«Queremos ser visibles»

Las discapacidades orgánicas se producen por la pérdida de funcionalidad de algunos sistemas corporales, ya sea de forma congénita o adquirida. «Al surgir como consecuencia de alteraciones que se originan en el interior del cuerpo humano, pasan desapercibidas para el resto de la población. De ahí la importancia de darlas a conocer», señaló la presidenta de Cocemfe en Cantabria, Lina Fernández.

«La enfermedad cambió mi rutina diaria y me obligó a vivir de otra manera», señaló Valle Gómez, a la que diagnosticaron esclerodermia hace 25 años. A día de hoy no se le conoce cura y sólo existen tratamientos paliativos para una enfermedad que tiene afectación pulmonar, digestiva, cardíaca y renal. «Hay opciones para seguir desarrollándote como persona, por eso es tan importante dar a conocer que existen este tipo patologías», indicó.

Sobre el nuevo símbolo, Gómez relató que «nos ayudará a dejar de ser invisibles y a que se reconozca nuestra identidad, como ya se les reconoce a otras discapacidades con otros logotipos».

Por su parte, Lourdes Álvarez sufre lupus desde hace 39 años y cree que «este símbolo une a todas las patologías de discapacidad orgánica en el ámbito de políticas públicas, reconocimiento de la incapacidad y de la difusión de este tipo de enfermedades». Precisamente, el desconocimiento es uno de los factores que más preocupa a los afectados. «Si la sociedad no conoce una patología, no puede desarrollar empatía y comprensión hacia las personas que la sufren», destacó. Eso le ha sucedido en primera persona. «He tenido la necesidad de estar todo el día explicando que el lupus no era una enfermedad contagiosa», concluyó.

A partir de ahora, este símbolo internacional de la discapacidad orgánica -al que se le ha bautizado como DisOrganic- podrá ser utilizado libremente en publicaciones, materiales y todo tipo de soportes.

El baremo de valoración del grado de discapacidad no reconoce estas enfermedades. Como consecuencia, los afectados por discapacidad orgánica encuentran dificultades para que sus derechos sean reconocidos y protegidos por las administraciones. En este sentido, contar con una protección pública ajustada a la realidad de estas personas es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades.