Rebajan de 18 a 7 años la cárcel a un pedófilo porque el caso estuvo parado más de un año

En Cantabria, hay muchos casos en los que se ha aplicado esta atenuante. Pero recientemente se ha producido uno que llama la atención porque la pena de cárcel se ha rebajado de 18 a 7 años. Se trata de la sentencia que dictó el Juzgado de lo Penal Nº1 de Santander frente a un hombre, J. A. V, por realizar y poseer fotografías íntimas de niños de un centro público de atención a la primera infancia de Cantabria en el que trabajaba realizando labores de mantenimiento. En esa primera instancia, el acusado fue condenado a 18 años y nueve meses por seis delitos contra la intimidad cometidos contra otros tantos menores, a los que fotografió los genitales o en ropa interior, y por posesión de pornografía infantil.

Tras esta primera sentencia, el encausado recurrió en apelación alegando que la gran mayoría del material que le incautaron en su casa se refería a «mayores de edad». También impugnó la condena por los seis delitos contra la intimidad, al entender que no se vulneraba la misma, así como las indemnizaciones reclamadas (6.000 euros a los padres de cada menor), a tenor de la reparación del daño -motivo al que se adhirió el Gobierno de Cantabria, personado en la causa al tratarse de un centro público- y de las dilaciones indebidas. La Fiscalía y las acusaciones particulares interesaron la desestimación del recurso.

Ahora, la Sección Primera de la Audiencia Provincial, en una sentencia fechada el 6 de septiembre, asegura que no tiene «duda» de que imágenes como las de este caso -en las que «un varón baja el calzón a otro» o «unos niños ejecutan actos de contenido sexual», entre otros ejemplos- «exceden obviamente del significado del término erótico para constituir la demostración de la ejecución actos de contenido sexual con utilización a tal fin de sus órganos sexuales externos». Además, la Sala apunta que cuando el hombre «tomó las fotografías estaba plasmando situaciones o actos íntimos de los menores», momentos en los que, «inocentemente, tocaban una parte de su cuerpo o se bajaban la ropa interior para hacer sus necesidades fisiológicas, o mientras jugaban ingenuamente o posaban ajenos a la finalidad del autor de la fotografía de reflejar sus prendas íntimas o lo que estas ocultaban». El tribunal también niega que se haya impuesto una «doble condena por un mismo hecho», y justifica la aplicación del tipo agravado al ser las víctimas menores de edad.

En lo que sí da la razón la Sala al acusado es en la existencia en el procedimiento de dilaciones indebidas, al apreciar varios periodos de paralización «que exceden de la tramitación normal y carecen de justificación». De hecho, el tribunal resalta que la paralización absoluta de la tramitación supera ampliamente el periodo de un año y «ha dado lugar, a que, por ejemplo, la instrucción superase los periodos habituales previstos en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que la duración de los trámites posteriores también se haya dilatado por un tiempo más largo del habitual». De esta forma, afirma el tribunal, la duración total de la instrucción se ha prolongado durante un periodo de cuatro años, «tiempo durante el cual el recurrente ha tenido que soportar la pendencia de un procedimiento penal dirigido en su contra sin conocer cuál sería el desenlace definitivo del mismo y sin que la complejidad de la tramitación justifique la duración».

La Sala entiende que, una vez realizados los trámites básicos iniciales y el ofrecimiento de acciones, «no tenía por qué prolongarse la causa por un periodo relevante, algo que también sería predicable de la fase intermedia y preparación del juicio, carentes de una complejidad en su tramitación que pudiese justificar el periodo durante el que se prolongó».

Una vez que acuerda la aplicación de esta atenuante, la Audiencia decide rebajar en un grado completo la pena, porque más allá de eso «supondría un elevado alejamiento penológico con el núcleo de la pena previsto en la ley, implicando una insuficiente consideración de la gravedad del delito objeto de sanción».

Por otro lado, el tribunal acepta la parte del recurso que impugnaba las cantidades reconocidas a los perjudicados y las rebaja de los 6.000 euros fijados en la primera sentencia a los 2.500 (por menor). Sin embargo, mantiene la multa de 4.320 euros al acusado por los seis delitos contra la intimidad.

No obstante, esta sentencia no es firme al poder presentarse frente a ella recurso de casación ante el Tribunal Supremo.