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Cantabria y el resto de comunidades loberas del país –Asturias, Castilla y León y Galicia– se la juegan el próximo año. Los datos del censo ... nacional inclinarán la balanza para decidir si el lobo sigue siendo una especie protegida –lo sería, por tanto, al menos hasta 2031–, como todo apunta a tenor de las recientes declaraciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, o si, por el contrario, sale del Lespre como ansían los ganaderos y los diferentes gobiernos regionales. A priori, todo dependerá de los números que aporten los territorios, y los últimos remitidos por Cantabria al Ministerio para la Transición Ecológica son contundentes. Las 23 manadas contabilizadas a lo largo del año pasado y que mataron a 2.764 animales suponen más del doble de las 12 controladas con el mismo método en el último Censo Nacional 2012-2014.
El recién destituido consejero de Ganadería, Pablo Palencia, aseguraba antes de su salida que el crecimiento de la población de lobos en la región es «exponencial». Lo hacía apoyado en el informe provisional del Censo Nacional 2022-2024 con los datos ya cerrados de 2023. El documento enviado a Madrid recoge que hace doce años había sólo 12 manadas en Cantabria –cuatro de ellas compartidas con regiones limítrofes–; una más, 13, el ejercicio siguiente, y 23 el año pasado. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, revela estos números en base a diferentes métodos: desde fichas realizadas por agentes del Medio Natural que hacen recorridos de rastreo a pie, una red de fototrampeo compuesta por 45 estaciones fijas y 13 móviles, el estudio genético de 200 muestras de excrementos de las 600 recogidas, los datos de mortalidad de la especie y los daños producidos a la ganadería.
Con todo este material, la Dirección General de Montes y Biodiversidad constata que hay 20 grupos que residen y campean íntegramente por el territorio regional. «Tres manadas presentes en años pasados –en la zona de Bistruey (Pesaguero, Polaciones y límite con Palencia), Soba (compartida con Burgos) y Miera (Miera, Arredondo, Ruesga y San Roque de Riomiera)– no han podido confirmarse en 2023, aunque se haya constatado la presencia de lobos en esas mismas áreas», puntualiza el informe. «De las 20 manadas estables, en 12 se ha confirmado también la reproducción, mientras que en tres se considera probable. En los cinco restantes, no ha podido confirmarse este año», apostilla. Además, «siete de los 20 grupos de lobos con presencia confirmada en Cantabria también campean por zonas limítrofes: tres en Palencia, dos en Asturias, uno en Burgos y otro en León», concluye.
El lobo, a tenor del estudio realizado, ha ido paulatinamente ganando espacio y asentándose en dos nuevos territorios. El primero se sitúa en los valles pasiegos, en Villacarriedo, donde además «la cría es posible». El segundo grupo familiar «con reproducción» ha elegido Peña Labra –entre Alto Campoo y Polaciones–, que en 2022 no fue avistado pero sí en ejercicios anteriores.
La Consejería de Ganadería también registra desde 2006 de manera detallada la mortalidad de la especie al anotar los ejemplares muertos durante las batidas de jabalí –práctica prohibida a raíz de su inclusión en el Lespre– y por el resto de motivos. El año pasado tuvo constancia oficial del fallecimiento de seis lobos: dos por los disparos de furtivos –el 31 de enero en Santiurde de Toranzo y el 18 de marzo en Tudanca–, tres por atropellos –todos en Campoo de Enmedio, el 15 y el 17 de enero y el 23 de diciembre– y uno por «depredación» –el 3 de enero en Campoo de Suso–.
El informe también incluye una completa lista de los 61 municipios de los 102 totales que han sufrido ataques el pasado ejercicio. Sobresale por encima de todos la Hermandad de Campoo de Suso, con 363 agresiones y 367 animales muertos –casi a uno diario–. Aunque también son destacables los números de Campoo de Enmedio (206 ataques), Cabuérniga (94), Camaleño y Campoo de Yuso (ambos, con 83).
Sólo en lo que va de año, hasta el mes de julio, el lobo ha atacado al menos en 1.308 ocasiones, que son los expedientes abiertos por Ganadería y que se han traducido en un gasto en indemnizaciones de 680.000 euros. Ese es otro de los caballos de batalla de los ganaderos: lo que tarda la Administración regional en la tramitación y, por tanto, en costear los daños. El plazo medio desde que recibe la solicitud hasta que el pago es efectivo, según Ganadería, es de dos meses –58 días–. Eso sí, asegura que sólo emplea 25 en mandar la aprobación a la compañía de seguros contratada para resarcir los daños, y que esos 33 días de más son los que consume la aseguradora en su tramitación interna.
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Ana del Castillo
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