La reforma legal para suprimir los registros civiles inicia su cuenta atrás

La consecuencia de este rechazo generalizado ha sido un aplazamiento del cambio de modelo registral, que prevé la supresión de las oficinas del registro y su sustitución por un registro electrónico y telemático, además de la desjudicialización del organismo -actualmente al frente de cada oficina hay un juez-. Sin embargo, la última moratoria expira el próximo 30 de junio, de manera que si para esa fecha el Gobierno de Mariano Rajoy no ha aprobado una nueva prórroga o introducido modificaciones sustanciales a una ley que nadie quiere, el 1 de julio entrará en vigor una reforma de «graves consecuencias» para el personal de la Administración de Justicia y la ciudadanía.

En Cantabria, está en juego el puesto de trabajo de los 68 empleados que mantienen activas el casi centenar de oficinas del Registro Civil, prácticamente una en cada municipio, porque la nueva normativa sólo contempla la existencia de un único registro en cada comunidad autónoma, en el caso de Cantabria radicado en Santander, y en las ciudades con más de 500.000 habitantes. Pero, además, los Juzgados de Paz perderán las competencias delegadas en materia registral, lo que les condena prácticamente a su desaparición. «Los Juzgados de Paz están heridos de muerte porque la mayor parte de su trabajo está vinculado al Registro Civil», señala Borja Bats, responsable de Justicia de Comisiones Obreras.

La reforma no sólo incidirá en la pérdida de empleo sino que «serán los ciudadanos los que sufrirán las consecuencias, ya que dejará de ser un servicio público cercano y accesible», se queja Javier Jordán, dirigente de CSIF, sindicato mayoritario en el sector. En la región hay una oficina del Registro Civil en cada uno de los ocho partidos judiciales y en los 24 Juzgados de Paz y Agrupaciones existentes. Además, en 90 ayuntamientos existe un departamento para la tramitación de este tipo de gestión. La centralización del servicio en una única oficina, situada en Santander, obligará a 411.000 vecinos de la región a desplazarse a la capital para efectuar cualquier diligencia relacionada con la actividad registral (inscripciones de nacimientos, defunciones y matrimonios, etc), lo que tendrá un alto coste social para los usuarios en términos de la cercanía del servicio.

Contra esta normativa se ha alzado el Gobierno regional y los sindicatos, que ven con preocupación el futuro del Registro Civil y confían en una nueva 'vacatio legis' para definir el modelo y evitar que entre en vigor una ley que «carece de presupuestos, de medios personales (personal formado y con experiencia) y materiales (programa informático) suficientes», según denuncia CSIF.

«Ya dijimos en su día que no estábamos de acuerdo con que se supriman los registros civiles y seguimos en la misma opinión. Esperamos que el Ministerio de Justicia reflexione y se produzca otra nueva prórroga. Es el Gobierno quien tiene que dar una solución, pero en estos momentos esto parece un queso gruyere, con problemas por todos los lados, lo que nos condiciona a todas las comunidades autónomas de manera muy perjudicial», denuncia el consejero de Justicia, Rafael de la Sierra.

El pasado mes de febrero la oposición rechazó en el Congreso de los Diputados la propuesta del Grupo Popular con la que el Gobierno español pretendía modificar la reforma del Registro Civil pendiente desde 2011. La proposición de ley del PP había introducido dos de las principales reivindicaciones sindicales: el mantenimiento del Registro Civil en el ámbito de la Administración de Justicia y de todas las oficinas actuales de los partidos judiciales y Juzgados de Paz. Pero el PSOE votó en contra, porque ve la reforma como algo propio porque procede del Gobierno de Zapatero, y Ciudadanos se abstuvo, de manera que no pudo ser tramitada. Unidos Podemos, que también votó en contra, había trasladado al Congreso su propia iniciativa, y en este momento «es la única vía que existe para intentar modificar la Ley de 2011 antes del 30 de junio, si no se quiere una nueva prórroga que evite el cierre de las oficinas del Registro Civil», subraya Jordá.

El problema es que en su iniciativa Podemos ha reclamado que se recuperen para el Registro Civil todas las competencias privatizadas, como la solicitud de nacionalidad por residencia y la tramitación en exclusiva de los expedientes previos al matrimonio civil, lo que permitiría asegurar el futuro de todas las sedes actuales del Registro Civil. Estos dos aspectos son «el gran caballo de batalla a la hora de apoyar la propuesta porque hay mucho dinero en juego», subraya Jordá.

Este último traspiés en la reforma del Registro Civil supone, sin embargo, un nuevo retraso en la modernización y digitalización del anticuado sistema de libros del Registro Civil. Actualmente el usuario tiene que acudir al Registro Civil para inscribir oficialmente acontecimientos vitales como nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales. Con el nuevo sistema, podrá solicitar por medios electrónicos desde su casa o en cualquiera de las oficinas la información que obra en el registro. También se podrá proceder a la inscripción telemática, con independencia del lugar donde se produzca el hecho inscribible.

Con el nuevo modelo, cada persona tendrá un registro individual en el que se anotarán todos los actos relativos a su vida civil, mientras que actualmente, cada inscripción obra en un tomo distinto. Además el Registro Civil será único para todo el Estado español y tendrá una oficina central. De este modo, el Registro Civil se configura como una base de datos única.

La nueva Ley suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en secciones (nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas, etc) y crea un registro individual para cada persona, y los libros físicos desaparecen y son sustituidos por una base de datos electrónica común. También se suprime el Libre de Familia. Pero «el problema es que quedan cuatro meses para que entre en vigor la nueva ley y no hay un sistema informático que dé soporte al nuevo modelo registral», mantiene el dirigente de CSIF, lo que haría imposible su puesta en marcha el próximo 1 de julio.