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La Consejería de Economía acaparó todos los focos en los primeros instantes de la legislatura. Aunque llevaba la firma de la propia presidenta, fue la Consejería la encargada de tramitar la reforma fiscal que funcionó como carta de presentación del nuevo Gobierno. No en vano, ... María José Sáenz de Buruaga había prometido durante la campaña electoral «bajar todos los tributos que pueda y todo lo que pueda». La reforma extendió la bonificación del 100% del Impuesto de Sucesiones que se aplicaba entre cónyuges y padres e hijos a los hermanos, redujo el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tanto para bienes muebles como inmuebles, eliminó el Impuesto de Patrimonio y rebajó el tramo autonómico del IRPF a las rentas medias y bajas. El Gobierno deja de ingresar en torno a 90 millones por esos tributos, pero entiende que se compensará por la actividad económica generada.
Economía también sacó adelante el primer presupuesto de la legislatura, que ascendió a 3.504 millones, gracias a su acuerdo con el PRC. Además, reorganizó el sistema interno para gestionar los fondos europeos, centralizando en una oficina lo que antes hacía cada consejería de forma independiente. Lo que no se ha ejecutado en este primer año de legislatura ha sido la anunciada fusión de empresas públicas con la misma actividad «para hacerlas más operativas, eficientes y sostenibles». Una situación que, según la propia Buruaga, provoca 42 millones de euros de pérdidas anuales. De momento, Cantabria sigue soportando esa sangría porque el organigrama de empresas del Gobierno no ha cambiado.
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