La consejera de Sanidad denuncia un «intento organizado de levantar sospechas» sobre la contratación en el SCS

La consejera ha sido una de las personas que menos explicaciones ha dado, ya que tras conocerse la denuncia fue el gerente del SCS, Julián Pérez Gil, quien compareció en rueda de prensa, y tras ello ha sido el presidente, Miguel Ángel Revilla, el que en medio de la tormenta política desatada estos días se ha comprometido públicamente a «cortar cabezas» si se confirman las irregularidades. Este fin de semana, el Sindicato Médico se sumó también a las denuncias.

María Luisa Real reproduce hoy lunes la mayor parte de los argumentos de la nota de prensa del pasado jueves y critica que tras la denuncia ya se haya 'sentenciado' públicamente que se trata de contratos ilegales. Según ella, se emplea el «muy simple» procedimiento de afirmar que un contrato es sospechoso para «inmediatamente» emitir el veredicto de que es «ilegal», al tiempo que afirma que si se tiene constancia de presuntas irregularidades, «en primer lugar y de forma inmediata» se debe formalizar una denuncia ante el juzgado «en lugar de sembrar sospechas acerca de la gestión del SCS mediante correos electrónicos y declaraciones a los medios».

La Consejería de Sanidad anunció el viernes -tras aprobarse en Consejo de Gobierno- la apertura de un expediente informativo para «aclarar todas las manifestaciones» realizadas sobre las presuntas irregularidades. Algo que no convence al PP, que ha tomado parte activa en esta situación aportando documentación sobre el caso. Para los populares, la consejera trata de «matar al mensajero en lugar de dar explicaciones sobre las contrataciones». Insisten en que quien debe investigar es la Intervención General de la comunidad y no la inspección médica.

También el consejero de Economía, Juan José Sota, de cuyo departamento depende la Intervención General, ha afirmado hoy que «todos los años» se lleva a cabo un «control financiero permanente» al SCS y, «curiosamente», durante 2015 y 2016 quienes estaban en ese momento formando parte de la Intervención no detectaron ninguna irregularidad, algo que a él le «llena de tranquilidad».

La consejera ha recordado que, tras conocer el email remitido al gerente del SCS, Julián Pérez Gil, por la funcionaria Inmaculada Rodríguez denunciando las adjudicaciones «a dedo» , se solicitó información al mismo y «la información que ella trasladó al gerente en aquel momento concluyó en que no se había apreciado irregularidad alguna». Sin embargo, explica Real, como la funcionaria ha mantenido sus afirmaciones, y ante las declaraciones en el mismo sentido de la presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, Sanidad ha destinado a un inspector de la Inspección de Servicios Sanitarios -órgano competente en las inspecciones del SCS- para la tramitación del expediente informativo que aprobó el pasado jueves el Consejo de Gobierno.

Con todo, la consejera ha recordado hoy que la información sobre la contratación administrativa del SCS está disponible en el portal de transparencia del Gobierno de Cantabria, en el perfil del contratante, y en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). También ha insisitido en que la contratación administrativa del SCS está sometida al control financiero permanente de la Intervención General. Cuestión que, ha apostillado, «debiera ser bien conocida» por Sáenz de Buruaga puesto que el que fuera subdirector general de Control Financiero del Gobierno de Cantabria desde 2016 a febrero de 2018, Rafael Gutiérrez Suárez, es el actual secretario de Hacienda del Comité Ejecutivo del PP de Cantabria.

No obstante, la secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, ha hecho hincapié en que lo que reclama su partido es una auditoría de la Intervención para investigar todos los contratos realizados por el Servicio Cántabro de Salud desde el principio de la legislatura, «porque todos están bajo sospecha».

Para el PP, el expediente informativo abierto por la Consejería no es más que «una maniobra de distracción» porque lo que iban a investigar los servicios jurídicos «ahora se ha encomendado a la inspección médica, lo que resulta otro engaño».

Por su parte, Juan José Sota ha explicado hoy que partir de las denuncias de la funcionaria y del PP, su departamento ha dado instrucciones a la Intervención de que se finalice «cuanto antes el del 2017, cosa que no estaba hecha». «Es curioso que se tuvo que hacer en 2017 la revisión de los contratos de 2017 y no estaban hechos; lo hemos agilizado para que lo tengamos cuanto antes y también los de 2018, porque la Intervención no funciona por criterios de ocurrencia sino que se hace una planificación anual», ha remarcado. Y ha insistido en que «es una de las obligaciones de la Intervención y se ha hecho en los años 2015 y 2016 y (hay que) finalizar el de 2017 y el de 2018 también se hará».

Además, el consejero ha negado estar detrás de una presunta estrategia para cesar al anterior interventor general, Gabriel Pérez, algo que «no tiene ningún fundamento» porque la Intervención es un órgano autónomo dentro de la Consejería y «en absoluto se pueden tomar decisiones como las que se apuntan por parte de la presidenta del PP», ha remarcado Sota a preguntas de la prensa tras participar en un acto en Camargo.

Los argumentos de Sota tampoco convencen al PP, que recuerda que a diferencia de lo que ocurre en el resto del Gobierno, en el Servicio Cántabro de Salud no hay fiscalización previa de los contratos, sino que los controles de la Intervención se realizan a posteriori sobre una muestra aleatoria muy menor y sobre cuestiones más de procedimiento que de fondo. «El argumento del consejero Juan José Sota de que los contratos del Servicio Cántabro de Salud están sometidos a un control financiero permanente no es, por lo tanto, ni válido ni suficiente como para sostener que no se han producido irregularidades».

González Revuelta, además, ha pedido a la consejera que remita al PP la documentación sobre contratos en el SCS pendientes, «porque el retraso va a obligar al Grupo Popular a presentar una queja».