Los diputados 'desnudan' su cartera

El regionalista José María Mazón, consejero de Obras Públicas en varias etapas y recién estrenado en el Congreso, expone a regañadientes –«no me gusta nada hacer públicas las cuentas», dice a este periódico– unas rentas cercanas al medio millón de euros, de los que 63.036 euros corresponden a su sueldo anual como consejero de Obras Públicas y Vivienda, una cuenta corriente con 17.600 euros; y 434.000 entre acciones y un Plan de Pensiones. A esto hay que sumar los bienes patrimoniales que son cuatro pisos familiares (dos corresponden a herencias de padres y tíos), una plaza de garaje y un parque automovilístico modesto, con dos vehículos adquiridos en 2002 y 2007. «Ya toca renovar o quitar alguno», añade. ¿Deudas y obligaciones patrimoniales? Ninguna. Limpio.

«¿Ya se han publicado los datos? ¿Cuándo? ¿A quién le puede interesar? No me hace ninguna gracia», responde Mazón cuando se le pregunta por su declaración. Desde hace unos años todos aquellos miembros del Gobierno, los secretarios de Estado, secretarios generales y, en definitiva, todos los cargos públicos tienen la obligación de declarar los bienes tras jurar el cargo y también cuando cesa su actividad. «La gente cumple con sus deberes. Lo justo es saber lo que se paga de impuestos», prosigue disgustado Mazón.

El regionalista, que tiene más del doble de patrimonio que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es con diferencia el diputado cántabro con mayor fortuna. «También soy el más viejo», continúa justificándose. Mazón asegura que ha tenido una vida «normalita», austera y sin grandes lujos, pero con herencias familiares que han ido a parar directamente a su patrimonio. «Tanto las fincas como los pisos me lo han dejado mis padres, tíos y primos. Además, mi mujer también ha trabajado toda la vida», explica.

Mucho más reducido es el patrimonio del diputado del Partido Popular por Cantabria, Diego Movellán, que por no declarar no declara ni sueldo, ya que no es obligatorio para los representantes que ya estaban en activo, como es su caso. Movellán lleva dos años cobrando 51.800 euros como portavoz adjunto de Empleo en el Congreso, más 3.800 euros en dietas del Ayuntamiento de Camargo.

Movellán, que fue alcalde de Camargo durante una legislatura y repite como diputado nacional, señala que pagó impuestos por valor de 13.000 euros, que tiene ahorrado en el banco 29.857 y un Nissan Qashqai que adquirió en junio de 2017. La vivienda en la que reside es «familiar», señala.

Tampoco tiene domicilio en propiedad –vive de alquiler con un amigo– el diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, y sus rentas son similares a las del representante del PP. Gómez, que durante cuatro años ha sido portavoz de la formación naranja en el Parlamento de Cantabria, declara unos ingresos que ascienden a 52.064 euros anuales. Además, tiene ahorrados 24.894 y un Renault Megane.

El socialista Luis Santos Clemente, histórico sindicalista de UGT y policía local en el Ayuntamiento de Santander, declara 38.364 euros anuales en concepto de nómina; una vivienda con garaje en Santander adquirida en el año 89; cerca de 13.400 euros entre la cuenta corriente; un depósito de ahorro de 6.000 euros; dos vehículos –un Renault Scenic comprado en 2004 y una motocicleta Kymco adquirida el año pasado–, y 500 euros en microcréditos del PSOE. Clemente es el único diputado cántabro adeudado, aunque por poco tiempo. Le quedan de pagar 279 euros de hipoteca y 481 de un préstamo concedido en 2017.

Por su parte, María Jesús Calva, quien fuera alcaldesa de Camargo entre 2004 y 2007, una persona muy alejada de la primera línea política en los últimos años y que recuperó la primera plana el pasado marzo, pasando a ser la número 2 al Congreso, es la única mujer diputada por Cantabria y también la de menor renta, con un sueldo por «rendimientos del trabajo del Gobierno de Cantabria», tal y como escribe en su declaración, que asciende a 39.416 euros, y 132 euros de un plan de pensiones. En propiedad tiene un piso con garaje de pleno dominio y un Honda Civic que compró en el año 2007.