El rector de la UC avala el borrador de la futura Ley de Convivencia Universitaria

El borrador diseñado por el Ministerio de Universidades, centrado más en la vida estudiantil que en la del conjunto del campus, resuelve estos casos sin tapujos: expulsión de dos meses a tres años de duración y hasta anulación de parte de los derechos de la matrícula. Siempre según el caso y con la proporcionalidad en mente, lo que sí tiene claro el máximo responsable de la UC es que «la expulsión temporal de la universidad por estos comportamientos, que son muy graves, no es exagerada». Al contrario, «es muy razonable», como estima Pazos sobre el fondo de un reglamento que, en sustitución de una ley obsoleta maquinada por la dictadura franquista en 1954, con suerte podría llegar a funcionar a partir de septiembre: «Sobre eso tengo más dudas», valora.

Mediación, sí, «cuando se pueda». El remedio que propone el anteproyecto para solucionar los conflictos en el campus se ajusta a la «proporcionalidad» que la UC cree conveniente. Lo dicho por el rector: «Cuando se pueda resolver por mediación, que así sea». Eso no quita que haya otros casos, «que definitivamente no se pueden resolver por esa vía». Ahí es donde entran los actos más reprochables -antes citados-, en los que «habrá sanciones de seis meses de expulsión y otras de dos años, por ejemplo», como avanza Pazos, también presidente de la Comisión Sectorial de Docencia en la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), el principal interlocutor de la enseñanza superior con el Gobierno central. «El Ministerio ha tomado nota y ha logrado un consenso en España», encarna.

También celebra la llegada de la ley el recién elegido presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria (CEUC), Álvaro Moreda. Aunque con matices de fondo que son importantes. «Si es una ley de convivencia universitaria debería estar orientada a revertir las malas conductas vengan de donde vengan, no sólo las de los estudiantes». Moreda aplaude la contundencia con que se castigarán las conductas más graves, como los plagios «que hacen tanto daño a los compañeros que sí trabajan», pero echa de menos un «proceso fehaciente» para demostrar cada caso: «Estamos hablando de los estudios y el futuro laboral de una persona. Tiene que haber garantías y contrapesos. De lo contrario, puede convertirse en una caza de brujas con barra libre para expulsar».

Por su parte, Verónica Bustamante, estudiante de Administración y Dirección de Empresas (ADE), encarna el deseo por la renovación y sobre todo la dureza contra los comportamientos más lamentables: «Es realmente necesario», opina, antes de asegurar que, «tristemente», no es tan raro ver a un alumno copiar en un examen o plagiar textos en un trabajo. Al contrario, son comportamientos que «podemos ver en las aulas con bastante regularidad». Por eso es «necesario» que este tipo de conductas, que «menoscaban algo tan importante como es nuestra dignidad», sean castigadas «con penas o sanciones acordes a su gravedad».