UGT reclama que se cree el consejo de control de las empresas públicas de Cantabria

UGT ha exigido al Gobierno regional la creación del consejo de seguimiento o de supervisión continua de las empresas públicas de Cantabria que el propio Ejecutivo autonómico aprobó por ley en 2018. Si no se constituye de forma «inmediata», el sindicato recurrirá a los tribunales para 'obligar' al Ejecutivo a cumplir su ley.

Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa el asesor legal de empresas públicas de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT, Pedro Cobo, acompañado por miembros del comité de empresa de MARE y de la SRECD (Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte) Ricardo Gutiérrez y Rodolfo Higuera, respectivamente.

Cobo ha señalado que «ya ha pasado mucho tiempo desde que se aprobó la ley y no parece que el Gobierno de Cantabria tenga interés alguno en controlar y supervisar estas empresas que integran el sector público», como ha venido solicitando «una y otra vez» la central.

Este consejo iba a servir para controlar la gestión de las 25 empresas públicas de Cantabria, que emplean a 1.900 trabajadores (en torno a un 28% con contrato temporal) y entre las que destacan Mare, Cantur y la SRECD, que engloban en torno a un millar de ellos. Las quejas de UGT no son únicas: también Comisiones Obreras ha pedido en repetidas ocasiones que se controle internamente Cantur, donde ha denunciado que las irregularidades de la contratación están a la orden del día.

Este viernes, Cobo ha destacado que muchas de estas empresas públicas «son focos de conflicto y de irregularidades» que, «lejos de reducirse, cada día que pasa se incrementan», como muestran sentencias judiciales, resoluciones de la Inspección de Trabajo y auditorías de la Intervención General Autonómica y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Por ello, tras una reunión de miembros de comités de empresas públicas de UGT celebrada en la sede del sindicato en Torrelavega, se ha decidido recurrir a los tribunales «si el Gobierno de Cantabria sigue mirando para otro lado». A juicio del sindicato, ya no caben más soluciones que, o el Gobierno «asuma su responsabilidad, creándolo de una vez por todas», o bien «se vea obligado a ello por una sentencia judicial».

«No es aceptable que, en empresas financiadas con fondos públicos y que deberían ser ejemplo de gestión, sea práctica habitual la falta de transparencia, fraudes en la contratación de personal o que no se negocien criterios generales como el acceso, la carrera profesional o la provisión de vacantes», ha argumentado el sindicalista, que ha recordado que «en una parte importante de estas empresas públicas la negociación colectiva está prorrogada desde hace años o no existe una Relación de Puestos de Trabajo (RPT)».

Además, el asesor legal de UGT ha subrayado que en estas empresas públicas «se producen ineficiencias poco entendibles, como el solapamiento de actividades, que muchas de ellas acometen actividades extraordinarias que nada tienen que ver con su objetivo o que cada una de ellas ejecute sus actividades de manera independiente sin intercambio de conocimientos o recursos ni sinergias financieras».

Tampoco «se optimizan los gastos financieros, existen múltiples conflictos con la fiscalidad e ineficiencias en la aplicación del Impuesto de Sociedades y estas empresas ni siquiera cuentan con sistemas contables convergentes porque cada una va por libre», ha añadido.

El sindicato también ha mostrado preocupación por la «creciente subcontratación a empresas privadas de servicios que venían realizando sus propias plantillas porque, de la noche a la mañana, se han subcontratado servicios con una clara intención privatizadora y de escapar de las obligaciones legales actuales que tienen las empresas públicas», ha comentado el sindicalista, poniendo como ejemplo a MARE, «que viene gestionando de forma clara para reducir su propia plantilla y aumentar la subcontratación».

A todo esto se añade el problema de que «cada vez que hay elecciones autonómicas se cambian todas las direcciones de estas entidades, lo que dificulta todavía más cualquier planificación y una gestión adecuada y consolidada». Por todos esos motivos, a juicio del sindicato, «está claro que es fundamental que exista un control de este conglomerado de empresas vinculadas a la Administración autonómica cuya gestión es más que cuestionada y que no puede pasar ni un día más sin la constitución de este consejo».

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