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El diputado nacional de Vox por Cantabria, Emilio del Valle, ha sido el encargado de defender en el Congreso una iniciativa de su grupo que busca eliminar todas las banderas y símbolos no oficiales del exterior de los edificios públicos. La literalidad de la proposición ... no de ley que se debatió en la Comisión de Política Territorial y que finalmente no salió adelante reclamaba al Gobierno de España que tomara cartas en el asunto para hacer cumplir una sentencia del Tribunal Supremo en este sentido.
Para defender la iniciativa, Del Valle puso como ejemplo lo que ocurre con el lábaro en Cantabria: «No es la bandera de Cantabria. No es la bandera oficial. Incluso en la misma sede del Gobierno regional ondea esa bandera, la del lábaro. Nosotros desde aquí instamos al Gobierno de la nación a que proceda a dar cumplimiento a esta sentencia que fija doctrina legal y, por tanto, proceda a retirar toda bandera de los edificios o espacios públicos».
El propio diputado de Vox fue el que leyó el contenido de esa sentencia, en la que el alto tribunal establece que «no resulta compatible -señala- con el marco constitucional y, en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones públicas, la utilización incluso ocasional de banderas no oficiales en el exterior de edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas».
Emilio del Valle - Diputado de Vox
El Gobierno de España finalmente no tiene una exigencia en este sentido procedente del Congreso de los Diputados porque, aunque el PP y Ciudadanos apoyaron la proposición de Vox, PSOE, Podemos y otros socios habituales la rechazaron. Y más allá de esta iniciativa, respecto a la sentencia del Supremo, cabe recordar que el lábaro está reconocido como símbolo representativo e identitario del pueblo cántabro desde hace seis años.
El Parlamento regional lo aprobó en 2016, aunque lo hizo sin consenso. La propuesta regionalista unicamente logró el apoyo de los socialistas y Podemos. No solo eso, sino que la Cámara instó a las instituciones y a la sociedad civil de Cantabria a que «promueva de forma activa su conocimiento o difusión como expresión iconográfica de la identidad del pueblo cántabro, manteniéndose el carácter oficial de la bandera de Cantabria y el resto de símbolos institucionales de la comunidad autónoma». ¿Ese reconocimiento es suficiente según el criterio de los jueces? Según Vox, no.
Para poner en contexto a sus compañeros de otras comunidades autónomas, Del Valle explicó que, en Cantabria, la bandera del lábaro ha logrado forjar un sentimiento regionalista y que el PRC ha asimilado este símbolo como propio. «Me parece muy bien y nos parece muy bien que a esa bandera se le tenga cierto cariño por determinadas personas, pero no es la bandera oficial de Cantabria», remarcaba.
Más allá del caso concreto del lábaro y del que dio origen a la sentencia del Supremo -la colocación en el Consistorio de Santa Cruz de Tenerife de la bandera tricolor con las 7 estrellas verdes que es símbolo del movimiento de autodeterminación de algunos partidos de las islas-, los diputados de PSOE, Podemos y los grupos nacionalistas rechazaron la propuesta de Vox por otros motivos.
«¿Realmente no es legítimo poner una bandera el 1 de diciembre a favor de las personas que sufren el virus de la SIDA?», se preguntaron desde ERC, que también hablaron de las banderas del movimiento LGTB en balcones de ayuntamientos, algo relativamente común en los municipios de Cantabria, o pancartas como la que ha lucido en distintas ocasiones la Delegación del Gobierno en Santander en contra de la violencia machista. Para la socialista valenciana Josefa Andrés, que comparte ese argumento, es llamativo que Vox se preocupe por las banderas de los edificios públicos y no por las de «alas, yugos y flechas» en sus manifestaciones.
No es la primera vez que Vox saca a relucir ese asunto. En octubre de 2019, la formación pidió en el Parlamento de Cantabria que en todos los actos oficiales apareciera la enseña nacional «en el lugar que protocolariamente le corresponde». Medio año después, el grupo parlamentario dio un paso más e instó al Ejecutivo «a cumplir la Ley y retirar el lábaro de los edificios públicos», también tomando como base una sentencia previa del Supremo.
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