El PP reclama la gestión regional del Ingreso Mínimo Vital

El Partido Popular ha reclamado al Gobierno de Cantabria que exija al de España la gestión autonómica y la financiación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una gestión a realizar por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS). La diputada regional y ex directora del ICASS, Isabel Urrutia ha hecho balance del primer año de la entrada en vigor del IMV en Cantabria y ha defendido que el traslado de la gestión de este ingreso a la comunidad autónoma «es necesario para mejorar la coordinación y la celeridad en la tramitación».

La diputada regional ha denunciado que, con la puesta en marcha del IMV en Cantabria, el Gobierno de España «ha hecho saltar por los aires» un sistema público de servicios sociales autonómico que funcionaba «de forma cohesionada y eficiente». También ha criticado la «falta de coordinación» entre el Ministerio y el Gobierno de Cantabria.

Urrutia ha explicado que en Cantabria estaba regulado por el derecho a la Renta Social Básica (RSB), una renta mensual para personas y familias en situación de vulnerabilidad que es «similar e incompatible» con el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno de España, circunstancia que, según ha dicho, «ha generado problemas en la gestión diaria de ambas prestaciones».

De esta manera, según ha detallado, todos los beneficiarios que en junio de 2020 tuvieran concedida una Renta Social Básica tuvieron que solicitar el Ingreso Mínimo Vital, ya que, en palabras de Urrutia, es la opción prioritaria por la que deben optar las personas que carecen de recursos económicos. Aun así, siguieron cobrando la mensualidad de la renta que les correspondía hasta la concesión de dicho ingreso, «que de media tarda de 9 a 10 meses en resolverse». El problema se presenta, ha señalado, porque la concesión del IMV tiene carácter retroactivo, es decir la Administración debe abonar las mensualidades que el beneficiario hubiera cobrado de haber resuelto en el momento de la solicitud, y al tiempo, para evitar duplicidades, éste tiene que devolver lo que ha cobrado durante ese periodo de Renta Social Básica, «algo que muchos de los perceptores desconocen», según ha indicado la diputada.

En este sentido, también ha criticado que a quienes desde junio de 2020 han querido solicitar la Renta Social Básica se les exija demostrar ante el ICASS que han solicitado a la vez el Ingreso Mínimo Vital y comunicar si les ha sido denegado o aprobado. «En pleno siglo XXI, cuando a la mayoría de los ciudadanos se les exige relacionarse con la Administración de forma electrónica, quienes no se conectan entre sí, son las propias administraciones», ha sentenciado. Además, ha indicado que los beneficiarios de la Renta Social Básica realizan «el doble» de tramitación ahora para cubrir sus necesidades, porque tienen que solicitar las dos prestaciones a la vez y en distintos departamentos, ya que son dos prestaciones incompatibles y tiene prioridad el Ingreso Mínimo Vital.

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