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Más personal en los centros de atención a la dependencia para «mejorar los cuidados» y «avanzar hacia una asistencia individualizada, adaptada a cada persona». Es el camino que abre la Consejería de Empleo y Política Social con la modificación de la orden presentada este miércoles – ... la que regula los requisitos funcionales de las residencias– que amplía las ratios con la intención de reforzar las plantillas, aliviar la sobrecarga y mejorar así las condiciones laborales de un sector «muy feminizado» (emplea a unas 6.000 personas) en el que cuesta encontrar recambio al no poder competir con las retribuciones de la sanidad pública –es habitual la fuga cada vez que el Servicio Cántabro de Salud tira de sus bolsas de empleo–. Esa mejora, aplaudida por las asociaciones y entidades prestadoras de servicios sociales, que acompañaron a la consejera Eugenia Gómez de Diego en su rueda de prensa de balance de legislatura, implica que la red de atención a la dependencia de Cantabria necesitará «entre 400 y 500» profesionales más de los que tiene ahora.
242 personas
están en lista de espera para una plaza concertada en residencia de mayores y 19 para discapacidad, según el Icass.
Consciente de las dificultades de los centros para captar nuevos efectivos, el director de Políticas Sociales, Julio Soto, destacó que, al exigirse a partir de ahora más personal de atención indirecta (limpieza, mantenimiento, cocina, lavandería...), eso se va a traducir en que asumirán funciones que venían atendiendo auxiliares de cuidados (los de atención directa). Un paso determinante hacia esa asistencia más personalizada de los usuarios, que defendió la consejera. La ampliación de ratios «consensuada con los agentes sociales» abarcará a los dos ámbitos. Como ejemplo, en una residencia de cien plazas, esa modificación se traducirá en tres trabajadores más de presencia física cada día –esto es, al menos cinco contratos nuevos para cubrir los turnos–, más otros tres de los servicios de atención indirecta. En total, la plantilla crecerá en ocho profesionales. Aunque la situación de partida y, por tanto, el incremento de personal, «no es igual en todos los centros», añadió Soto: «El mayor desfase se da en las residencias de mayores, y no tanto en los recursos de atención a la discapacidad».
Gómez de Diego, que sacó pecho sobre la situación del sistema de atención a la dependencia de Cantabria, pese haber sido una «legislatura dura y complicada, atravesada por una pandemia», destacó que esta exigencia de mayor dotación de personal va a suponer un incremento de presupuesto de casi 9 millones más al año, a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass). Asimismo, recordó la línea de crédito aprobada en 2022 para compensar al sector por el incremento de gasto derivado de la guerra de Ucrania (1,6 millones de euros), así como la modificación de la ley que repercute en los precios de las plazas concertadas las subidas salariales derivadas del convenio colectivo recién aprobado (un 6,5%), un «hito» que supone una inversión extra de 4,4 millones más anuales. «Se ha hecho un esfuerzo inversor histórico».
Todo ello, dijo, orientado a «mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y la calidad del servicio». En su balance, destacó que el número de plazas públicas ha crecido de las 7.437 existentes en 2019 a las 8.063 actuales. En total, se han concertado en estos años 684 plazas, de ellas 380 en residencias y centros de día de mayores, y el resto (304) destinadas a personas con discapacidad, bien a través de residencias 24 horas, centros ocupacionales o viviendas tuteladas, entre otros recursos. «Cantabria puede estar orgullosa de su sistema público para la autonomía y atención a la dependencia», señaló Gómez de Diego. «No hay ninguna situación de emergencia que se quede sin cubrir», aunque constan 242 personas en lista de espera para acceder a una plaza concertada en residencia de mayores y 19 en centros de discapacidad, como precisó Soto.
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