La reforma del Edificio de Ministerios obligará a mudarse a 500 funcionarios

El edificio, que abrió sus puertas en 1980 y sufrió un atentado con coche bomba de ETA en 2002, necesita una urgente reforma interior y energética que será financiada con fondos europeos. Al formar parte del Patrimonio Sindical Acumulado, el inmueble pertenece al Estado, pero se lo cede gratis al Gobierno cántabro para su uso compartido desde que se aprobó la Ley de 1986. Es el Ministerio de Economía el encargado de gestionar la obra de reforma, que ha sacado a licitación por 13 millones de euros y con 3 años de plazo para acabarlas. La adjudicación no se hará hasta mediados de octubre, pero la orden para desalojar el edificio antes de febrero ya llegó a la calle Vargas el pasado junio.

Aunque solo quedan tres meses para que empiecen los trabajos de reforma, aún no está cerrado dónde se reubicará el medio millar de funcionarios, aunque desde Delegación de Gobierno ya están preparando alternativas para los que dependen de ellos. Así, se harán unas obras en la planta baja de la sede de Calvo Sotelo para que la Oficina de Extranjería esté a pie de calle. Además, se reformará la segunda planta de Correos para albergar a los empleados de Trabajo y Fomento. También a los de Demarcación de Carreteras, que aunque no dependen de ellos, ya han solicitado permiso al Ministerio de Transportes para hacerlo. Aún están buscando ubicación los responsables del Instituto Geográfico Nacional y su Casa de Mapas, la SEPE, Costas, Inspección de Trabajo y Fogasa.

Lo que quedó descartado tras un estudio encargado por el Ministerio de Política Territorial es reubicar estos departamentos en la vivienda ubicada en Delegación para uso voluntario del delegado.

La mitad de los empleados públicos que tendrán que mudarse corresponden a la Consejería de Educación de Cantabria, obligada a cambiar de sede por estas obras. El Consejo de Gobierno de Buruaga aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su reubicación, pero una de las alternativas que se manejan es el edificio de Fraile y Blanco ubicado en el Río de la Pila.

En cualquier caso, será una mudanza temporal, ya que el Gobierno pretende reunificar sedes y ahorrarse alquileres a medio plazo. Puede que Educación regrese a la calle Vargas después de los tres años de reforma o que sus funcionarios estrenen las dependencias del Mupac, en construcción en Puertochico, donde casi la mitad de sus 21.000 metros cuadrados se dedicarán a espacio administrativo. Allí está previsto que trabajen 275 empleados público del Gobierno, preferiblemente de la Consejería de Cultura, ahora mismo repartida en varias zonas.