Real afirma que en el 'caso Ruiz Sisniega' «no se ha cometido ninguna ilegalidad»

Por orden de intervención, los populares preguntaron a la consejera por las razones que llevaron a nombrar y mantener en el desempeño del puesto de la Gerencia de la Fundación Valdecilla a Ruiz Sisniega. En su exposición de motivos, la popular Isabel Urrutia criticó que el ya exgerente de la institución «haya estado ejerciendo tres años y haya estado recibiendo tres años dos ingresos de dinero público de dos administraciones públicas diferentes irregularmente a pesar de tener una incapacidad total». Molesta, porque «nunca supimos que un alto cargo del Gobierno regional estaba desempeñando un trabajo en estas circunstancias», Urrutia pidió a la consejera de Sanidad «que lo explique y que asuma su responsabilidad».

En su turno de réplica, Real aseguró que Ruiz Sisniega fue nombrado «porque cumplía todos los criterios para desempeñar ese puesto», aunque después admitió que si hubiera conocido el recurso del exgerente contra la sentencia judicial que declaraba esa incompatibilidad, «se lo habría impedido por el nivel de exigencia en el comportamiento atribuible a los cargos públicos», según aseguró.

Real, que piensa que este asunto no tendría mayor importancia en cualquier otro lugar de trabajo, ni en el sector privado ni en el pública, «porque se habría considerado que estaba defendiendo legítimamente sus derechos y discrepancias con la Seguridad Social», repitió en varias ocasiones que en este caso concreto, el de Ruiz Sisniega, «no se ha cometido ninguna ilegalidad ni ningún fraude». Y opinó que este caso está «a años luz» de la situación de algunos miembros del PP «dentro y fuera de Cantabria», algunos de ellos en la propia Ejecutiva regional. Así, citó al secretario de Sanidad y exgerente de Valdecilla, César Pascual, imputado en calidad de alto cargo de la Consejería de Sanidad de Madrid por irregularidades en la adjudicación del contrato de ambulancias.

En la hora de las dúplicas, la popular y la socialista protagonizaron una trifulca verbal en la que la primera acusó a la segunda de pertenecer a «un gobierno tabernero» y la segunda a la primera de «mentir» e «intentar sacar rédito político» de esta situación. Antes de quedar ese fuego sofocado, el podemita Alberto Bolado volvió con más leña asegurando que «la infracción sí se ha producido, porque un alto cargo no puede recibir dos retribuciones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado» y criticando que su declaración de bienes se haya publicado «en blanco» en el Boletín Oficial de Cantabria cuando anteriormente fue presidente de la Comisión de Control de Caja Cantabria. «No es ilegal, no estamos hablando de ningún fraude», insistió Real.

La vicepresidenta de Cantabria y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, aseguró esta tarde que el Gobierno de Cantabria no tiene ninguna preferencia a la hora de ubicar la instalación que sustituirá a la depuradora Vuelta Ostrera y apostó porque en esta elección prevalezcan «las justificaciones técnicas sobre los criterios políticos».

Díaz Tezanos respondió así a una interpelación de Podemos sobre «los motivos por los que se valora como más óptima la opción económicamente más gravosa» para la nueva depuradora.

«Yo no he tomado partido a favor del emplazamiento de las canteras de Cuchía», dijo la vicepresidenta, quien en este sentido reconoció que «tiene puntos a favor y ventajas aunque también otros en contra», como por ejemplo el coste económico.