El recurso de los constructores paraliza el contrato con Tragsa para derribar la Residencia

Ese es el calendario que maneja el consejero de Salud, César Pascual, que acaba de encontrarse con el primer contratiempo. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha tomado la decisión de paralizar el contrato como consecuencia del recurso presentado por la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP). La patronal, que ya lamentó el pasado verano que el SCS encargara este contrato millonario sin un concurso público y la falta de «transparencia» por parte del Gobierno, ahora pasa a la acción.

«El abuso de utilización de los medios propios por parte de las administraciones supone una amenaza para la competencia empresarial», criticaba entonces la asociación que representa a los constructores y promotores cántabros, que defendía la necesidad de que las empresas compitan «en igualdad de condiciones para seguir creando riqueza, empleo y bienestar para la sociedad».

La paralización acordada por el órgano encargado de supervisar la legalidad de los contratos públicos de todas las administraciones es cautelar mientras analiza los argumentos presentados por los constructores y estará en vigor hasta que el Tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto. Podría levantarse en cuestión de semanas sin mayores consecuencias –Tragsa sí tendría más plazo para ejecutar el proyecto– o, en el peor de los casos, el SCS podría tener que iniciar desde cero la tramitación del contrato del desmantelamiento de la Residencia Cantabria. Consultada por el nuevo escenario, desde la Consejería de Salud prefieren no hacer valoraciones hasta conocer la resolución final.

Según el colectivo empresarial, la utilización de la pública Tragsa se está convirtiendo en una práctica demasiado habitual por parte del Gobierno de Cantabria, un procedimiento que «genera dudas sobre la imparcialidad y la equidad» en la selección de contratistas: «Si no se proporciona acceso público a la información sobre los criterios de selección, los licitantes potenciales pueden cuestionar la integridad del proceso». Además, la ACP entiende que los contratos se otorgan «de manera arbitraria o por motivos no relacionados con la calidad o el precio de la oferta», lo que conduce a «situaciones de favoritismo hacia ciertos contratistas», algo «injusto» y que puede suponer «un desperdicio de recursos públicos».

Si el SCS es capaz de esquivar esta piedra en el camino, lo que tendrán que hacer los ingenieros de Tragsa es redactar el proyecto de obra antes de que empiecen a desmontar planta a planta –hay que hacerlo así por la presencia de amianto, un mineral extremadamente tóxico que requiere un tratamiento especial– cada una de las trece alturas del edificio principal. De Tragsa, o de quien gane el nuevo concurso en caso de que el Tribunal decida finalmente anular el actual.

Por su parte, la Consejería de Salud debe afrontar el traslado de las dependencias del Servicio Cántabro de Salud (SCS), ubicadas en un pabellón anexo dentro del complejo y en el que trabajan alrededor de ochenta personas. Esta plantilla se trasladará al Hospital de Liencres y a un edificio de Santander aún por concretar. El siguiente paso será el desvío y la desconexión de servicios auxiliares como alumbrado, agua y gas, por lo que el desmantelamiento como tal del edificio no arrancará aún hasta dentro de unos meses.

También el bipartito tuvo problemas burocráticos con la Residencia. Antes de abandonar el Gobierno, el PSOE encargó un contrato para determinar cómo proceder con el edificio. En realidad eran tres contratos y el primero, valorado en más de 600.000 euros, consistía en una auditoría para conocer si era posible restaurar el inmueble en vez de echarlo abajo. Según el consejero César Pascual, ese contrato era una pérdida de tiempo y de dinero porque «ya se sabe» que no es viable su recuperación.