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Cantabria es la comunidad autónoma española que menos tiempo emplea en reconocer el grado de dependencia que tiene una persona y aprobar su Plan Individual de Atención. Culmina este proceso en 141 días -un 40% menos que el año pasado-, muy por debajo de ... la media nacional, que está situada en 439. Además, es una de las tres únicas regiones españolas que se ajustan al plazo que marca la ley: 180 días.
Por esta razón, por encabezar la respuesta a la dependencia, se congratuló este viernes la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, en un encuentro concertado con la prensa para hacer balance del impacto de una ley de la que se cumplen 15 años y que, durante estos tres lustros, ha beneficiado a alrededor de 50.000 cántabros.
Un balance «agridulce», dijo, porque si bien la Ley de Dependencia «ha supuesto una notable mejora en la calidad de vida de miles de personas en la región», la financiación de este sistema «sigue siendo en la actualidad la gran asignatura pendiente», reconoció la consejera Álvarez, que admitió que, de no haber mediado recortes en dependencia, «los beneficiarios podrían haber sido muchos más».
Pese a todo, «no podemos desprestigiar ni dejar de reconocer el enorme logro social que ha supuesto a lo largo de estos últimos 15 años» una ley sobre la que también hizo balance en términos numéricos.
Según precisó la responsable de Empleo y Políticas Sociales, entre el 3 de mayo del año 2007, fecha en la que se efectuó la primera solicitud de valoración de dependencia en Cantabria, y el 1 de diciembre de este año, se han abierto 69.482 expedientes y valorado como dependientes a un total de 58.849 personas. «Al 85% de ellos se les ha reconocido alguno de los tres grados de dependencia», subrayó Álvarez, que destacó el hecho de que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) haya pasado de atender a 1.255 personas en 2007 a las 17.239 a las que asiste hoy. «El número de beneficiarios del sistema de dependencia ha crecido un 1.270%» con el consiguiente esfuerzo presupuestario que ello ha supuesto. «Hemos pasado de 72 a 148 millones de euros», concretó.
De entre un abrumador cuaderno de datos, la consejera extrajo también aquellos que sirven para conocer cuál es el momento actual de la dependencia en Cantabria, donde, hoy, 17.238 personas se benefician de algún servicio o prestación.
La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, aprovechó su comparecencia ante los medios para anunciar que el Icass comenzará a ofertar a partir de enero la prestación económica vinculada al servicio.
Según explicó, se trata de una aportación económica destinada a sufragar una plaza residencial privada a aquellas personas que así lo solicitasen y se encuentren actualmente en lista de espera. La cuantía de la ayuda puede alcanzar hasta un máximo de 715 euros, y el importe de la misma se calcula en función del grado de dependencia y de la renta de cada persona.
Lo mejor es que «Cantabria es, con Cataluña, la comunidad autónoma con mayor proporción de personas dependientes con plaza concertada en residencia». Una por cada cinco dependientes, es decir, casi el doble que la media nacional.
Y lo peor es que «las estadísticas oficiales colocan a Cantabria por debajo de la media en ayuda a domicilio o teleasistencia», si bien es cierto que el Imserso no computa el dinero transferido a los ayuntamientos.
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