y con la presencia del ya ministro de Fomento, el exalcalde de Santander Íñigo de la Serna, daban comienzo oficialmente las obras para volver a frenarse el pasado verano de forma súbita.

Tres meses después de aquel parón se retomaban los trabajos, aunque ya se empezaba a admitir la dificultad de completar los plazos establecidos, que fijaban la inauguración para agosto de 2018. El origen de esa primera discusión fue la fórmula idónea para acometer los rellenos de grava que se tienen que abordar para mejorar el terreno y asentar posteriormente los cajones prefabricados de cemento que conformarán el muelle.

La tranquilidad duró poco. El inicio de año obligó a González a reconocer a este periódico que, «dado el avance actual de las obras», no podrán cumplirse los plazos del calendario y probablemente tampoco el presupuesto, puesto que la empresa adjudicataria, FCC, había solicitado una revisión de ambos.

Con las reclamaciones promovidas tanto en Santander como en Madrid se cierra el círculo de las tribulaciones generadas por las denominadas bajas temerarias. Aunque hasta el momento no se haya cedido en el tema presupuestario, no es descartable que sí se pacte algún cambio en cuanto a las obligaciones temporales.

Los constructores y otros agentes del sector llevan tiempo reclamando a la Administración regional que ponga coto a estas bajas -generalmente consideradas cuando se produce un descuento del 25% o más-, que refuerce las garantías y que introduzca cláusulas en los contratos que las penalicen. Pero la propia Unión Europea, con su normativa de que las obras se adjudiquen a la oferta más baja, dificulta un cambio de orientación y mantiene abierta esta controvertida fórmula.