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En Haití, la ayuda humanitaria se cobraba favores sexuales. Lo peor no ha sido el horror moral de la noticia, sino que tras ella otros casos han asomado para llevar ese horror a otras ONG o a otros países como Siria, donde las mujeres cambiaban su cuerpo por pan. El impacto a nivel nacional ha sido inmediato: Intermón Oxfam ha perdido 1.200 socios desde febrero, pero las consecuencias del escándalo aún están por contar, ya que la principal víctima es la propia cooperación, su legitimidad. «Las organizaciones de desarrollo, pese a nuestra voluntad transformadora, somos parte de sociedades con rasgos patriarcales y en las que el machismo continúa permeando comportamientos y actitudes. Llevamos años trabajando contra esto, pero aún nos queda mucho por hacer». Cristina Bandrés, presidenta de la Coordinadora cántabra de ONGD, reconoce no tener «ninguna cifra» para evaluar el daño en la región, en parte porque no tienen recursos humanos «para hacer un trabajo de investigación y mantener un registro actualizado con estos datos».
La razón, explica, es que desde 2013 hasta junio de 2016 «no se ha dispuesto de personal técnico contratado, al perderse la subvención nominativa que recibíamos del Gobierno de Cantabria, y cuando se ha recuperado la secretaría técnica, ha sido con una media jornada». Estas son las condiciones en las que ahora mismo se bate contra la pobreza el sector solidario de la región, una precariedad -ya de por sí delicada- que arrastra su salud y su capacidad, por tanto, de intervenir.
Por el momento, «ningún miembro de la coordinadora nos ha reportado que las noticias publicadas sobre el escándalo sexual de Oxfam Gran Bretaña y sus ramificaciones en otras organizaciones haya repercutido negativamente ni en sus socios, ni en sus voluntarios ni en su credibilidad», pero ni los escándalos ni la supuesta recuperación económica puede con las cifras que lastran el despegue la cooperación en Cantabria. Desde 2012, cuando no se ejecutó el presupuesto a convocatorias, el sector atravesó «cuatro años de travesía del desierto, sobreviviendo con sus socios y voluntarios. Las más pequeñas son las que más lo han notado», explica Bandrés. El resultado más tangible es que diez organizaciones que subsistían bajo el paraguas de la Coordinadora ya no están: hoy en día suman 33 miembros. Según el registro de la Dirección General de Cooperación, en la actualidad hay 93 organizaciones operando en la región. Para todas ellas, la financiación pública es la clave de su sustento (para proyectos suponen como máximo el 80% de la financión), pero saben que para llegar a niveles de 2009 «aún falta mucho». Ese año se presupuestó la cifra récord de seis millones y medio de euros con Alberto García Cerviño (bipartito PRC-PSOE) al frente. Después, la inversión solidaria ha ido en caída libre, primero en manos del Partido Popular, al que le tocó lidiar con los recortes más drásticos, con Marta Guijarro al frente, hasta el actual Gobierno bipartito, que ha retomado los capítulos antes cercenados con una inyección que si bien supone «la mayor subida en doce años», queda aún muy lejos de los niveles que la cooperación al desarrollo registró en Cantabria antes de la crisis.
«Hacer cooperación es uno de nuestros ejes de actuación, y constituye también un fiel reflejo del carácter solidario que siempre ha demostrado la ciudadanía de esta región», dice Jorge Gutiérrez, actual director general del área. Estas palabras se traducen en 2.378.474 millones de euros, ¿pero qué hay detrás de esta cifra? Sencillamente la idea de cambio. «La Cooperación al Desarrollo es el área que recibe mayor impulso en los presupuestos de 2018, y en concreto los proyectos de cooperación alcanzarán este año 1.855.000 euros, lo que supone un incremento del 161,27%, el mayor en los últimos doce años», dice el director general. A pesar de este impulso, Cantabria sigue a la cola del país en inversión de ayuda oficial al desarrollo, muy lejos de la atalaya de 2009, con 5,9 millones de euros, el 0,23 % del presupuesto de la región, a pesar de que las cifras en torno a las convocatorias no hayan dejado de subir. Las últimas, el pasado mes de febrero, cuando el Gobierno publicó subvenciones por valor de 1.755.000 euros. ¿Su destino? Financiar proyectos solidarios, dentro y fuera de nuestras fronteras, «como una prueba clara del compromiso solidario de Cantabria», explica Gutiérrez. Por el momento, en las convocatorias y en la Ley de Cooperación de Cantabria, se priorizan las intervenciones en Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Bolivia, Colombia, Perú, República Dominicana, Cuba, Haití, África Subsahariana, Población Saharaui y Territorios Palestinos.
Mientras ninguna región del país alcanza el objetivo de destinar el 0,7% de su presupuesto a cooperación al desarrollo (la cifra más alta de Cantabria fue de 0,23% en 2009), uno de los retos al que se enfrenta la cooperación es la aprobación de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, «que supone un salto cualitativo por considerar que los objetivos de desarrollo afectan a todas las personas en el marco de una Ciudadanía Global». Lo mismo desde la Coordinadora, cuyo trabajo se centra también «en difundir la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible».
Entre tanto, el recuento de socios parece no advertir de un cambio en la fe en estas instituciones tras casos «aislados» de abusos sexuales: «Constituyen un porcentaje muy bajo, por lo que sería injusto juzgar a la cooperación internacional o una ONG por la actuación de unas pocas personas», dice Cristina Bandrés. «Aún no se puede valorar de manera precisa la repercusión que han tenido o están teniendo los últimos problemas conocidos en algunas ONG», explica Jorge Gutiérrez, para quien «la transparencia y el rigor en el gasto son los principios básicos que queremos fomentar ya que son los mejores instrumentos para evitar este tipo de situaciones que a nadie benefician».
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