La reforma de la Ley de Memoria, la otra norma que Madrid mira con lupa

El Ejecutivo central ya ha anunciado que elevará al Tribunal Constitucional las leyes autonómicas que derogan la regulación de la Memoria Democrática y que se han impulsado en Aragón –esta es por ahora la única que ya está aprobada–, la Comunidad Valenciana y, más recientemente, Castilla y León. «Este es un Ministerio de acuerdos, pero también es cierto que hay mecanismos que están ya arbitrados y que, si no llegamos a un entendimiento, acudiremos al Tribunal Constitucional para garantizar el cumplimiento de la ley», indicó a principios de mes el titular del departamento, Ángel Víctor Torres. En todos estos territorios, como señaló el ministro, el PP gobierna con Vox.

El ministro no citó el caso cántabro porque el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga aún no ha iniciado el proceso de derogación. Por ahora, se ha limitado a aprobar en el Parlamento autonómico a instancias de Vox una proposición no de ley que insta a la modificación de la norma en el mismo sentido que figuraba en el programa electoral con la que los populares ganaron las elecciones el pasado 28 de mayo.

Se supone que se hará, pero no hay fecha. De hecho, la pasada semana, Buruaga anunció que aún no tiene ningún proyecto de ley sobre la mesa y «lo único que hay» es esa propuesta de resolución aprobada por la mayoría de la Cámara con el rechazo de PRC y PSOE. La presidenta precisó que, en estos momentos, el Ejecutivo todavía está analizando jurídicamente «el alcance de la derogación» y buscando cuál es la mejor fórmula para garantizar el mantenimiento del aspecto que se quiere preservar:las exhumaciones de represaliados para que las familias puedan recuperar sus restos.

Aunque parece que ese aspecto no corre peligro en Cantabria, el ministro Torres aclaró que «tanto en Aragón, como en cualquier rincón de España, el Gobierno aplicará la Ley estatal» para que no quede ninguna fosa sin exhumar.